Grandes proyectos hidráulicos que tienen como objetivo capturar y controlar los flujos de agua están ingresando cada vez más a los territorios de las comunidades andinas. Esta es una historia de pastores de la región de Huancavelica, Perú, que se levantaron en defensa de sus humedales locales, pastos y fuentes de agua. Después de más de una década de protestas, construcción de alianzas y negociaciones, han logrado consolidarse como el actor decisivo en la gobernanza interregional del agua.
La meseta de Castrovirreyna está localizada en un contexto de puna, lagos, humedales y pastizales en la región Huancavelica y comprende las cabeceras de media docena de cuencas. El lago Chocloccocha es el más grande y emblemático, está a 4 500 metros sobre el nivel del mar y es la fuente del río Pampas.
Durante siglos los pastores seminómades han utilizado la meseta para el pastoreo de camélidos y ovinos. Actualmente 1 500 familias habitan el área que alberga una población pecuaria de más de 200 000 cabezas, conformada por alpacas, llamas y ovejas. Los bofedales o humedales de altura son cruciales para el pastoreo de las alpacas, particularmente en la estación seca, de mayo a noviembre.
Fuente de conflicto: prejuicios sobre los bofedales
Los bofedales son humedales de altura con contenido de turba saturada de agua y vegetación. Estos ecosistemas frágiles son sensibles a las variaciones en la calidad y cantidad de agua que viene con los cambios climáticos, la intervención humana (como la minería) o la composición del rebaño. Existen dos prejuicios sobre los ambientes de bofedales. Primero, el prejuicio económico, que considera que estos humedales son eriales no aptos para la agricultura y, por lo tanto, son vistos como un obstáculo al progreso, así que se propone que es mejor secarlos o degradarlos para instalar otras actividades económicas como la irrigación comercial. Segundo, el prejuicio conservacionista, según el cual los humedales son paisajes naturales y originarios, donde la actividad humana es descrita como una amenaza externa.
Estos conceptos erróneos pasan por alto que muchos bofedales han sido provocados por el hombre y mantenidos cuidadosamente por las comunidades de pastores en todos los Andes. Como sistemas locales de propiedad común, los bofedales de la comunidad son vitales para la subsistencia de los pastores y la prosperidad económica. Pero también son de trascendencia regional (cuenca) y universal (clima) debido a su capacidad para capturar y almacenar lluvias, deshielos de los glaciares y carbono.
En los años 1950 se construyó una represa para elevar el nivel del agua del lago Chocloccocha y desviar 150 millones de m3 de agua de la cuenca del Pampas a la cuenca adyacente del Tambo-Ica con propósitos de riego comercial en la región Ica.
La infraestructura sumergió al pueblo de Choclococha e interfirió con los desplazamientos habituales de los rebaños. El canal de desviación no resultó ser solo una barrera para el movimiento del rebaño, también impidió la escorrentía hacia los bofedales. El canal ha degradado el ambiente, causado decenas de muertes de personas y cientos de muertes de animales. Nunca se proporcionó indemnización alguna.
En 1990 el gobierno peruano creó el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), un proyecto del Instituto Nacional de Desarrollo, con el mandato de rehabilitar las obras hidráulicas en la cuenca del Pampas y estudiar nuevas alternativas para transferir agua a la cuenca Tambo-Ica. La violencia política limitó el accionar durante una década y, en 2003, la responsabilidad administrativa del PETACC fue transferida a Ica, sede del sector agroexportador más grande del país. La perspectiva de nuevas transferencias de agua tenía preocupados a los pastores. Ocurrieron varios altercados con los ingenieros del PETACC, que acusaron de terrorismo a los dirigentes de los pastores.
En julio de 2006, el gobierno peruano emitió un decreto para captar 50 millones de m3 de agua adicionales de territorios comunales de Huancavelica y destinarlos a Ica a través de un canal específico, denominado Dren Interceptor de Ingahuasi. Este canal de 73 km debería capturar todos los manantiales, arroyos y filtraciones del valle de Ccarhancho, para transportar esa agua al Lago Choclococha, donde la represa existente tendría que ser elevada. Esto destruiría cientos de hectáreas de humedales comunales, en una clara manifestación de que sigue sin tomarse en cuenta que las comunidades de Huancavelica dependen de esta tierra y agua.
Acción comunal
El decreto y el dren interceptor indignaron a la sociedad civil e instituciones públicas de Huancavelica y, sobre todo, a las comunidades directamente afectadas: Ccarhuancho, Chocloccocha, Santa Inés y Pilpichaca. Las comunidades tomaron medidas para defender sus humedales, demandar participación en las decisiones sobre obras hidráulicas dentro de sus territorios y exigir una indemnización por daños y perjuicios pasados.
Los pastores de Ccarhuancho organizaron una reunión pública en septiembre de 2006 que marcó el inicio de una década de conflicto interregional. Unas 500 personas de cuatro comunidades estuvieron presentes, así como una considerable delegación del Gobierno Regional de Huancavelica y ONG nacionales e internacionales. Muchos de los participantes en la reunión estaban afiliados a la Mesa Técnica de Gestión del Agua de Huancavelica (MEGAH), una plataforma de actores creada unos meses antes para proteger los derechos de los usuarios de agua de Huancavelica.
MEGAH fue una iniciativa de profesionales huancavelicanos creada como respuesta al surgimiento de nuevas amenazas a los derechos de agua de la comunidad local. Incluye representantes de las áreas de agricultura, salud, y medio ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica, así como representantes de organismos del gobierno nacional, ONG nacionales y organizaciones internacionales de desarrollo. La defensa de los humedales de las comunidades se convirtió en el caso emblemático de la MEGAH. Los dirigentes de Ccarhuancho encabezaron la movilización de las comunidades e insistieron en ser miembros plenos de la plataforma de partes interesadas.
Una victoria moral
Un mes después de la reunión de Ccarhuancho, MEGAH organizó un foro sobre agua para analizar el conflicto. Participaron en el evento expertos en agua y se invitó también a activistas en derechos humanos, los que se convirtieron en aliados estratégicos de las comunidades. Después de un año de acercamientos a los gobiernos regionales de Huancavelica e Ica, así como a los ministerios nacionales, y después de muchas negociaciones y protestas sociales dirigidas hacia Ica, PETACC y al presidente regional de Huancavelica, las comunidades presentaron su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Contaron con el apoyo legal, logístico y financiero de ONG y redes globales de justicia hídrica, pero el desarrollo del caso, la investigación histórica y la actividad para conseguir fondos de respaldo de emergencia fueron conducidos por la comunidad de Ccarhuancho y sus dirigentes.
En octubre del 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua falló a favor de los derechos de agua de las comunidades: PETACC tuvo que parar el dren de Ingahuasi en espera de una evaluación de impacto ambiental y de compensación por daños y perjuicios. Por otra parte, las leyes que otorgaron al gobierno regional de Ica el control del PETACC y de la reserva de agua tuvieron que ser revisadas.
A pesar de su carácter ético y de que su veredicto no es vinculante, el Tribunal consolidó la posición de las comunidades a ojos de aliados y adversarios, lo cual fue considerado una gran victoria moral. Siguió un período de diálogo entre las comunidades, PETACC y otras partes interesadas. Representantes de agencias de los gobiernos de Ica y Huancavelica, ONG y las asociaciones de usuarios de agua de Ica participaron en la mesa.
El principal punto de agenda fue el de un programa de indemnización por los daños causados por la represa y el canal. Los actores relevantes de Ica intentaron negociar paralelamente el dren interceptor de Ingahuasi al mismo tiempo, pero las comunidades exigieron poner en primer lugar el tema del programa de indemnización. Siempre hubo un problema de confianza entre las diferentes partes, pero la comunicación constructiva y la participación de las comunidades fueron positivas. Lo importante es que las comunidades fueron capaces de reiterar sus demandas: seguridad hídrica y un rol activo en la toma de decisiones relacionadas con el agua.
Desafíos continuos
El proceso tuvo un desarrollo lleno de fricciones. MEGAH comenzó a perder influencia cuando empezó una nueva administración regional y surgió en el 2009 una nueva plataforma de partes interesadas, el Grupo Técnico Regional del Agua de Huancavelica (GTRAH). Una evaluación de impacto ambiental del dren interceptor de Ingahuasi fue rechazada, porque ni el gobierno de Huancavelica ni las comunidades habían sido consultadas y no se había aprobado o aplicado un programa de indemnización. Además, no se habían abordado los temas fundamentales del involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones y sus derechos al agua.
En 2011 el conflicto en marcha condujo a la pérdida de un préstamo del Banco Mundial de ocho millones de dólares. El préstamo era parte de un proyecto de modernización para analizar, administrar y mejorar la gestión del agua en la cuenca del Tambo-Ica y el área de transferencia intercuencas de
agua de las cabeceras del Pampas.
El recientemente electo presidente regional de Huancavelica se negó a aprobar el préstamo sin la aprobación de la comunidad. Y las comunidades insistieron en que sin la especificación de cómo se asignaría este dinero, era seguro que serían impactadas de manera negativa. Sin embargo, el sector de riego de Ica fue incorporado en el proyecto de modernización, aunque oficialmente solo para centrarse en la cuenca del Tambo-Ica. El futuro de la gestión del agua en la cabecera del Pampas es aún incierto.
Hacia la justicia hídrica
2015 marcó el inicio de nuevas administraciones regionales. De manera similar a las anteriores promesas electorales, el nuevo gobernador de Ica anunció que iba a hacer el dren interceptor de Ingahuasi y otra vez el gobernador de Huancavelica se sintió tentado a negociar un acuerdo. Una vez más, las comunidades están respondiendo. Mientras se mantenga la propuesta para que toda el agua de la cabecera del Pampas sea destinada a Ica, y ni una sola gota o dólar de inversión útil sea asignada a los pastores locales, las comunidades seguirán luchando.
La participación activa y constante de Ccarhuancho y las comunidades en el conflicto ha demostrado ser un factor crucial de éxito. Mientras que los políticos regionales, funcionarios públicos y jefes de personal del PETACC cambian a un ritmo rápido, los dirigentes de la comunidad sobresalen como los verdaderos expertos en el conflicto. Por otra parte, los alcaldes se sienten limitados por los vínculos con el gobierno y los líderes de la comunidad poseen un espacio mayor de maniobra.
En marzo de 2015 las comunidades de Ccarhuancho, Choclococha, Pilpichaca y Santa Inés negaron al PETACC el acceso a su territorio para realizar el mantenimiento. Además, los dirigentes comunales notificaron a las autoridades de ambas regiones que la agitación social era inminente. Con la situación de escalada en otras comunidades aguas abajo, los dirigentes comunitarios y políticos regionales han sido llamados a la oficina del Primer Ministro para resolver el asunto de una vez por todas. Versiones recibidas desde el interior de todas las áreas del gobierno, inclusive de Ica, sugieren que el dren interceptor de Ingahuasi tendrá que ser cancelado para siempre.
Silvano Guerrero
Miembro de la comunidad de Ccarhuancho. Desde 2015 ha venido trabajando con CEPES en aspectos sociales de manejo de cuencas en las cuencas de Tambo-Ica, Pampas y Cachi.
silvano.querrero.guispe@gmail.com
Andrés Verzijl
Candidato al doctorado en el Grupo de Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Wageningen. Trabaja con la comunidad de Ccarhuancho y la lucha del agua en las cabeceras del Pampas.
andres.verzijl@gmail.com
Fuente Original: Revista Leisa
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