Añadir leyendaTrasvase Proyecto Especial Tambo Ccaracocha que conecta el agua de Huancavelica con Ica. Fuente: ObservatorioClimático.org

Tuvimos que esperar hasta finales del 2016 para que 17 regiones del territorio nacional sean declaradas en emergencia hídrica y así empezar a creerle al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático que, en el 2014, señaló que el Perú era uno de los 12 países que ya sufren los golpes del estrés hídrico por el cambio climático. Sin embargo, para algunas regiones, como Ica, este problema tiene ya muchos años.

A pesar de encontrarse en una zona desértica, Ica cuenta con una importante reserva de agua: el acuífero de Ica-Villacurí. Este permitió que, por ejemplo, entre 1991 y el 2011 la región expanda 25 veces sus plantaciones de espárragos –uno de los cultivos con mayor demanda hídrica–. No obstante, la sobreexplotación formal e informal del recurso para la agricultura en general llevó a que esta región sea declarada en emergencia hídrica desde el 2011, lo que ha derivado desde entonces en propuestas de proyectos hídricos de hasta US$1.000 millones para intentar solucionar el tema.

Luego de dos años de intensas discusiones entre los gobiernos de Ica y Huancavelica y el Gobierno Central, durante el III GORE Ejecutivo se anunció que estas regiones llegaron un acuerdo respecto a un conflicto de más de 70 años por el manejo del agua. A cambio de un canon hídrico, Huancavelica cederá, por medio de trasvases, suficiente agua como para mantener viva la agricultura en Ica.

Luego de cerrado el acuerdo, llamó la atención la manera como fue resaltada la noticia. Incluso el presidente Pedro Pablo Kuczynski escribió en Twitter: “La falta del agua en Ica tendrá solución. Huancavelica proveerá este recurso al pueblo iqueño”. Pero el agua tampoco sobra en Huancavelica. La región sufre de sequías durante la época de estiaje y, de hecho, desde agosto del 2016 sus autoridades vienen pidiendo que sea declarada en emergencia hídrica.

En la gran mayoría de casos, optar por construir trasvases es sinónimo de sobrecostos y de conflictos sociales, ambientales y económicos. Cuando nos referimos a trasvases de agua podemos encontrar ejemplos de todo tipo.

En España, el trasvase Tajo-Segura, con muchos conflictos sociales y políticos, aporta aproximadamente 2.400 millones de euros al PBI de ese país y más de 100.000 empleos. En Lesoto, por temas de corrupción, el costo del trasvase que cede agua a Sudáfrica se cuadruplicó y llegó a US$8.000 millones. Actualmente ha cedido tanta agua que el país está importando alimentos que ya no puede cultivar. Y en Australia, el río Snowy cedió tanta agua que el caudal bajó en 90%, lo que ha llevado a una severa crisis económica en las comunidades cercanas a la cuenca, pero también a un importante desarrollo de la agricultura y el turismo para las comunidades de la cuenca receptora.

Los trasvases deben ser tomados como la alternativa final para solucionar sequías. Si no hay un cambio en los patrones de consumo (industriales y domésticos), la nueva fuente de agua tampoco será suficiente. Huancavelica viene cediendo agua a Ica desde 1945, cuando se construyó el trasvase de la laguna Choclococha hasta el río Ica. Pero ya no basta. Ahora, cuando la ANA ha declarado que de continuar esta gestión del agua, en diez años, más del 75% de áreas de cultivo en Ica se verían en peligro, el gobierno quiere invertir S/630 millones en otro respirador artificial.

Si es la gestión del agua en Ica lo que ha derivado en una grave sequía, ¿por qué no replantear la forma como se viene utilizando el agua en lugar de invertir millones en proyectos que van a permitir seguir funcionando de la misma manera? Destinar más dinero debe dejar de ser la única solución para resolver errores.


FUENTE: https://danielmacera.lamula.pe/2017/03/24/ica-y-huancavelica-conflicto-hidrico-de-70-anos-busca-ser-resuelto-con-polemicos-proyectos-de-trasvases-de-agua/danielmacera/

Informe realizado por: Jhovana Alca

El concepto de gestión social del agua se puede enunciar como “una construcción social e histórica, que obedece a reglas y normas antiguas, nunca definitivas, que evolucionan en el marco de relaciones sociales de producción”. ¿Es así como funcionan nuestras infraestructuras e instalaciones hidráulicas, en el marco de nuestras dinámicas históricas? Analizarlo resulta imprescindible para comprender mejor los sistemas complejos de gestión del agua, así como sus perspectivas de adecuación y transformación a futuro.

Para abordar concretamente el estudio de la cuenca del río Cachi con enfoque de gestión social, se buscó identificar “el conjunto de las relaciones y reglas contractuales establecidas históricamente en los territorios de la cuenca”. Se consideró las condiciones de reparto del agua, la operación de las infraestructuras (captación, almacenamiento, distribución) y las modalidades de gestión colectiva de los sistemas, que implican la movilización de recursos y saberes, así como el reparto de tareas y responsabilidades compartidas entre los actores.


La cuenca


La cuenca del río Cachi es una unidad hidrográfica de nivel seis, delimitada oficialmente por la Autoridad Nacional del Agua. Es un espacio que se ubica entre los territorios de Ayacucho y Huancavelica (tiene influencia en los territorios de seis provincias), pero solo 15 de 28 distritos se encuentran completamente en los límites de la unidad hidrográfica, situación que conlleva a una prioridad diferenciada de parte de las municipalidades y regiones, en cuanto a la gestión de este espacio geográfico.

En este sentido, son muchos los actores e intereses puestos en la gestión de los territorios que conforman la unidad hidrográfica del río Cachi. La dinámica demográfica es, sin embargo, diferenciada, desde zonas de crecimiento continuo y vigoroso (la zona urbana/urbanizada de Huamanga) a ámbitos predominantemente rurales. En este sector, la comunidad campesina es la organización social y de gestión territorial por excelencia, porque existen más de 200 comunidades y más de 25 mil familias en la cuenca.

Esta también alberga al sistema de riego más grande de la región y de mayor importancia de la sierra peruana: El sistema hidráulico Cachi (SHC). Son más de 200 km de canales, una represa de 80 millones de metros cúbicos y más de seis mil usuarios para una superficie regada de más de 10 mil hectáreas. Este sistema abastece de agua para consumo humano al área urbana de Huamanga, por lo que cualquier problema de mantenimiento o colapso de la infraestructura pone en riesgo la disponibilidad de agua potabilizada entre una población de 170 mil habitantes.

Hallazgos del diagnóstico

Sobre los límites claramente definidos (físicos y derechos), para establecer sin ambigüedad quiénes son los usuarios que deben contribuir a la sostenibilidad del sistema, existe una delimitación precisa, administrativa y oficial de la cuenca. Empero, no es seguro que haya un sentido claro en la población, de pertenecer al ámbito así delimitado (la cuenca). La pertenencia se encuentra más a nivel de microcuencas, tanto de la margen izquierda como derecha del río Cachi. En los pequeños sistemas de riego, generalmente comunales, los límites físicos y los derechos son generalmente bien definidos y reconocidos histórica y socialmente. Corresponden a una muy larga tradición de gestión del territorio y de sus recursos por parte de las familias y comunidades campesinas. La apreciación vale también, aunque en menor medida, para el agua de consumo humano, ya que se trata, en general, de un servicio reciente. La contribución a su sostenibilidad no aparece como evidente para muchos (entidades estatales, salud, municipalidad, etc.)

Con respecto a las ventajas proporcionales a los costos asumidos, para que cada usuario contribuya al mantenimiento y a la operación en función a sus beneficios, esta proporcionalidad se encuentra en los pequeños sistemas tradicionales de riego. El bajo costo de mantenimiento (no se cobra tarifa, o es mínima) mediante faenas es acorde a la rentabilidad de la producción en pequeñas parcelas. En los sistemas intercomunales, el alto costo de la construcción (varias decenas de millones de Soles) y la modesta rentabilidad de la actividad agrícola, en general, hacen que no se pueda calificar las inversiones de económicamente rentables. En el caso del SHC, la tarifa que se cobra no cubre los costos de mantenimiento, refacción y operación, por lo que se recurre sistemáticamente a recursos del tesoro público. La perspectiva de pago por servicios ecosistémicos es un paso interesante e importante para reconocer la contribución de las familias y comunidades de las zonas de captación (irrigación Cachi, Razuhuillca) en el cuidado, la siembra y la cosecha de agua. Las ventajas proporcionales se encuentran más en lo político o social.

Cuando se habla de procedimientos para la toma de decisiones colectivas de supervisión y vigilancia, así como de sanciones diferenciadas y graduales, se puede decir que la cohesión social es una garantía para el cumplimiento de acuerdos y la aplicación de castigos. En la cuenca del Cachi, se encuentran mayormente en las comunidades, en la gestión de pequeños sistemas (riego, agua para consumo humano, también gestión de otros recursos comunes, como los pastizales, los laymes). En sistemas de riego intercomunales, las reglas de gestión y la articulación a varios niveles (comité, comisión, junta, parte alta, media, baja) requieren tiempo para asentar/afinar “costumbres” de manejo común, para establecer reglas claras con el entorno; es decir, con las otras entidades (que no sean los usuarios directos) involucradas en la gestión del recurso: Sectores estatales, gobiernos municipales y regionales.

En la cuenca no existe conflicto que involucre a una mayoría de actores de esta zona. Los graves problemas de mantenimiento y la necesidad de refacción de la infraestructura del SHC, al no resolverse, podrían desembocar rápidamente en una situación conflictiva mayor. En este caso, organizaciones de carácter regional, como la FADA, el Frente de Defensa, se sumarían a los usuarios directos del sistema para liderar la reivindicación. Los conflictos en torno al acceso al agua a nivel comunal tienen mecanismos de resolución en el marco de la organización comunera. La ALA interviene en desacuerdos sobre derechos de uso de una fuente entre varias comunidades. Otras situaciones, como el reclamo de las comunidades de Sunilla y Unión Potrero al gobierno regional, por daños causados durante la construcción del canal, no tienen un protocolo claramente establecido para resolver la disputa.

Se constata un bajo nivel de reconocimiento formal de derechos de uso de agua, elemento clave de las organizaciones de usuarios. Sin embargo, eso no impide que estas actúen y negocien en el espacio político, social o económico. Grupos de regantes y JASS son interlocutores de las entidades estatales, municipales y regionales, en particular para exigir proyectos, apoyos y financiamientos diversos. El alto nivel de reconocimiento legal de las comunidades campesinas respalda, en todo caso, los derechos consuetudinarios al agua y otros recursos naturales en sus territorios.

Tal es, probablemente, el mayor déficit que encontramos en cuanto a condiciones para una buena gestión de los recursos naturales en la cuenca, porque el inventario de fuentes hídricas es insuficiente, así como los registros de caudales puntuales, las previsiones inexistentes (por ejemplo frente a los efectos del cambio climático). No hay balance hídrico en el SHC y tampoco encontramos informaciones para otro sistema.

Existe, pues, poca costumbre de manejo abierto de la información relacionada con la gestión del agua u otro recurso natural en la cuenca del río Cachi. Está situación va a la par de la poca transparencia y práctica de rendición de cuentas en la esfera pública en general. El manejo a menudo cerrado y excluyente de los “proyectos especiales” ha sido un antecedente nefasto en el caso del SHC.





[1] El Texto toma como referencia el “Diagnósticos sobre la gestión del agua y del ambiente en la cuenca de la microcuenca del río Cachi”, realizado en el 2015 como parte de las acciones del Proyecto Gestión Social del Agua y Ambiente.


Publicado por: Asociación SER

Escrito por: Silvano Guerrero y Andrés Verzijl.

Grandes proyectos hidráulicos que tienen como objetivo capturar y controlar los flujos de agua están ingresando cada vez más a los territorios de las comunidades andinas. Esta es una historia de pastores de la región de Huancavelica, Perú, que se levantaron en defensa de sus humedales locales, pastos y fuentes de agua. Después de más de una década de protestas, construcción de alianzas y negociaciones, han logrado consolidarse como el actor decisivo en la gobernanza interregional del agua.

La meseta de Castrovirreyna está localizada en un contexto de puna, lagos, humedales y pastizales en la región Huancavelica y comprende las cabeceras de media docena de cuencas. El lago Chocloccocha es el más grande y emblemático, está a 4 500 metros sobre el nivel del mar y es la fuente del río Pampas.

Durante siglos los pastores seminómades han utilizado la meseta para el pastoreo de camélidos y ovinos. Actualmente 1 500 familias habitan el área que alberga una población pecuaria de más de 200 000 cabezas, conformada por alpacas, llamas y ovejas. Los bofedales o humedales de altura son cruciales para el pastoreo de las alpacas, particularmente en la estación seca, de mayo a noviembre.

Fuente de conflicto: prejuicios sobre los bofedales

Los bofedales son humedales de altura con contenido de turba saturada de agua y vegetación. Estos ecosistemas frágiles son sensibles a las variaciones en la calidad y cantidad de agua que viene con los cambios climáticos, la intervención humana (como la minería) o la composición del rebaño. Existen dos prejuicios sobre los ambientes de bofedales. Primero, el prejuicio económico, que considera que estos humedales son eriales no aptos para la agricultura y, por lo tanto, son vistos como un obstáculo al progreso, así que se propone que es mejor secarlos o degradarlos para instalar otras actividades económicas como la irrigación comercial. Segundo, el prejuicio conservacionista, según el cual los humedales son paisajes naturales y originarios, donde la actividad humana es descrita como una amenaza externa.

Estos conceptos erróneos pasan por alto que muchos bofedales han sido provocados por el hombre y mantenidos cuidadosamente por las comunidades de pastores en todos los Andes. Como sistemas locales de propiedad común, los bofedales de la comunidad son vitales para la subsistencia de los pastores y la prosperidad económica. Pero también son de trascendencia regional (cuenca) y universal (clima) debido a su capacidad para capturar y almacenar lluvias, deshielos de los glaciares y carbono.

En los años 1950 se construyó una represa para elevar el nivel del agua del lago Chocloccocha y desviar 150 millones de m3 de agua de la cuenca del Pampas a la cuenca adyacente del Tambo-Ica con propósitos de riego comercial en la región Ica.

La infraestructura sumergió al pueblo de Choclococha e interfirió con los desplazamientos habituales de los rebaños. El canal de desviación no resultó ser solo una barrera para el movimiento del rebaño, también impidió la escorrentía hacia los bofedales. El canal ha degradado el ambiente, causado decenas de muertes de personas y cientos de muertes de animales. Nunca se proporcionó indemnización alguna.

En 1990 el gobierno peruano creó el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), un proyecto del Instituto Nacional de Desarrollo, con el mandato de rehabilitar las obras hidráulicas en la cuenca del Pampas y estudiar nuevas alternativas para transferir agua a la cuenca Tambo-Ica. La violencia política limitó el accionar durante una década y, en 2003, la responsabilidad administrativa del PETACC fue transferida a Ica, sede del sector agroexportador más grande del país. La perspectiva de nuevas transferencias de agua tenía preocupados a los pastores. Ocurrieron varios altercados con los ingenieros del PETACC, que acusaron de terrorismo a los dirigentes de los pastores.

En julio de 2006, el gobierno peruano emitió un decreto para captar 50 millones de m3 de agua adicionales de territorios comunales de Huancavelica y destinarlos a Ica a través de un canal específico, denominado Dren Interceptor de Ingahuasi. Este canal de 73 km debería capturar todos los manantiales, arroyos y filtraciones del valle de Ccarhancho, para transportar esa agua al Lago Choclococha, donde la represa existente tendría que ser elevada. Esto destruiría cientos de hectáreas de humedales comunales, en una clara manifestación de que sigue sin tomarse en cuenta que las comunidades de Huancavelica dependen de esta tierra y agua.

Acción comunal

El decreto y el dren interceptor indignaron a la sociedad civil e instituciones públicas de Huancavelica y, sobre todo, a las comunidades directamente afectadas: Ccarhuancho, Chocloccocha, Santa Inés y Pilpichaca. Las comunidades tomaron medidas para defender sus humedales, demandar participación en las decisiones sobre obras hidráulicas dentro de sus territorios y exigir una indemnización por daños y perjuicios pasados.

Los pastores de Ccarhuancho organizaron una reunión pública en septiembre de 2006 que marcó el inicio de una década de conflicto interregional. Unas 500 personas de cuatro comunidades estuvieron presentes, así como una considerable delegación del Gobierno Regional de Huancavelica y ONG nacionales e internacionales. Muchos de los participantes en la reunión estaban afiliados a la Mesa Técnica de Gestión del Agua de Huancavelica (MEGAH), una plataforma de actores creada unos meses antes para proteger los derechos de los usuarios de agua de Huancavelica.

MEGAH fue una iniciativa de profesionales huancavelicanos creada como respuesta al surgimiento de nuevas amenazas a los derechos de agua de la comunidad local. Incluye representantes de las áreas de agricultura, salud, y medio ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica, así como representantes de organismos del gobierno nacional, ONG nacionales y organizaciones internacionales de desarrollo. La defensa de los humedales de las comunidades se convirtió en el caso emblemático de la MEGAH. Los dirigentes de Ccarhuancho encabezaron la movilización de las comunidades e insistieron en ser miembros plenos de la plataforma de partes interesadas.

Una victoria moral

Un mes después de la reunión de Ccarhuancho, MEGAH organizó un foro sobre agua para analizar el conflicto. Participaron en el evento expertos en agua y se invitó también a activistas en derechos humanos, los que se convirtieron en aliados estratégicos de las comunidades. Después de un año de acercamientos a los gobiernos regionales de Huancavelica e Ica, así como a los ministerios nacionales, y después de muchas negociaciones y protestas sociales dirigidas hacia Ica, PETACC y al presidente regional de Huancavelica, las comunidades presentaron su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Contaron con el apoyo legal, logístico y financiero de ONG y redes globales de justicia hídrica, pero el desarrollo del caso, la investigación histórica y la actividad para conseguir fondos de respaldo de emergencia fueron conducidos por la comunidad de Ccarhuancho y sus dirigentes.

En octubre del 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua falló a favor de los derechos de agua de las comunidades: PETACC tuvo que parar el dren de Ingahuasi en espera de una evaluación de impacto ambiental y de compensación por daños y perjuicios. Por otra parte, las leyes que otorgaron al gobierno regional de Ica el control del PETACC y de la reserva de agua tuvieron que ser revisadas.

A pesar de su carácter ético y de que su veredicto no es vinculante, el Tribunal consolidó la posición de las comunidades a ojos de aliados y adversarios, lo cual fue considerado una gran victoria moral. Siguió un período de diálogo entre las comunidades, PETACC y otras partes interesadas. Representantes de agencias de los gobiernos de Ica y Huancavelica, ONG y las asociaciones de usuarios de agua de Ica participaron en la mesa.

El principal punto de agenda fue el de un programa de indemnización por los daños causados por la represa y el canal. Los actores relevantes de Ica intentaron negociar paralelamente el dren interceptor de Ingahuasi al mismo tiempo, pero las comunidades exigieron poner en primer lugar el tema del programa de indemnización. Siempre hubo un problema de confianza entre las diferentes partes, pero la comunicación constructiva y la participación de las comunidades fueron positivas. Lo importante es que las comunidades fueron capaces de reiterar sus demandas: seguridad hídrica y un rol activo en la toma de decisiones relacionadas con el agua.

Desafíos continuos

El proceso tuvo un desarrollo lleno de fricciones. MEGAH comenzó a perder influencia cuando empezó una nueva administración regional y surgió en el 2009 una nueva plataforma de partes interesadas, el Grupo Técnico Regional del Agua de Huancavelica (GTRAH). Una evaluación de impacto ambiental del dren interceptor de Ingahuasi fue rechazada, porque ni el gobierno de Huancavelica ni las comunidades habían sido consultadas y no se había aprobado o aplicado un programa de indemnización. Además, no se habían abordado los temas fundamentales del involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones y sus derechos al agua.

En 2011 el conflicto en marcha condujo a la pérdida de un préstamo del Banco Mundial de ocho millones de dólares. El préstamo era parte de un proyecto de modernización para analizar, administrar y mejorar la gestión del agua en la cuenca del Tambo-Ica y el área de transferencia intercuencas de
agua de las cabeceras del Pampas.

El recientemente electo presidente regional de Huancavelica se negó a aprobar el préstamo sin la aprobación de la comunidad. Y las comunidades insistieron en que sin la especificación de cómo se asignaría este dinero, era seguro que serían impactadas de manera negativa. Sin embargo, el sector de riego de Ica fue incorporado en el proyecto de modernización, aunque oficialmente solo para centrarse en la cuenca del Tambo-Ica. El futuro de la gestión del agua en la cabecera del Pampas es aún incierto.

Hacia la justicia hídrica

2015 marcó el inicio de nuevas administraciones regionales. De manera similar a las anteriores promesas electorales, el nuevo gobernador de Ica anunció que iba a hacer el dren interceptor de Ingahuasi y otra vez el gobernador de Huancavelica se sintió tentado a negociar un acuerdo. Una vez más, las comunidades están respondiendo. Mientras se mantenga la propuesta para que toda el agua de la cabecera del Pampas sea destinada a Ica, y ni una sola gota o dólar de inversión útil sea asignada a los pastores locales, las comunidades seguirán luchando.

La participación activa y constante de Ccarhuancho y las comunidades en el conflicto ha demostrado ser un factor crucial de éxito. Mientras que los políticos regionales, funcionarios públicos y jefes de personal del PETACC cambian a un ritmo rápido, los dirigentes de la comunidad sobresalen como los verdaderos expertos en el conflicto. Por otra parte, los alcaldes se sienten limitados por los vínculos con el gobierno y los líderes de la comunidad poseen un espacio mayor de maniobra.

En marzo de 2015 las comunidades de Ccarhuancho, Choclococha, Pilpichaca y Santa Inés negaron al PETACC el acceso a su territorio para realizar el mantenimiento. Además, los dirigentes comunales notificaron a las autoridades de ambas regiones que la agitación social era inminente. Con la situación de escalada en otras comunidades aguas abajo, los dirigentes comunitarios y políticos regionales han sido llamados a la oficina del Primer Ministro para resolver el asunto de una vez por todas. Versiones recibidas desde el interior de todas las áreas del gobierno, inclusive de Ica, sugieren que el dren interceptor de Ingahuasi tendrá que ser cancelado para siempre.




Silvano Guerrero
Miembro de la comunidad de Ccarhuancho. Desde 2015 ha venido trabajando con CEPES en aspectos sociales de manejo de cuencas en las cuencas de Tambo-Ica, Pampas y Cachi.
silvano.querrero.guispe@gmail.com

Andrés Verzijl
Candidato al doctorado en el Grupo de Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Wageningen. Trabaja con la comunidad de Ccarhuancho y la lucha del agua en las cabeceras del Pampas.
andres.verzijl@gmail.com

Fuente Original: Revista Leisa