CHIRIACO I: ANATOMÍA DE UN DERRAME

La proliferación de concesiones petroleras en la Amazonía no solo no se traduce en un aumento de la producción. La industria opera bajo estándares ambientales cuestionables: entre 2009 y 2015, dejó un rastro de 150 derrames de petróleo. Las más afectadas por este negocio, como se vio en Chiriaco y Morona, son las comunidades indígenas que viven bajo su influjo. ¿Cómo intervino el Estado en estas comunidades? Aquí un detallado balance.

Aunque intente serlo, el Perú no es precisamente un país petrolero. El pico más alto de la producción se alcanzó en los años ochenta –más o menos 200 mil barriles diarios de acuerdo a un estudio de ESAN– y a partir de ese momento el descenso se prolongó hasta llegar a los 64 mil barriles del 2012. Este descenso, sin embargo, no se corresponde con el número de concesiones otorgadas en la amazonia peruana. En los últimos 15 años, mientras la producción menguaba, las concesiones se otorgaron indiscriminadamente a la industria de hidrocarburos: pasaron de ocupar el 15% del territorio amazónico a llegar al 75%, de acuerdo a datos oficiales.

Para Alberto Ríos Villacorta, doctor en ingeniería industrial, esta disparidad entre aumento de concesiones y declive de la producción se explica porque, pese a que las condiciones del país no son las más apropiadas para la industria, el Estado la promueve para alcanzar la soberanía energética. “El país debe iniciar un proceso serio y planificado de transición hacia un modelo energético desacoplado del petróleo, ya que no es un país petrolero”, sugiere Ríos Villacorta.

“La explotación de petróleo en el Perú es un asunto de inseguridad medioambiental más que de seguridad energética. El petróleo que se descubre en la selva es de mala calidad, reducidos volúmenes y presenta elevados riesgos para la biodiversidad de la Amazonía peruana”, añade el especialista.

El atlas “Amazonía bajo presión”, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), sostiene en ese sentido que el Estado peruano no protege el territorio amazónico –único en el planeta por su inmensa biodiversidad–, sino más bien promueve que sea depredado.

Al respecto, un informe de la Defensoría del Pueblo sobre pasivos ambientales –los rastros de contaminación dejados por la actividad extractiva– señala que el sector hidrocarburos suma 72 pasivos, bastante por debajo de los que ha dejado la minería. Sin embargo, ya en el 2002 Petroperú informaba que había más de 6 mil pozos de petróleo abandonados en la selva.

Los daños ambientales más grandes de los últimos meses fueron los derrames de petróleo ocurridos en Chiriaco y Morona (Amazonas y Loreto respectivamente). Pero estos son solo la punta del iceberg de una larga lista. Gerardo Honty, analista del Centro Latinoamericano de Energía Social (CLAES), elaboró una breve cronología de derrames reportados a la prensa en los últimos 15 años y halló que hubo cuando menos 60. De acuerdo a Honti, si tomamos la referencia de las denuncias de las comunidades indígenas que no llegaron a la prensa, la cifra crece. Una muestra: solo de 2006 a mayo de 2010, las comunidades reportaron 78 derrames en los lotes 8 y 1AB administrados por Pluspetrol en Loreto. Estos datos confirman el legado de riesgo medioambiental descrito por Ríos Villacorta.

Asimismo, un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al que tuvo acceso el portal Número Zero detalla que entre 2009 y 2015 se produjeron 150 derrames. Las regiones más afectadas fueron Loreto, Amazonas y Ucayalli donde se pordujeron 73 de las emergencias. Las empresas más infractoras fueron Pluspetrol, Petrobras y CNPC Perú, que reunen un total de 105 derrames. Este informe solo consideró los casos ya resueltos y no los que están en instrucciones, por lo que es probable que la cifra sea mayor.

De las industrias extractivas, la de hidrocarburos es una de las más rentables. Tal vez esa es una posible explicación al acelerado crecimiento de las concesiones. En el 2013, el aporte de los hidrocarburos al PBI fue de S/.12.330 millones, lo que representó un incremento de 62% respecto al 2008. De acuerdo a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), las regalías del sector son diez veces mayores que las del sector minero.

Pero así como no existe correspondencia entre el auge de las concesiones y la producción petróleo, tampoco la hay entre los elevados ingresos del sector y la eficiencia ambiental con la que operan. Según Honty, los accidentes en el sector son “parte constitutiva del negocio del petróleo. Un episodio de derrame petrolero cada tres meses (solamente en un país y solamente considerando la información de la “gran prensa”) deja de ser una eventualidad”.

Clinton Jenkins, biólogo de la conservación del Instituto de Investigaciones Ecológicas, lo define con estas palabras: “Es un problema sistémico (…) Estos derrames ocurren de manera regular y las repercusiones no van a desaparecer fácilmente”.

En el caso de Petroperú estas afirmaciones son clamorosamente ciertas. En la última semana se reportó un nuevo derrame de 600 barriles en el distrito de Barranca (Loreto) del Oleoducto Norperuano, infraestructura por la que según una directiva oficial está prohibido que se continúe bombeando petróleo. El Ministerio del Ambiente ya tomó cartas en el asunto y ha anunciado que presentará una demanda ante el Ministerio Público contra la empresa estatal.


Anatomía de un derrame

Los derrames de petróleo transforman el modo de vida de las comunidades en dos niveles. La transformación más inmediata y evidente la produce la contaminación. Los recursos básicos –agua, alimento y negocio– y también sus actividades recreacionales y educativas son trastocadas: con los derrames, las comunidades ya no pueden beber agua, lavar sus ropas, regar sus plantas o vender el pescado. Su subsistencia queda relegada al aporte que los propios responsables –es decir, las empresas petroleras– les den. Al mismo también, la presencia de la industria ha transformado la economía tradicional de las comunidades indígenas.

Vale la pena volver a observar en detalle lo ocurrido en Chiriaco porque es un caso en el que convergen rasgos representativos de los derrames en tres momentos: antes, durante y después del daño. En el primer momento, se muestran los bajos niveles con que opera la industria en la Amazonía y su precaria eficiencia para actuar cuando ocurren los derrames. En el segundo, destaca el tardío y disperso performance del Estado al momento de limpiar el ecosistema y reparar a los afectados. Y en el tercero momento se muestra que, pasada la presión mediática, los compromisos estatales se olvidan.

Rodrigo Lazo es un antropólogo que estudia a las comunidades awajún del departamento de Amazonas hace más de cinco años y estuvo en Chiriaco nueve días después del derrame. De su observación, dejó una detallada cronología del antes, durante y después del derrame.

26 de enero. Petroperú publica un primer comunicado donde arroja dos datos falsos: que el derrame no había alcanzado cuerpos de agua y que ya estaba controlado. La información fue recogida y difundida por RPP sin ninguna verificación de por medio. A los pocos días, el 29 de enero, salen a la luz las primeras pruebas en video y foto que desmienten esta información.

28 de enero. Las primeras medidas para remediar el daño ambiental de Petroperú consisten en contratar comuneros y dotarlos de un equipo precario. En la foto se ve a los comuneros usando baldes de plástico para extraer el petróleo.

8 de febrero. Primera confrontación entre autoridades de Petroperú y el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien sostiene que los daños ambientales se deben a desperfectos en el Oleoducto Norperuano. Petroperú lo desmiente, pero la información oficial le da la razón a Pulgar Vidal.

9 de febrero. Las lluvias producen el desembalse de los 2 mil barriles que estaban retenidos por las barreras industriales y artesanales de Petroperú en la quebrada de Imayo, donde estaban trabajando los equipos de limpieza. Según el OEFA, tras el desembalse el petróleo ingresó al río Chiriaco por al menos 4 das sin que los ingenieros de Petroperú intervengan. La cantidad de petróleo podía teñir por 1.5 metros toda la ribera del Chiriaco. Sobre este incidente, el Estado de Emergencia determinaría que solo fueron 10 los barriles desembalsados por las lluvias.
De acuerdo al apu Lucio Roca de la comunidad de Wachapea, alrededor de 80 niños del colegio Fe y Alegría trabajaron en el recojo de petróleo en baldes. La entrada del colegio estaba cubierta de crudo seco. Entre 4 y 6 comunidades reportaron situaciones similares.

12 de febrero. El Ministerio de Agricultura y Riego a través del ingeniero Luis Núñez realizó un tazado de las daños a las granjas en el que solo se reconoció a los propietarios mestizos. Al respecto, Lazo dijo lo siguiente: “La deficiencia de los criterios del sector Agricultura para identificar las formas de producción y los productos de la población awajún vulneran peligrosamente sus derechos y sus recursos para sobrellevar la tragedia ambiental”.

13 y 14 de febrero. Apareció la portada de El Comercio denunciando el derrame y el primer reportaje de la serie de tres que publica Cuarto Poder. Se inició lo que los comuneros llamaron “el turismo institucional de la tragedia”: autoridades de distintos rangos y sectores visitaron la zona y prometieron medidas que, más que obedecer a una dirección técnica, eran respuestas políticas.

16 de febrero. El OEFA notificó a Petroperú que el derrame era un problema sistémico producido por la severa corrosión del oleoducto y sugirió que existió daño a la salud y la vida de las personas. No obstante, este comunicado no contuvo pruebas médicas y limitó el rango de los daños a los 3.5 kilómetros de la quebrada de Imayo, donde inicialmente estaban retenidos los barriles.
Según el apu de Temashnum, la indicación que dio Petroperú a los comuneros contratados fue limpiar hasta una comunidad ubicada a 30 minutos de la boca del río Chiriaco, bastante antes de Imacita, donde las imágenes y videos recogidos prueban que sí llegó el derrame.

17 de febrero. Se produjo un nuevo derrame en Pucará, Jaén, sobre el que Petroperú logró instaurar la versión de que se trató de una fuga producida durante una intervención. La intervención se realizó durante la noche, sin conocimiento de la población y sobre sembríos de arroz.
Hasta este momento, ninguna autoridad estatal había tomado pruebas de sangre, orina o algún otro tipo de evaluación clínica.

18 de febrero. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) impuso una multa de más de S/.12 millones a Petroperú por no haber adecuado sus instalaciones. Dos semanas después, el 4 de marzo, el OEFA inició un proceso administrativo por S/. 79 millones contra Petroperú por no haber generado un cronograma de acciones de mantenimiento del ducto, no haber cumplido con las labores de limpieza oportunamente y por reincidencia y daños a la vida o la salud.

25 de febrero. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se comprometió a supervisar la atención de los niños en Chiriaco, pero ninguna comunidad reportó haber recibido su visita.

1 de marzo. La empresa LAMOR, la misma que había dejado trazas de petróleo en Cuninico, intervino por encargo de Petroperú. Es cuestionable que Petroperú haya contratado a la empresa especializada en limpiar los cuerpos de agua recién un mes después de que ocurriera el primer derrame.
Se reduce la difusión mediática del derrame y las intervenciones sectoriales.

3 de marzo. La PCM declaró solo en algunas comunidades el Estado de Emergencia, 38 días después del primer derrame. La medida estuvo orientada a destrabar presupuesto para los equipos sectoriales. Sobre este punto, Lazo dijo que “el Estado de Emergencia no supuso cambio alguno en relación al abastecimiento de agua. Sin él, la planta de tratamiento tardó medio mes en llegar; con él se tardó el mismo tiempo en iniciar su funcionamiento”.

13 de marzo. Las indemnizaciones solo se otorgaron a familias mestizas. Se entregaron entre mil y 15 mil soles.

15 de marzo. Petroperú ofreció canastas con alimentos por segunda vez desde que ocurrieron los derrames. Estas fueron entregadas de forma limitada.

16 de marzo. Hasta esta fecha la planta portátil de tratamiento de agua aún no era utilizada.

19 de marzo. Hasta esta fecha no se entregó alimentos cruciales para la dieta de las comunidades de Wachapea, Umukai, Nazareth, Temashnum y Chipe. La única ración, calificada por Lazo de insuficiente, la otorgó Petroperú. Las familias empezaron a comer pescado del río sin que el Estado haya calificado el nivel de contaminación. En abril un comunicado de Sanipes señaló que el pescado no era apto para el consumo humano.

17 de abril. La agenda de recuperación de las aguas de Chiriaco está bastante avanzada. Los puntos más golpeados ya están libres de petróleo en la superficie, aunque éste se mantiene sedimentado.

26 de abril. Tras casi tres meses de los derrames en la cuenca del río Morona (Loreto), el Ministerio del Ambiente (Minam) publicó los monitoreos de la calidad de agua. La recomendación fue que los ciudadanos no consuman recursos hídricos ni peces de la zona afectada. El mismo resultado sugiere el muestreo de peces del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), tomado el 7 de febrero y 23 de marzo.

30 de abril. El informe de Defensa Civil probó que la magnitud del derrame fue mayor a la reportada. El informe señaló que el crudo recorrió un kilómetro hasta la quebrada de Imayo y el 9 de febrero ingresó a los ríos Chiriaco y Marañón. En total, 10 localidades fueron afectadas: Chiriaco, Chipe, Villa Hermosa, Imayo, Wachins, Nazareth, Pakún, Wachapea, Nuevo Progreso y Samarén (4696 personas). Hubo 243 personas heridas y 16 hectáreas de cobertura natural destruidas.

9 de junio. Petroperú pidió perdón a las comunidades indígenas amazónicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile e invitó a los comisionados a visitar la zona. Los comisionados exigieron la reparación integral de las víctimas.



Rodrigo Lazo concluye que el Estado tuvo un performance poco eficiente en los tres momentos del derrame. La evidencia recogida por el antropólogo muestra claramente que el Estado no contaba con un plan de acción para intervenir. Esto se vio en el personal con que operaron y la precariedad de los implementos empleados. Mención aparte merece el plan de prevención de Petroperú, el cual permitía que una infraestructura obsoleta continúe operando libremente. Al mismo tiempo, la reacción de las autoridades no obedeció a un plan de acción, pues las decisiones sectoriales se entorpecían unas a otras.

La intervención multisectorial no condujo a medidas concretas sino desligó a las autoridades de responsabilidad. Al estar todos implicados en las reparaciones, desaparecieron los responsables directos. “La intersectorialidad, en la práctica, opera como un mecanismo para deslindar responsabilidades y convierte al Estado de Emergencia en una medida prácticamente inútil”, sostiene Lazo.

Ante la ineficaz intervención de los sectores competentes, Petroperú asumió muchas de las funciones de reparación: la empresa responsable del derrame se convirtió en el mediador de la ayuda estatal. Esta condición trastocó la lógica de las reparaciones. En lugar de otorgarlas libremente, la empresa las utilizo estratégicamente. “Según nos informaron, en todos los casos las reparaciones se usan como medidas que exhiben discrecionalidad y vocación de control social. Las compensaciones por las chacras y la producción perdidas han sido parciales y selectivas”, sentencia Lazo.

Fuente: Revista Ideele