La zona de captación de la represa de Katse, en Lesotho, llega hasta Sudáfrica. Crédito: Campbell Easton/IPS.

JOHANNESBURGO, 29 may 2017 (IPS) - En el marco de la peor sequía del siglo, los sudafricanos inician este martes 30 un proceso de consultas globales para ponerse de acuerdo sobre el valor del agua, como forma de asegurar un uso más igualitario de este recurso finito.

Ministros, funcionarios, representantes de la sociedad civil, de empresas y de organizaciones regionales locales se reunirán fuera de Johannesburgo para comenzar el proceso de consultas de alto nivel llamado “Iniciativa de Valoración del Agua”.

El Grupo de Alto Nivel sobre Agua, convocado por primera vez por el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y luego por el anterior secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon (2006-2016), está integrado por 11 jefes de Estado y de gobierno y un asesor especial, quienes asumirán el liderazgo necesario “para promocionar una forma integral, inclusiva y colaborativa de desarrollar y gestionar los recursos hídricos y mejorar los servicios de agua y saneamiento”.

El principal objetivo del grupo es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, como señala el sexto de los 17 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), así como contribuir al logro de las otras metas, que dependen del desarrollo y de la gestión de los recursos hídricos.

Los integrantes del grupo son los gobernantes de Australia, Bangladesh, Holanda, Hungría, Jordania, Mauricio (uno de los presidentes), México (uno de los presidentes), Perú, Senegal, Sudáfrica y Tayikistán.

La consulta sudafricana que se comenzará este martes 30, será la primera de otras que se realizarán en México, Senegal, Tayikistán y Bangladesh, antes de la presentación de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, que se celebrará en agosto.

El secretario ejecutivo de la Asociación Mundial para el Agua (GWP, en inglés), Rudolph Cleveringa, explicó que al ser la primera de una serie de consultas, es de esperar que la reunión en Sudáfrica “fije el tono y el ritmo” del proceso.

“Sudáfrica está extremadamente comprometida con la agenda del agua. Este país pasó de tener una política de agua basada en el apartheid a un enfoque de derechos humanos. Estamos deseosos de ver al país liderar no solo desde la perspectiva de Sudáfrica, sino también de África austral”, acotó Cleveringa.

Al mencionar su participación en el grupo de alto nivel, cuando presentó el presupuesto al parlamento, el 26 de este mes, la ministra de Agua y Saneamiento de Sudáfrica, Nomvula Mokonyane, declaró: “el agua no conoce fronteras y puede ser un catalizador social, de la seguridad y económico, tanto a escala nacional como internacional”.

Al anunciar la reunión de este martes, que organiza su país con la GWP y el Consejo de Ministros de Agua Africanos (Amcow), Mokonyane dijo que la iniciativa “apoyaría a los países para mejorar la creación de empleo a través de inversiones en infraestructura hídrica y en la industrialización”.

En la reunión se presentará el borrador de principios que señala: “explicitar todos los valores del agua le da reconocimiento y voz a dimensiones que fácilmente pueden pasarse por alto. Esto es más que un análisis de coste-beneficio y es necesario tomar decisiones colectivas y compensaciones. Es importante encaminarse hacia soluciones sostenibles que superen las desigualdades y fortalezcan las instituciones y la infraestructura”.

El inicio del proceso se da en un momento en que la provincia de Cabo Occidental fue declarada área de desastre debido a la sequía que redujo el agua en las represas hasta un nivel de crisis. La municipalidad informó que la represa principal estaba en 20,7 por ciento de su capacidad, y que quedaba 10,7 por ciento para el consumo.

Por su parte, la ministra señaló que es la “peor sequía de los últimos 100 años y la más grave de Cabo Occidental en los últimos 104 años”.

“Esta sequía no solo afectó a Sudáfrica, sino al resto del mundo debido al recalentamiento global y al cambio climático”, declaró. Le llevará por lo menos entre dos y tres año a Cabo Occidental recuperarse, añadió.

La jefa de gobierno de Ciudad del Cabo, Patricia de Lille, dijo que la ciudad aumentará los programas de agua de emergencia en los próximos meses con iniciativas como nuevas perforaciones y la posibilidad de desalinización.

También subrayó la necesidad de asociaciones público-privadas. “Debemos innovar y diversificar nuestros mecanismos de financiación, y esos esfuerzos necesitarán de una asociación con el sector privado”, arguyó De Lille.

La municipalidad impuso restricciones de nivel cuatro, uno antes del de emergencia.

La directora general del Proyecto de Excedente de Personas, Herschelle Milford, cuya organización trabaja para colaborar con la reforma agraria, dijo que las autoridades responsabilizaron a la inmigración por la crisis de agua en Ciudad del Cabo.

“Sin embargo, el mayor consumidor de agua es la industria, seguida de la agricultura y luego de los hogares”, precisó. Eso requiere un diálogo sobre cómo compartir el recurso de forma más equitativa entre todos los usuarios.

El agua es mucho más que solo la cuestión de acceso. “La distribución del agua siempre fue un punto a defender en el debate sobre la reforma agraria. No puede haber ninguna transformación graria sin reforma del agua”, subrayó.

Cleveringa indicó que los debates se generaban a partir de diálogos internacionales de muy alto nivel hacia discusiones a escala local. Con ese fin, el borrador de principios ofrece una variedad de perspectivas sobre cómo valorar el agua.

En el diálogo sudafricano participan numerosos ministros, pero también realizarán sus aportes la secretaria ejecutiva de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), Stergomena Lawrence Tax, y representantes de varias organizaciones como Oyun Sanjaasuren, presidenta de la GWP, y Akinwumi Adesina, presidente del Banco de Desarrollo Africano.

El director de agua de la SADC, Phera Ramoeli, dijo que la valoración del agua era un elemento fundamental de la gestión del recurso, pues permitía implementar “políticas y planificar en todo el ámbito de desarrollo”.

“La región de la SADC tiene 15 cursos de agua compartidos, que representan 70 por ciento de todos los recursos renovables de agua disponibles. Si se gestionan de forma correcta y se financian como corresponde, garantizarán la continua disponibilidad de esos recursos para las actuales y futuras generaciones y para las diversas necesidades y usos que requieran agua”, observó.

El agua está presente en varios puntos de la producción de valor, como en el procesamiento agrícola y de minerales, en la industria farmacéutica, en la generación de energía y hasta en la salud, apuntó.

“Valorar el agua es importante porque garantizará que la gestión del recurso hídrico, el desarrollo, la conservación y el monitoreo reciban un parte apropiada del presupuesto nacional”, añadió Ramoeli.

“Dejamos atrás una forma de valorar el agua solo en función de su interpretación fiscal. No solo la miramos en términos de cuánto cuesta, sino que vamos más allá de ese enfoque utilitario”, explicó Cleveringa.

“Los principios de Bellagio (para implementar iniciativas de desarrollo sostenible) demuestran que hay algo más aparte de ese enfoque y esperamos que estas consultas encaminen la discusión”, acotó.

“El valor del agua se trata básicamente de tomar decisiones”, indicó. Eso requiere “no solo de un enfoque transversal, sino también de toda la sociedad puesta en la valoración del agua”, añadió.

Los diálogos deberán generar un debate abierto sobre los valores del agua, así como conseguir aportes regionales para los principios de Bellagio.

Alrededor de la mitad de las consultas ocurren en ámbitos fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y están encabezadas por el Sur Global.

“Eso fija el tono correcto para su aceptación en múltiples niveles”, sintetizó Cleveringa.

Traducido por Verónica Firme

FUENTE: http://www.ipsnoticias.net/2017/05/valorar-el-agua-mas-alla-del-dinero/

Imagen: Revista Agraria.

Por Laureano del Castillo

El agua es un recurso fundamental para los seres humanos y, también, para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Sirve para distintos usos, lo que da lugar a competencia y hasta conflictos. Además del rol del Estado —a través de la Autoridad Nacional del Agua—, hay otros actores que intervienen en su gestión, destacando, entre ellos, las juntas de usuarios de agua.

Todos somos usuarios de agua

En el Perú, al igual que en muchos otros países, la mayor parte del agua dulce superficial se emplea para la agricultura; en nuestro caso, se trata de alrededor del 80 % del agua superficial. Pero este recurso sirve para muy diversos usos: abastecimiento de poblaciones, generación de energía eléctrica, industrias, minería, transporte, acuicultura, recreación, entre otros. La Ley de Recursos Hídricos señala que el uso primario (tomando el agua manualmente para la preparación de alimentos, consumo directo y aseo personal, entre otros usos) tiene prioridad frente al uso poblacional y el uso productivo; pero al distinguir nueve tipos de uso productivo del agua, no estableció un orden de preferencia entre ellos, aunque el reglamento de la ley sí lo hizo.

Resulta claro que al establecerse en la Ley de Recursos Hídricos que el agua es patrimonio de la Nación y un bien de uso público, se reconoce a todos los usuarios el derecho de acceder al agua.

¿Hay agua para todos?

Cuando el número de seres humanos era menor, podía decirse que existía cierto equilibrio y no había mayores dificultades para aprovechar los recursos naturales —entre ellos, el agua—. Pero ahora el mundo es muy distinto: somos alrededor de 7500 millones de habitantes y la ONU estima que hacia 2050 habitaremos 9100 millones de personas en el planeta. Esa realidad ha complicado el aprovechamiento del agua, pues la consumimos directamente más: la usamos para abastecer de agua potable a nuestros hogares y para la disposición de nuestros residuos; para generar más energía destinada a hogares, industrias y otras actividades; para la mayor superficie requerida para la producción de alimentos y cultivos industriales, en un modelo de desarrollo que viene siendo criticado por la voracidad con que demanda mayor cantidad de recursos naturales. Al mismo tiempo, en tanto el proceso global de urbanización y la mejora de las condiciones de vida de la población en muchos países presionan por un mayor consumo, las industrias y la minería necesitan más agua para producir los bienes que demandan en forma masiva estos nuevos consumidores.

Pero la cantidad de agua no aumenta por esa mayor demanda, sino que se mantiene igual debido a lo que se conoce como el ciclo hidrológico (evaporación del agua de los océanos y lagos; regreso en forma de lluvia, nieve y granizo a la superficie de la tierra; uso, infiltración en el subsuelo,
evaporación; repetición del ciclo).

No obstante, la disponibilidad del agua se torna preocupante si atendemos a otros factores, como el cambio climático, que viene disminuyendo en forma acelerada nuestras reservas de agua dulce en tiempos de estiaje (a ello nos hemos referido, para el
caso peruano, en diversos números de LRA). Pero lo que más preocupa es que no solo la usamos más, sino que al hacerlo la contaminamos y eso determina que, relativamente, tengamos menos agua disponible. Es usual que cuando se habla de la contaminación en el país, sobre todo en el mundo rural, se atribuya su causa a la actividad minera. Al procederse así, sin embargo, se omite la responsabilidad que nos corresponde a los demás usuarios, pues las ciudades y poblados arrojan sus aguas servidas, sin ningún tratamiento, a las fuentes de agua, mientras que las industrias vierten en muchos casos sus residuos, igual sin tratamiento, y lo mismo hace la agricultura cuando devuelve las aguas saturadas con pesticidas, herbicidas y otros productos químicos. Por si fuera poco, el control para evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas en zonas como Ica no alcanza a frenar este uso insostenible, que alimenta ganancias en el corto plazo sin atender al futuro.

Gestión integrada y organizaciones de usuarios

Nuestro país se ha inscrito plenamente en los enunciados de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). La Ley de Recursos Hídricos la contempla como uno de los principios de la gestión del agua (artículo III del título preliminar), mientras que el foro del Acuerdo Nacional la afirmó como uno de sus lineamientos en la trigésimo tercera política de Estado (Política de Estado sobre los recursos hídricos).

Es evidente que para lograr la aplicación plena de la GIRH y la gobernanza del agua en nuestro país, se requiere no solo la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino también la de los demás sectores involucrados en la gestión del agua, así como de los diferentes usuarios.

Además de haberse avanzado de manera importante en la institucionalidad de la ANA al haberse instalado las catorce autoridades administrativas del agua en todo el país, igual de relevante es que se haya impulsado la conformación de siete consejos de recursos hídricos de cuenca (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili, Chillón-Rímac-Lurín y Locumba-Sama-Caplina). El camino recorrido por estos consejos muestra la necesidad de una mayor representatividad en su conformación, pues aunque los usos agrarios son mayoritarios, no puede considerarse como lo más adecuado que en esos consejos la representación de usos como el poblacional, el industrial, el minero, el hidroenergético y otros sean asumidos por una sola persona, representando a los «usos no agrarios».

Por lo demás, aunque la Ley de Recursos Hídricos ha cambiado en parte la regulación de las organizaciones agrarias, en las juntas de usuarios la representación corresponde tan solo a los usos agrarios, excluyéndose a los otros importantes usos en sus ámbitos (como el minero y el hidroenergético). Se limitan así no solo las posibilidades de avanzar en el ejercicio de la GIRH en ámbitos menores, sino también las de mejorar la gobernanza del agua.

Propuestas y acciones del nuevo gobierno

Durante su campaña electoral, en múltiples oportunidades el presidente Kuczynski declaró su compromiso de que ningún pueblo del Perú quede sin acceso al agua potable, ofrecimiento que reiteró el 15 de agosto en Arequipa. Ello guarda coherencia no solo con la Política 33 del Acuerdo Nacional, sino también con la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y permitiría cumplir con uno de los compromisos asumidos por nuestro país en los llamados objetivos de desarrollo sustentable.

Resulta aún más alentador que se haya puesto en marcha el programa Sierra Azul, otra de las propuestas del nuevo gobierno. Este programa contempla la siembra y cosecha de agua (zanjas de infiltración, rehabilitación de andenes, cochas o lagunas artificiales, reservorios y microreservorios, reforestación y manejo de praderas), la construcción de represas, sistemas de riego, drenajes, habilitación de tierras nuevas, y sistemas de riego tecnificado para mejorar el riego parcelario. La meta para 2021 es rehabilitar 100 000 hectáreas de andenes y asegurar el riego de 500 000 hectáreas en la sierra, para lo cual se constituirá un fondo de
S/ 300 millones para el cofinanciamiento de las obras y se ampliará el presupuesto del Minagri con un monto de S/ 100 millones anuales. Cabe esperar que no se presenten dificultades en el camino ni cambios de rumbo, y recordar que los retos en este campo son muy grandes, pues, como advirtió el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, para continuar con la reducción de la brecha de riego en el país se deben invertir, al menos, S/ 500 millones anuales en el programa Mi Riego.



Notas
1 Laureano del Castillo, director ejecutivo del Cepes.
2 En tan solo un año —mayo de 2015 a mayo de 2016—, la concentración promedio de minerales en el río Rímac se incrementó en un 84 %, en el caso del aluminio; 46.2 %, en el caso del plomo; y 42.3 %, en el caso del hierro. INEI. Estadísticas ambientales junio 2016. Resumen ejecutivo. .
3 El inciso «c» de dicho documento señala que el Estado «Garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos, con soporte técnico, participación institucional y a nivel multisectorial, para lograr su uso racional, apropiado, equitativo, sostenible, que respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y promueva el desarrollo económico, social y ambientaldel país, y la convivencia social.

Fuente: Revista Agraria