Annalisa Mauro
International Land Coalition Secretariat
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El problema de acaparamiento o concentración de tierra es un proceso rápido y alarmante que trae beneficios a gran escala y se inserta en cadenas productivas comerciales, no tanto en el nivel doméstico sino en el regional o internacional.
En el contexto de presión sobre la tierra para producir energía, combustibles y minerales; secuestrar carbono, proteger la naturaleza, alimentar, ser un espacio de vida digna, acomodar derechos originarios y derechos recientes; todo esto para una población creciente y con mayores demandas, las adquisiciones de tierras dibujan en el mapa los flujos de capital. En ocasiones, los procesos de adquisición de tierra traspasan las fronteras nacionales, generando impactos que dan lugar a nuevas interacciones entre los países de la región. Es fundamental generar información y vigilar tendencias a través de los “observatorios” de tierra y territorios. Cada observatorio genera la información y la evidencia necesarias para interactuar con los tomadores de decisiones e influenciar sus políticas.
Desde la perspectiva ambiental, destaca el cambio de uso del suelo propio de los procesos de concentración y su impacto en el paisaje rural, ambiental y social. En este sentido, impresiona el impacto de la producción de soya en Paraguay o de palma africana en Guatemala, que trazan paisajes uniformes, privados y carentes de biodiversidad. Los contratos de transacciones de tierra, no siempre transparentes y accesibles, tienen que vincular, además, el acceso a la tierra con el consumo de agua. Grandes adquisiciones de tierra implican muchas veces la necesidad de grandes cantidades de agua, desatándose problemas en el acceso a este otro recurso.
Es necesario avanzar también en la investigación sobre el impacto de los procesos de concentración de tierra sobre las mujeres rurales. Según la FAO, si se garantizara a las mujeres el acceso equitativo a los recursos, su rendimiento agrícola podría incrementarse entre 20% y 40%, lo que aumentaría los rendimientos nacionales hasta en 4%. “En el proceso de privatización de la tierra, las mujeres pierden los pocos derechos que ya tenían, mientras que los hombres fortalecen los suyos. Cuando se formaliza la privatización son los hombres quienes reciben títulos” (Lastarria-Cornhiel, 2011).
El proceso de concentración de tierra en la región se suma en algunos casos a niveles históricos preexistentes de concentración y desigualdad, a los cuales se tendría que responder con políticas redistributivas antes de facilitar cualquier iniciativa de inversiones de gran escala que limitan el acceso a la tierra para la población rural que la demanda.
¿Cómo asignar derechos y deberes sobre un recurso limitado como la tierra, para distintos grupos con demandas contrastantes?
Se abre en la región un debate sobre una nueva generación de políticas (Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú) capaces de redefinir el significado mismo de tierra. En este debate se considera a la tierra no como un problema aislado, sino como un espacio donde convergen distintas presiones y limitaciones en un territorio. Estas políticas apuntan a ordenar el territorio para reconocer y responder a los derechos de poblaciones diferenciadas (pueblos indígenas, mujeres rurales, adolescentes agrarios, consumidores de alimentos, etc.). Tales políticas deben ser articuladas por el Estado y facilitar, como condición imprescindible, la participación ciudadana para su legitimización social. Los ciudadanos y ciudadanas deben participar activamente y ejercer sus derechos sobre las decisiones que afectan sus territorios rurales. Una nueva institucionalidad agraria puede resultar de una interacción Estado-sociedad. Las políticas deben anticipar el fenómeno de acaparamiento a través de medidas preventivas como límites a la propiedad y a la extranjerización de la tierra; considerar impuestos progresivos; tomar en cuenta el respeto de la vocación del suelo para limitar procesos de avance de la frontera agrícola o del cambio de uso del suelo.
A nivel global, en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, se negocian actualmente las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra y Otros Recursos Naturales. De ser aprobadas, estas directrices ofrecerán un marco de referencia para el avance de políticas nacionales.
Como destacan los relatores de las Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos está estrechamente vinculada a las reivindicaciones y defensa de la tierra y territorios. Es necesario destacar los despojos que suceden en la región y trabajar en la defensa de los derechos individuales y colectivos de indígenas y campesinos.
A pesar de la tendencia a favorecer las grandes inversiones de capital, la propiedad de grandes extensiones de tierra y el libre comercio, la mayoría de los marcos legales de la región ofrecen importantes contextos para la exigibilidad del derecho a la tierra. Muchas organizaciones locales encuentran soluciones locales a través de procesos de diálogo entre actores o a través de negociaciones con actores externos, como medio para establecer consensos sobre el acceso, uso y control de los recursos.
Referencias
-- Borras Jr., Saturnino M. y Jennifer Franco. 2008. Citizens Building Responsive States. Institute of Development Studies. University of Sussex Brighton BNI 9RE UK.
-- FAO. 2011. Directrices Voluntarias para una Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra y Otros Recursos Naturales. Disponible en http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/es/
-- International Land Coalition (ILC). 2011. La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: una aproximación a la problemática actual. Serie Presiones Comerciales sobre la Tierra. ILC, CISEPA, CIRAD.
-- Lastarria-Cornhiel, Susana. 2011. Tierra de Mujeres. Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina (en línea). ILC, Fundación Tierra.
Disponible en http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/ILC_FT_Tierra%20de%20mujeres.pdf
-- Naciones Unidas. 2008. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nueva York.
Disponible en http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-26_sp.pdf
-- PNUD. 2011. Informe Desarrollo Humano Colombia. (enlínea). Disponible en http://pnudcolombia.org/indh2011
FUENTE: LEISA Revista de Agroecología
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