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| Imagen: Googleada para este blog |
Autor: Marcel Valcarcel Carnero
Fecha: Agosto 2015
I. INTRODUCCION
El crecimiento exponencial de las industrias extractivas en el
Perú en la década pasada, liderado por la gran minería, se expresó en
diversos beneficios económicos y también externalidades negativas, como
el aumento de los pasivos ambientales y el incremento de los conflictos
sociales a lo largo y ancho del país.
Desde que el candidato Ollanta Humala ascendió al Gobierno el año 2011
hasta junio del 2015, los diferendos sociales ha dejado un saldo de 63
muertos y 1935 heridos. Cusco es la región en donde más víctimas
mortales se han registrado, le siguen Arequipa y Lima metropolitana,
como lo certifica la Defensoría del Pueblo en reciente informe (junio
2015).
En este breve ensayo me propongo reconstruir los hechos, analizar y
explicar las causas, dinámica y consecuencias acarreadas por uno de los
más relevantes conflictos socio ambiental de los últimos lustros en
nuestro país. Me refiero al ocurrido alrededor del proyecto cuprífero
Tía María ubicado en el valle de Tambo en la provincia arequipeña de
Islay.
Doy cuenta de los actores sociales en escena a lo largo de esta
contienda socio ambiental que cumple seis años de duración. Del
contexto, antecedentes, desenvolvimiento y desenlace entre una
población mayoritariamente rural y una empresa minera transnacional, en
el marco de la débil presencia del Estado en el Valle en mención.
El acopio de información para la elaboración del ensayo está centrado
en la data periodística, programas radiales y de televisión, así como
en las estadísticas del INEI, en particular del último Censo
Agropecuario del Perú CENAGRO (2012).
Para el análisis he recurrido a los aportes de la bibliografía reciente sobre conflictividad en el sector minero peruano.
II. CONTEXTO ACTUAL EN EL QUE SE UBICA EL PROYECTO TÍA MARÍA:
A nivel internacional, una economía mundial saliendo de la crisis
financiera del 2008, de vuelta a los precios normales de los minerales.
A nivel nacional, asistimos a las finales del Gobierno de Ollanta
Huamala bastante desgastado (16% de aprobación ciudadana a junio del
2015), con violencia generalizada, escándalos de corrupción, aumento de
la inseguridad en las calles producto del avance del narcotráfico, la
delincuencia y el sicariato, en medio de una economía creciendo a ritmo
menor.
Ciertamente no todo ha sido oscuridad durante dicho gobierno pues
también se redujo la pobreza en particular en las zonas rurales, amplió
la clase media urbana no tradicional entre otros, entre otros
indicadores positivos.
III. EL VALLE DE TAMBO ESCENARIO DEL CONFLICTO MINERO TIA MARIA:
Nos ubicamos frente a un territorio físico localizado en la Costa sur
del país en la provincia de Islay región de Arequipa, el cual presenta
elevaciones que van de los 350 hasta los 1050 msnm, con baja
pluviosidad y una población residente en los tres distritos del valle
estimada encima de los 50 mil habitantes. dedicados a la agricultura,
ganadería y pesca. Actividades desplegadas desde tiempos inmemoriales.
Se ha señalado que en 1557, en el fundo del español Alonso de Cáceres,
ya cultivaban maíz, trigo y papas; al lado de la crianza de vacunos,
ovinos, porcinos y camélidos. Siglos después, el sembrío de caña de
azúcar se expande impulsado por los ingenios Chucarapi y Pampa Blanca,
al igual que nuevos cultivos. Por todo ello es que al valle de Tambo,
desde que Antonio Raimondi lo visitó en 1863, es considerada la
despensa de Arequipa.
En los últimos años estas actividades ha venido modernizando y
tecnificándose con el esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores,
el apoyo aunque limitado del Estado y la cooperación externa.
Hoy dispone de 22,642 hectáreas dedicadas a la producción agrícola,
mostrando 18 cultivos diferentes, destacando la alfalfa, la papa blanca,
el maíz amiláceo, la caña de azúcar, el palto, el trigo, el orégano y
el arroz ocupando un total de 22 mil hectáreas cultivadas con riego,
cuya producción, en un 54%, está destinada a la venta según el último
Cenagro del 2012. Un ejemplo de cambio tecnológico ocurrido en el valle
lo constituye el empleo de segadoras para la cosecha de granos, sobre
todo en la parte media y baja de la cuenca. Pero ciertamente subsisten
problemas técnicos que resolver.
A la par de los avances agropecuarios se observa un proceso moderado de
urbanización del valle con el crecimiento de sus pueblos, distritos,
caminos y carreteras adyacentes. Aunque también varios de los
propietarios de tierras y ganado residen en la ciudad de Arequipa.
IV. ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL CONFLICTO
Nos encontramos ante uno de los más serios y violentos conflictos socio
ambiental ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos. Cuyo centro
de disputa son los recursos naturales y el territorio del valle de
Tambo. Generándose desde hace seis años una acción colectiva reactiva de
trascendencia de parte de los pobladores tambinos contra el Mega
proyecto minero llamado “Tía María”.
Se trata en principio de una conflictividad estructural agro minería. De
naturaleza reactiva, defensiva por parte de la población local frente a
lo que se percibe como un peligro para su supervivencia. De ahí que
planteen como objetivo la defensa del medio ambiente, resumido en: No a
la contaminación minera de aguas, tierras y aire y sí a la protección
del territorio en general.
Hablamos de una acción colectiva contenciosa surgida desde abajo, de
enorme magnitud emprendida por los pobladores tambinos contra el
proyecto cuprífero Tía María, impulsado por la transnacional Southern
con la autorización del Estado. Confrontación situada en diversos
planos e intensidades, como se podrá apreciar a lo largo del texto.
La población dedicada a la actividad agrícola, ganadera y pesquera
residente en el valle no desea un proyecto extractivista de gran
envergadura como el denominado “Tía María”. Sus temores reales: ser
afectados por las labores que acarrea la explotación cuprífera a tajo
abierto, la cual impactaría negativamente sus medios de subsistencia.
Verce ante riesgos inmanejables que produzcan daños irreparables a la
salud humana, el medio ambiente y, en el escenario más extremo,
encontrarse sin tierras, pastizales y ganado como consecuencia de una
posible mayor expansión del Tajo minero; como sucedió con la Mina de
Cerro de Pasco, que terminó en dos ocasiones devorándose a la ciudad del
mismo nombre.
Por ello deciden, en base a los ya existentes Comités de lucha distrital
de defensa del medio ambiente, formar el año 2008 el Frente Amplio de
Defensa del Medio Ambiente (FADMA) y rechazar con un programa
maximalista la presencia de la empresa minera Southern.
V. ACTORES DEL CONFLICTO
Pobladores del valle, la empresa Southern y el Estado
Veamos algunos rasgos socioeconómicos que presentan cada uno de ellos.
5.1. POBLADORES
Conformados en lo fundamental, por:
Agricultores pequeños y medianos que cultivan sobre todo para el
mercado, a fin de obtener ganancias acordes con la inversión en insumos,
la contratación de asalariados eventuales y el permanente esfuerzo
laboral familiar.
Según el último Cenagro (2012) conducen unidades agropecuarias que
oscilan entre 3 y 10 hectáreas, irrigadas que los ha llevado a conformar
Juntas y Comisiones de regantes.
Un 26% de estos productores cuenta con educación secundaria, siendo la
edad promedio de 57 años, vale decir, estamos frente a adultos mayores
en plena actividad productiva.
Presentan dudas, expectativas, temor y rechazo frente a la presencia de
la empresa minera en terrenos contiguos a sus fundos o chacras y
viviendas ubicadas, sobre todo, en los pisos medio y bajo del valle,
reacciones.
Como señala el antropólogo José De Echave et al:
“
Las empresas mineras cambian la vida y sus expectativas de los
comuneros, sin que ellos lo hayan pedido. Los reorganiza tanto interior
como exteriormente y los pone en tensión. Sus actitudes, por lo tanto,
suelen ser una mezcla de expectativas, temor y desconfianza”. (2009).
Algo similar encontró la economista Roxana Barrantes et al estudiar el
caso de Yanacocha y Antamina que se resumía en la frase de una mujer
campesina: “Te quiero pero no”.
A los agricultores y sus familias residentes en el valle de Tambo se suman otros grupos socioeconómicos:
Trabajadores eventuales. Se trata de pobladores jóvenes
lugareños como procedentes de otras áreas del sur, quienes en
épocas de siembra y cosecha principalmente de granos, venden de su
fuerza de trabajo para su reproducción económica.
Ganaderos. Conducen pequeños y medianos hatos de vacunos para producir leche y derivados destinados a los mercados local y regional.
Pescadores. De langostinos en el río y de peces y
frutos de mar, tanto para la ingesta familiar como para la venta
en los mercados locales.
Campesinos. Situados en las partes medias y altas del valle cuyas cosechas de pan llevar se destinan mayormente al autoconsumo.
El empleo agropecuario cubre en el valle a más de 10 mil familias. Se
estima en 12 mil los puestos permanentes en la agricultura.
Disponen estos productores de sus propias organizaciones como la
Asociación de agricultores de Tambo, las Juntas de Usuarios de riego,
destacando el Frente Amplio de Defensa del medio Ambiente del Valle de
Tambo
(FADMA) organismo que ha conducido todos estos
años la acción colectiva en contra de la puesta en marcha del proyecto
minero Tía María, demostrando a lo largo del tiempo capacidad de
agencia. Esto es, como diría el politólogo estadounidense Sidney Tarrow
(1997) la capacidad de atraer a la gente a su causa, establecer
objetivos comunes, articular diferentes intereses y forjar identidades.
FADMA
Conformación |
Constituido el 8 de mayo del 2008 sobre la base de los Comités
de Lucha distritales en defensa del medio ambiente, las cinco Juntas de
riego del valle y los 20 Comités de regantes existentes. |
Líderes agricultores y alcaldes |
Pepe Julio Gutiérrez, Jesús Cornejo, Jesús Sánchez y José Ramos. |
Integrantes |
Agricultores, pobladores rurales y alcaldes tanto distritales como provinciales. |
Aliados. Ayudan a reducir costos de la acción colectiva y
a difundir sus demandas. Es el caso de algunas ONG y agrupaciones
políticas de izquierda. Rifa gigante para conseguir fondos. |
Trabajadores de la ciudad de Arequipa.
CGTP. CONACAMI.COOPER ACCIÓN. MUQUI, CIED, redes nacionales e
internacionales. Estudiantes universitarios, organizaciones políticas
siendo las más visibles “Tierra y Libertad” y
Su líder Marco Arana. Los Reservistas Etnocaceristas, Congresistas
(Manuel Dammert) etc.
|
Opositores |
Southern, el Gobierno y cierta prensa.
|
Fuentes: Diversas. Elaboración propia.
5.2. LA SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION (SPCC)
Constituida en el Estado de Delaware en 1952. En 1955 fue renombrada
como Southern Cooper Corporation (SPCC). Un año antes estableció una
sucursal en el Perú la cual subscribe un convenio bilateral con el
gobierno peruano, entonces conducido por el dictador Manuel Odría.
Hoy esta empresa trasnacional constituye uno de los principales
productores mundiales de integrados de cobre, disponiendo de las mayores
reservas cupríferas del planeta. Es una compañía listada en la Bolsa de
Valores de New York. Opera minas y complejos metalúrgicos en México y
Perú,. Lleva a cabo actividades de exploración en Argentina, Chile,
Ecuador y México.
Su imagen internacional está muy desacreditada por los pasivos mineros
ocasionados en años anteriores así como por acusaciones recientes de
actos de corrupción como escribe recientemente el sociólogo
estadounidense David Bayer (2015).
Propietarios actuales de la empresa
Grupo México. Entidad que controla el 82% de las acciones. El 18% restante le pertenece a la
comunidad internacional inversionista.
Actúa bajo la lógica de generar y maximizar ganancias y, mediante su
accionar social y político, mantener la estabilidad de su inversión
durante el tiempo que dure la extracción minera.
Lugares donde opera la SPCC en nuestro país: Toquepala, mina de Tajo
abierto (Open pit) ubicada en el Departamento de Tacna. En Cuajone, mina
cercana a Ia ciudad puerto de Ilo, localizada en el Departamento de
Moquegua, donde funcionan la fundición y refinería de la empresa minera.
Interés de la Southern
La razón de Su presencia en el valle de Tambo no es otra que extraer
material cuprífero de la zona para su refinación y posterior exportación
al mercado mundial. Lo mismo oro, pero en mucha menor medida, como se
detalla en el Anexo de este trabajo.
A cambio de ello ofrece 90 millones de dólares anuales de regalías a los
arequipeños, así como pago de impuestos que se traduce en el canon
minero y generación de divisas al gobierno central. Empleos directos e
indirectos para la población del valle. Hay que precisar que la nueva
minería plantea un uso intensivo de los recursos y una baja demanda
laboral. Como señalan Dammert (2014), Bebbington (2013), Damonte
(2009), en sus respectivos balances de la minería peruana, la población
local solo accede de manera parcial y temporal en el empleo ofertado por
las empresas durante el período de construcción ya que la mayoría no
constituye mano de obra calificada para las exigencias tecnológicas de
la llamada nueva minería. Tampoco se da un significativo nivel de
encadenamiento productivo con las regiones y localidades donde operan.
Aliados de la Southern
Destacan el Gobierno de Humala, altos funcionarios del Estado y un
minoritario número de agricultores, alcaldes, empresarios, un sector de
la iglesia, periodistas y periodistas arequipeños más bien
conservadores. El Diario Correo de Arequipa, por ejemplo, apoya
abiertamente a la empresa minera, lo mismo el congresista del Partido
Popular Cristiano (PPC) Juan Carlos Eguren Dos fuertes aliados al
proyecto Tía María lo constituyen la Sociedad Nacional de Minería y
Petróleo (SNMP) y la Confederación Nacional de Instituciones Privadas
del Perú (CONFIEP).
Entre sus oponentes consideran a los productores agropecuarios del valle
contrarios al proyecto, a los líderes de las Juntas de usuarios de
riego, al Frente Amplio de Defensa del Valle, así como sus aliados de
la sociedad civil, eentre los que se encuentran lo que ellos califican
como: grupos ambientalistas, ONG anti patriotas o terroristas anti
mineros, así como cierta prensa simpatizante con la protesta de los
productores agropecuarios.
La Consigna de la empresa: ¡La mina va sí o sí!
5.3. El Estado
Actor diverso y complejo pues condensa dos roles en cierta medida
antagónicos el de promotor y el de regulador de las industrias
extractivas.
Actualmente debilitado por las políticas neoliberales y dependiente de
los ingresos de las industrias extractivas tiene una limitada presencia y
accionar en el valle en sus tres niveles:
5.3.1. Gobierno local
Conformado por las autoridades municipales de tres distritos
Cocachacra, Dean Valdivia y Punta Bombón.
Mayormente los alcaldes de los municipios del valle de Tambo se han
alineado en contra del proyecto minero Tía María, apoyando de diversas
maneras al Frente de Defensa del Valle de Tambo. En buena medida son
ellos los que han conducido y liderado las protestas todos estos años.
Cuentan con legitimidad pues han sido elegidos democráticamente en las
urnas .Una parte de los recursos que dispone provienen del erario
nacional.
5.3.2. Gobierno regional
Tiene su sede central en la ciudad de Arequipa
Durante la presidencia regional de Juan Manuel Guillén (2006-2010 y
2011-2014), asimismo con la actual Gobernadora de Arequipa Yamilia
Osorio (2015-2018), el Gobierno regional ha buscado sobre todo
entendimientos entre las partes del diferendo.
Juan Manuel Guillén, por ejemplo, estuvo en el valle en el mes de marzo
del 2011 para facilitar el diálogo entre los actores en pugna. En mayo
del 2015 la Gobernadora Yazmira Osorio cumplía el mismo rol conciliador.
No se inclina ni a uno ni a otro lado de las fuerzas beligerantes, ha
buscado más bien generar consensos para encontrar solución al
diferendo. En el local del Gobierno Regional en la ciudad Blanca se han
reunido en diversas oportunidades los representantes de las partes
involucradas en el conflicto social.
Al parecer, carece de fuerza y peso político para asumir un rol más
relevante, Hay que reconocer que la gobernadora tuvo recientemente la
iniciativa de conseguir fondos para la revisión del segundo EIA, un
punto de exigencias de los pobladores del valle pero no tuvo acogida en
la empresa minera ni en el poder ejecutivo.
5.3.3. Gobierno central
Cuenta con poca
presencia como agente de desarrollo en el valle. Su posición se define
a favor del Proyecto minero dada su significancia económica (impuestos,
canon, regalías, divisas al Estado y aporte al crecimiento del PBI),
antes que por los derechos de los productores agropecuarios de Tambo.
Actúa directa e indirectamente en el valle por medio de los funcionarios
del Minem, Minagri, Ana, Ministerio del Interior y del Medio Ambiente.
Operan, matices más, matices menos, en la misma dirección de la empresa
minera.
Entre las acciones desplegadas: Participación de funcionarios del Estado
en Mesas denominadas de trabajo, diálogo y desarrollo, en la revisión y
rechazo del primer IEA y luego revisión del segundo IEA. Al cual los
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) le señalan siete
observaciones para su aprobación. Por su parte el Ministerio del
Interior elabora las estrategias de contención y represión a los
bloqueadores de las carreteras y puentes a Mollendo y la Panamericana,
así como dictamina detención a líderes opositores del proyecto minero.
VI. DINÁMICA DEL CONFLICTO
Esta acción colectiva para fines analíticos se puede desdoblar en varias etapas:
La primera etapa (1994-2000)
Durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1900-2000) la empresa minera
comenzó La fase de exploración de la zona. En esta etapa el conflicto se
muestra más latente que manifiesto. La incertidumbre embarga a un
sector la población, en su evaluación pragmática del costo beneficio de
la puesta en marcha del proyecto Tía María.
1999 es el año de inicio de las labores previas a la explotación del
Proyecto minero. En aquel momento bajo la presidencia de Alan García
(2000-2005), existía una aceptación moderada del proyecto por algunos
grupos de pobladores del valle, de duda en otros, así como también de
rechazo total.
Según, el entonces líder de la protesta Pepe Julio Gutiérrez la gente del valle toma distancia del Proyecto minero:
“cuando la empresa, en el primer Taller organizado para obtener la
licencia social, moviliza su portátil (el camino más fácil y rápido
para ello), siendo la mayor cantidad de gente asistente de fuera”.
(Gutiérrez: 2011).
La segunda etapa (2001-2009)
De transición, entre la calma y la tempestad, de poca interacción entre los actores sociales y de una baja conflictividad.
El año 2007 SPCC anuncia un Plan concreto de inversiones en el Valle de Tambo.
A manera de reacción el 8 de marzo del 2008 los pobladores liderados por
sus alcaldes constituyen el FADMA Entre las primeras acciones
desplegadas estuvo la presentación un recurso de amparo al poder
judicial para que la empresa se abstenga iniciar trabajos en el valle.
El FADMA en esta etapa llama a sus bases a participar en la llamada
Consulta popular para cohesionarse y darle legitimidad a su protesta
vía democracia participativa directa.
La cual se realiza el 28 de octubre del 2008 en los tres distritos del
Valle con los resultados siguientes frente a la pregunta:
¿Está de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero “Tía María”?
Respuesta (Rpa).
Distrito |
Rpa:Si |
Rpa:No |
Total |
Cocachacra |
139 |
2916 |
3055 |
Punta de Bombón |
71 |
2929 |
3000 |
Dean Valdivia |
52 |
2211 |
2263 |
Total |
262 |
7856 |
8318 |
Fuente: Elaboración propia sobre la base información del Capítulo
III- Razones de Lucha por el Valle de Tambo. Pepe Julio Gutiérrez. En:
Valle de Tambo_Islay: Territorio, Agua y Derechos locales en riesgo con
la minería a Tajo. Lima, 2011.
La tercera etapa (2010-2015)
La conflictividad en esta etapa es totalmente abierta, expresada en
cuatro Paros indefinidos (2010, 2011 y 2015), los que van acompañados
de marchas de protesta, bloqueos de carreteras y puentes con piedras,
llantas, montículos de tierra o arena y troncos para evitar la
circulación de vehículos y personas lo que conduce al cese de
actividades y con ello a la paralización económica. La violencia es el
rasgo prevaleciente en esta etapa del conflicto.
Las demandas de los pobladores devinieron en consignas
vitoreadas durante las marchas, en calles y plazas:
¡Agro sí, minería no! ¡Respeto a la consulta popular¡ ¡El valle se
defiende no se vende! ¡El valle despertó la Southern se jodió!
¡Trabajando juntos por un mundo sin contaminación!
Protestas y bloqueos respondidas por el Estado con sus aparatos
represivos por medio de perdigones, balas, bombas lacrimógenas,
tanquetas y helicópteros. Los pobladores recurren a las
huaracas,piedras, palos y,en ocasiones algunos radicales, apelan al uso
de dinamita. Aun así la asimetría es evidente entre las fuerzas
beligerantes.
A estas alturas el tema del impacto ambiental de la minera dejó de ser
un problema técnico para transformarse en social y político con
proyección regional, nacional e internacional. En los meses de abril y
mayo la prensa escrita y visual en todo el país lo colocó en el centro
de la noticia y la agenda pública. El periodista Nicolás Lúcar desde
su programa televisivo en el mes de abril del 2015, se ofrece a tender
puentes entre las partes involucradas.
El Gobierno se compra el pleito para que el Proyecto se inicie de una
vez por todas; pero no le es fácil por la fuerte oposición popular
dados los antecedentes de la Southern, su historia de contaminación en
el cercano valle y ciudad de Ilo no ayuda, la gente recuerda o está
bien informada.
El pasado la condena
En efecto, la SPCP
contaminó desde los años 50 hasta el 2013, a través de los humos de su
refinería de Ilo, a la ciudad y al valle del mismo nombre. Igualmente la
Mina Toquepala de tajo abierto de su propiedad arrojó 119 TN de relaves
de cobre al día al río Locumba. Afectó a la bahía de ITE en Tacna
durante 36 años con las descargas de los relaves de sus minas de Cuajone
y Toquepala.
En mayo del 2008 Osingermin multó con 608 mil nuevos soles a la empresa
minera por cometer infracción a las normas medio ambientales. Esta no
cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los
límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud. La
Ley general del Ambiente y el Reglamento para la Protección ambiental en
la actividad minero metalúrgica. Por último, el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Cooper por
un monto total de 530,745 dólares (Fuente: Redacción
Lamula.pe/2015/03/31/5). Esto es un saco muy cargado de pasivos,
infracciones y multas.
A lo cual la empresa minera y sus defensores responden diciendo aquello
son básicamente cosas del pasado. Hoy las tecnologías son otras, lo
mismo que la conciencia ambiental empresarial.
Conjunto de afirmaciones devenidas en un discurso ideológico legitimador
de la inversión de las industrias extractivas, particularmente la
minera, tanto en el Perú como en otros países de América Latina.
Para los agricultores del Valle de Tambo la historia real de daños
ocasionados por la SPCC pesa mucho en el actual conflicto, en su
negativa a otorgar el visto bueno al proyecto Tía María.
Con estos pasivos mineros se entiende mejor por qué la mayoría de los
pobladores y agricultores de Tambo, sacrificando paz, tranquilidad y,
arriesgando vida y salud, inicien una acción colectiva con tomas y
bloqueos de carreteras, como una manera inmediata y eficaz de llamar la
atención de las autoridades nacionales y forzar a no dar luz verde a
las actividades del Proyecto, al igual que dar a conocer a la opinión
pública los motivos de sus protestas y rechazo a ”Tía María”.
Actividades desplegadas por los actores
Como venimos señalando se ha efectuado en todos estos años una infinidad
de acciones abiertas y ocultas. Entre las primeras sobresalen las
actividades de información y convencimiento a la población del valle
tanto por parte de la SPCC como del FADMA de las bondades del proyecto
minero en un caso, o de los peligros del proyecto en el otro.
De difusión de las razones de las protestas y reclamos, o de los
beneficios de la inversión minera. Para lo cual ambos contendores
pusieron en ejecución sus repertorios: Talleres, charlas, audiencias
públicas, focus group; como indirectos a través del uso de: radio, tv,
periódicos y redes sociales simpatizantes al ideario ambientalista, o al
proyecto minero.
La Consulta popular
Llevada a cabo en el valle ha sido el instrumento central usado por el
FADMA para darle mayor legitimidad a sus reclamos. Pero no legalidad
pues como señala la socióloga Angélica Castañeda:
“Es importante tomar en cuenta que la Consulta no otorga a
las poblaciones involucradas un derecho a veto a las actividades mineras
a o la decisión de la autoridad. Esto de acuerdo a lo señalado por la
Constitución Política del país, que indica que el Estado es quien
decide sobre sobre el manejo de los recursos públicos, lo que implica la
decisión de explotar o no el mineral en todo el país” (2015:35).
En efecto el 28 de octubre del 2009 se efectúa la Consulta popular
vecinal en tres distritos a iniciativa del FADMA. El resultado de la
votación en las ánforas: El 90% dijo NO a “Tía María”.
El conflicto en su etapa primigenia ha sido pacífico y se desenvuelve en
el terreno de quien gana más simpatizantes y adeptos. En este campo se
impuso a la larga el FADMA, varias razones dan cuenta de ello como se
explicará más adelante.
En el plano legal se busca bloquear las iniciativas empresariales a
través de acciones de amparo. Como también las de los productores
agropecuarios.
Dentro de las acciones ocultas los lobbies son instrumentos frecuentes
usados por las empresas extractivas a través de políticos conocidos y de
reconocidos estudios de abogados. Aquello que el sociólogo y
congresista Manuel Dammert (2014) denomina el poder Lobbysta. El más
reciente ha sido el caso del dirigente aprista Jorge del Castillo
denunciado por “Diario 16” el 30 de Junio del 2015.bajo el título: “Del
Castillo, el Loobista Minero”. Quien admite que hace consultorías para
la empresa dueña del proyecto “Tía María”.
También existe la figura del funcionario del Estado que posteriormente
trabaja para las grandes empresas mineras y viceversa, el funcionario
minero que luego ocupa elevados cargos en el Estado. Es el caso del
actual asesor legal de la Southern Hans Flury quien fuera Ministro de
Energía y Minas durante el Gobierno de Alejandro Toledo, y ex presidente
de la Sociedad Nacional de Minería y ex vicepresidente de la Confiep.
Acciones abiertas de protesta a lo largo de las tres etapas del Conflicto:
Múltiples marchas. Una de las más llamativas ha sido la Marcha de sacrificio de los alcaldes de Tambo hacia Arequipa.
Infinidad de bloqueos de carreteras y puentes estratégicos con olla común de apoyo a los manifestantes.
Protestas acompañadas de proclamas, pancartas, banderolas y la bandera
peruana. Mítines, asambleas populares. Consulta popular y Audiencias
Públicas. Durante la presencia policial en Cocachacra, con resguardo del
Ejército, el cacerolazo en los hogares sirvió como repudio al
despliegue de las fuerzas del orden en el valle y alrededores.
Cuatro Paros indefinidos
En julio del 2009 la Southern, luego de un año y 9 meses, presenta al
MINEM el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto minero
Tía María, que había encargado su realización a Water Management
Consultants (Peru).
Este estudio no fue aprobado por ninguna instancia de go
bierno local, regional ni nacional. José Gutiérrez señalando las razones del rechazo del FADMA escribe:
“El EIA está hecho a la medida de la empresa”.(2011),
Primer Paro indefinido.
En abril del 2010, pobladores del valle opositores a Tía María,
liderados por Pepe Julio Gutiérrez, realizan el primer Paro indefinido
rechazando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Bloquean la
Panamericana e impiden el acceso de vehículos al pueblo de Cocachacra.
Para noviembre de ese año las manifestaciones se habían incrementado en
las localidades del valle y aledaños.
El Estado a través del Minem contrata a la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el propósito de evaluar
la metodología y los resultados del primer EIA y con ello tranquilizar a
la población.
El 20 de aquel mes de abril, por acuerdo unánime en una Asamblea de productores agrarios del valle, se programó un nuevo Paro.
Segundo Paro indefinido.
Este se lleva a cabo
el 23 de noviembre del 2010 pero a los pocos días se suspendió por la
contundente violencia desatada como la quema del bus de la empresa
Jacanbus, el ataque al local del Centro de Tecnológico Minero
(Cetemin) y la consiguiente fuerte represión con que fueron tratados
los pobladores contestatarios.
Otra versión señala que se levantó el segundo Paro porque no tuvo
amplia aceptación entre los productores agropecuarios del valle.
El 16 de marzo del 2011, la The United Nations Office for Project
Services UNOPS (organismo de las Naciones Unidas) presenta un año y
medio después un informe con 138 observaciones al primer EIA. Dicho
informe solicitado por el Ministerio de Energía y Minas se filtró por
Internet y llegó a manos de los dirigentes del FADMA. Quienes convocan
tres días después, el 19 de marzo, a una Asamblea Popular en el valle en
el lugar denominado el Arenal, al sentirse burlados por la SPCC, con
las omisiones y fallas del IEA . Ahí acuerdan llevar a cabo un nuevo
Paro.
Tercer Paro indefinido.
El 20 de marzo del 2011 y días siguientes despliegan violentas
protestas. El violento choque con la policía dejó en aquella oportunidad
tres pobladores muertos: Néstor Cerezo (31 años), Aurelio Huarcapuma
(50 años) y Andrés Taipe (22 años); así como medio centenar de heridos.
Ante todo ello el gobierno de Alan García (2006-2011) se ve forzado a vetar al primer EIA por incompleto.
Entre las 138 observaciones de la UNOPS destacan: La ausencia de
estudios sobre el caudal del río Tambo, sobre el cambio climático y sus
efectos posibles, tampoco se explica de manera clara cómo se va a
manejar los pasivos ambientales; igualmente se detectaron errores
metodológicos y vacíos (Gómez, Jesús 2009).
Durante los primeros años del actual gobierno de Ollanta Humala
(2011-2015) el conflicto estuvo mayormente congelado. La Southern en
esta etapa encarga a otra consultora, Geoservice Ingeniería SAC, la
realización de un segundo EIA a fin de subsanar las observaciones de
la UNOP. Este estudio, duró 9 meses y recibió 73 observaciones por
parte del MINEM.
Finalmente el 4 de agosto del 2014 el mencionado organismo por
Resolución Directoral N°392-2014-MEM/DGAAM, aprueba al segundo estudio
de impacto ambiental.
Manuel Pulgar Vidal Ministro del Medio Ambiente en un programa
televisivo declara que: las observaciones planteadas se habían subsanado
en el segundo EIA. Agregando que el proyecto no se asentará en
ninguna área agrícola, y que el agua a utilizar no provendrá del
acuífero del Tambo sino del mar, previo proceso de desalinización. En
suma, para el ministro del sector se habrían superado los principales
vacíos y fallas presentados en el primer estudio de impacto ambiental.
En el año 2015, como consecuencia de la aprobación estatal del segundo
EIA, se abrió la compuerta para el inicio de la fase de explotación
minera del proyecto. Empero el FADMA cuestiona este segundo IEA pues a
juicio de sus líderes y asesores:
1) No registra el estudio de factibilidad de la Planta desalinizadora.
2) No detalla el manejo de los impactos ambientales, de los desechos
contaminantes por el incremento de la extracción del mineral.
3) Los puntos de monitoreo de calidad del aire se encuentra a 5.5 y 11
km de los tajos del proyecto. La distancia no permitiría medir
correctamente si hay o no una contaminación de la mina en la población y
áreas de cultivo. Reclaman que sea la UNOPS La que levante las
observaciones. Ante la negativa del Gobierno a su pedido el FADMA
declaran un nuevo Paro.
Cuarto Paro Indefinido.
Este representa un punto alto en la agudización del conflicto social.
El 4 de abril del 2015 Richard Ale Cruz, alcalde provincial de islay,
Helard Valencia alcalde de Cocachacra y José Ramos, alcalde de Punta
Bombón con pancartas y banderolas iniciaron una marcha de sacrificio de
dos días hacia la ciudad de Arequipa. A su llegada conversaron con la
Gobernadora regional Yamilia Osorio, quien señaló que ya estaba pactada
una cita con representantes del poder ejecutivo para encontrar una
solución favorable a la confrontación social.
Paralelamente el Gobierno de Ollanta Humala envía más de dos mil
policías para evitar más revueltas. Según el diario Decano del país
aquello no funcionó: “20 personas resultaron heridas por perdigones y
bombas lacrimógenas durante los primeros días de la protesta”.
Julio Morriberón, jefe de relaciones interinstitucionales de la empresa
minera, frente a las nuevas protestas enmarcadas en el cuarto Paro
indefinido anunció la cancelación de Tía María, y su retiro del Valle,
acuñando un nuevo término: “terrorismo anti minero” para calificar a los
opositores a Tía María; echando con ello más gasolina al fuego. Horas
después Oscar Gonzáles presidente de la SPCC desde los Estados Unidos
rectificó el anuncio afirmando: La Southern se queda, lo mismo aseveró
Rosa María Ortiz la Ministra del sector energía y minas. Parecería una
estrategia de la empresa para presionan al Gobierno a intervenir de
manera contundente a favor de Tía María.
Confusión y exacerbación de ánimos entre productores y líderes agropecuarios.
El nuevo Premier Pedro Cateriano el 14 de abril del 2015 llega a
Mollendo para ayudar a legitimar la mesa de diálogo entre las fuerzas
en contienda, de un lado pobladores de Tambo y, de otro, la empresa
minera y sus aliados. Ese día durante la conferencia de prensa: acusa de
delincuentes a quienes protestan con actos violentos. Buscando calmar
la presión de los poderes fácticos, atentos al inicio del Proyecto,
agregando a la prensa que de todas maneras iba el proyecto subrayando
que:
“No podemos darnos el lujo de rechazar Tía María”. El Perú requiere de ingresos y crecimiento económico.
A lo que los agricultores responden pero también nosotros queremos una agricultura y ganadería sana con desarrollo sostenible.
El presidente Ollanta Humala por su parte manifiesta que la población de
Tambo debía de dar una oportunidad al proyecto minero. Cuatro años
atrás, en plena campaña electoral en el mismo valle de Tambo, el
candidato Humala había ofrecido a los agricultores proteger sus tierras
frente a cualquier amenaza.
Las protestas prosiguen en Arequipa. El Diario “El Comercio” del jueves
16 de abril del 2015 coloca como titular: “El Gobierno intenta imponer
su autoridad en Tía María”. Seguido del subtítulo: Tres manifestantes
fueron detenidos. Al día siguiente es apresado el líder Jesús Cornejo de
la organización política de izquierda “Tierra y Libertad” y presidente
de una de las juntas de usuarios del valle. 24 horas después es
liberado.
El lunes 20 de abril un grupo desconocido atacó con piedras a una radio
local en la que se hacía propaganda favorable al proyecto minero. Por
momentos las cosas parecen salirse de su cauce. Aparecen turbas
violentistas. Hay acusaciones de hostigamiento a quienes están a favor
de la Southern.
Para el miércoles 22 de abril se convoca un Paro regional preventivo de
24 horas en Arequipa. La policía destaca cinco mil agentes para evitar
el bloqueo de las carreteras. Resultado un agricultor muerto y docenas
de heridos. Los jefes policiales responsables del operativo son
relevados del mando. Videos confirman que un agente sembró armas a un
agricultor y lo golpeó estando inmovilizado, miles de personas lo vimos
por televisión.
Ministro del interior, José Luis Pérez Guadalupe, declara que ya está
identificado el agente agresor, el cual pertenecería a la Dirección de
Operaciones Especiales (DIROES) y que es el mismo que reprimió
brutalmente a los pobladores de Pichanaki cuando protestaban en las
calles de ese centro urbano amazónico contra la empresa Pluspetrol, con
el saldo de un poblador muerto.
El lunes siguiente, 27 se abril, una bulliciosa marcha de protesta,
integrada por cientos de pobladores del cono norte de la ciudad de
Arequipa, recorre las calles en apoyo al FADMA y a su nuevo Paro
indefinido.
El panorama se oscurece y la solución al diferendo, vía conciliación, se va esfumando.
El analista Gino Costa en artículo publicado por el Diario El Comercio
en abril del 2015 señala que hace cuatro años el 90% de la población
del valle estaba a favor del proyecto. Actualmente solo el 30% o 40 %.
Para Marco Arana dirigente de Tierra y Libertad sería sólo el 10%
quienes aprueban el Proyecto minero. En suma la opinión de la gente del
valle habría cambiado y la postura del gobierno endurecida, temeroso de
perder una fuerte inversión en momentos de menor crecimiento de la
economía nacional.
Durante esos días La Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP) en un comunicado público apoya la protesta y exhorta al Gobierno a
no reprimir. Jóvenes universitarios marchando en el centro de la ciudad
Lima expresan su solidaridad con los pobladores de Tambo.
Por su parte Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía no se queda atrás y señala que: “El
presidente Humala respalda a
“Tía María” pero no es contundente”. Diario” El Comercio”. Entrevista de Mariella Balbi el 26 de abril del 2015.
El ejecutivo evalúa la declaratoria de Estado de emergencia por 30 días.
Por su parte la Federación de Trabajadores de la ciudad de Arequipa
llama a sus afiliados a un paro en apoyo a los agricultores de Tambo el
lunes 27 de abril. Día en que una bulliciosa marcha integrada por
cientos de pobladores del cono norte de la mencionada ciudad. En la
capital del país una movilización en contra del proyecto minero Tía
María terminó con un enfrentamiento con la policía.
El policía Alberto Vásquez Durand (52 años), herido con piedras y palos
en el cráneo es llevado de urgencia al hospital fallece horas después
de contener una de las manifestaciones encabezadas por jóvenes que se
hacen llamar espartanos y cierta presenta los rebautizó como
espartambos; cuyas armas ofensivas son piedras, ondas, huaracas palos y
escudos rústicos frente a tanquetas y helicópteros, bombas
lacrimógenas, rifles, perdigones y balas, policías con cascos, varas y
escudos acrílicos. Clara asimetría entre los contendores.
En esas circunstancias se propala un audio donde se escucha al líder
Pepe Julio Gutiérrez en negociaciones secretas con un abogado que
prestó servicios a la Southern exigiendo un millón y medio de dólares
para él y otros dirigentes máximos, a fin de acabar con la revuelta. El
líder del Frente de Defensa desmiente la autenticidad del video y se
declara perseguido político.
Los otros alcaldes involucrados en el video públicamente señalan no
tener nada que ver con el supuesto soborno. Finalmente Marco Arana
reconoce la veracidad del audio. Es un duro golpe a la legitimidad de la
protesta y al grupo político Tierra y Libertad al que pertenecía Pepe
Julio, del cual a los pocos días fue separado. Después es apresado y
sometido a la justicia.
La empresa minera a través de un comunicado niega estar en contacto con
Pepe Julio Gutiérrez y, mucho menos haberle ofrecido dinero. La Ministra
del sector suspende las conversaciones con la Southern hasta que no se
aclare la denuncia de negociado entre la empresa y algunos dirigentes
del FADMA.
A continuación viene un Paro regional y otro Macro regional del Sur,
este último se inició y se condujo sin violencia. Hubo movilizaciones
en seis regiones sureñas y en Cajamarca; solo en Cuzco no se registró
ninguna protesta.
Si bien hay ciertos antecedentes en Puno de una expansión territorial
de los conflictos locales vinculados a la protesta anti minera (Cavero
(2014), al parecer con tía María se inaugura en el país un paro Macro
regional contra la gran minería.
En estas circunstancias el Gobierno emite un decreto permitiendo al
Ejército participar en la contención de la protesta. El domingo 10 de
mayo es un día de calma en Islay tras 50 días de Paro. A la mañana
siguiente se reanudan las manifestaciones y enfrentamientos con la
policía, continúa la violencia y los heridos. El 22 de abril del
presente año buena parte de Arequipa paraliza en apoyo a los
agricultores de Tambo. A la salida de Cocachacra, a la altura del
estratégico puente Pampa Blanca, la policía contiene a grupos de
manifestantes. El resultado:22 heridos. El agricultor Victoriano Huayra
de 62 años recibe un balazo en la pierna, camino al Hospital fallece.
ElMinistro del Interior sospecha que el autor es uno de los policías de
la DINOES (Dirección de Operaciones Especiales) con antecedentes
represivos a las propuestas populares como sucedió en Pichanaki en la
selva central. Al día siguiente los jefes policiales son relevados de la
región sureña.
A los 32 días del Cuarto Paro indefinido, 70 personas, entre pobladores y policías, resultaron heridos y un agricultor muerto.
Al iniciarse el mes de mayo del 2015 se vuelve, al igual que el año
2011, a un nuevo impasse. Nadie cede. Ninguno cree en la palabra del
otro. Los más radicales del movimiento de pobladores se oponen al
diálogo. Consideran no lleva a nada pues simplemente ellos no desean
ningún proyecto minero en la zona que de una u otra forma va a dañar
al medio ambiente.
Finalmente, ante la incapacidad de la policía de controlar la respuesta
popular el Gobierno de Humala decide el 10 de mayo del 2015, luego de 50
días de Paro Indefinido, la intervención del Ejército. Y van seis años
de protestas e incertidumbre, con muertos heridos y múltiples daños
materiales, económicos, pérdida de clases en los colegios. El 12 de mayo
del 2015 la Federación de trabajadores de Arequipa convocó a un Paro
regional en solidaridad con los pobladores de Tambo que terminó
igualmente con muertos y heridos. Luego de ello el Presidente Humala se
ve forzado a dirigirse a la nación señalando que la Southern es la
indicada a decir si se hace o no una pausa para frenar la violencia.
Abdica de su autoridad, y muestra, una vez más su falta de liderazgo.
El presidente Ollanta Humala el día 15 de Mayo en cadena nacional se
dirige al país señalando, en un vago e impreciso mensaje, que reafirma
el Estado de derecho y la necesidad de hacer respetar los compromisos
institucionales asumidos, por último que el Estado no puede tomar una
decisión unilateral y pide a Southern generar “las bases de
entendimiento”.
Con ello abdica de su autoridad, responsabilidad y liderazgo, A las
pocas horas la empresa minera a través de la voz de su presidente Oscar
González Rocha desde los Estados Unidos, anuncia un intervalo o pausa
para oír a las partes en un plazo razonable.
El día 18 de mayo el Grupo México ,en comunicado pagado, declara que:
“La empresa se ha asegurado paso a paso obtener todas y cada una de las
autorizaciones requeridas y de incluir a las comunidades a través del
Procedimiento de Participación Ciudadana compuesto, entre otros
mecanismos, por talleres participativos, oficinas de información,
publicaciones y audiencia pública. Agregando que desconoce cuales
pudieran ser los intereses del grupo de activistas que se oponen al
desarrollo económico y social de la región de Arequipa”. Diario “El
Comercio”. 18 de mayo del 2015.
El 22 de Mayo Ollanta Humala declara el Estado de Emergencia a la
provincia de islay por 60 días. La tensión disminuye. El conflicto
parece encapsularse. Posteriormente el campo de batalla se traslada a
los medios de comunicación. Y a las conversaciones cerradas entre altos
funcionarios del Estado y la empresa transnacional.
Manifestaciones contra Ollanta Humala durante su estadía en el mes de
junio en la ciudad de Bruselas, asistentes europeos y peruanos
reivindican la aspiración de los pobladores de Tambo.
La SPCC inicia una millonaria campaña de lavado de imagen, coloca videos
publicitarios en la televisión y avisos pagados en los periódicos
donde subraya la superación de las observaciones. Su objetivo ganarse a
la opinión pública y deslegitimizar la protesta al pues colocan como
intransigentes a los pobladores. La empresa ya no los llaman terroristas
anti mineros sino activistas anti desarrollo. Para así hacer pasar su
interés particular empresarial como general de toda la región de
Arequipa. Ellos serían los puntuales del Desarrollo. El ingeniero Hugo
Rivera al ser entrevistado en un programa televisivo cuestiona la
veracidad de algunos puntos señalados por el segundo IEA.
Paralelamente el JNE entra a tallar en el conflicto al vacar al
alcalde de Dean Valdivia Jaime De La Cruz. Y sacarlo fuera del juego
opositor a Tía María.
VII. ANALISIS y CONCLUSIONES
No habido en el Valle de Tambo intermediarios políticos de los partidos
nacionales, tampoco fuertes y reconocidos sindicatos razón por la cual
las demandas de los productores agropecuarios se han canalizado, como
en otros lugares del país, a través de un expresamente creado FADMA. El
partido nacionalista, uno de los ganadores en las elecciones
presidenciales ha brillado por su ausencia en el valle.
La acción colectiva ha sido reactiva frente a lo que los agricultores
consideran una amenaza a sus formas, medios de vida y trabajo por parte
del Proyecto Tía María de propiedad de la empresa Southern, la cual
carga con una historia negra en términos de pasivos ambientales. No
solo en el país sino también en otras latitudes (Bayer 2015). El temor
también a un poder total por parte de la empresa en el valle que haga
impensable un acto imparcial de justicia. Esto es, parafraseando al
sociólogo Francisco Durand (2015) se estaría frente al llamado Gobierno
minero. También habría preocupación por el aumento del costo de vida
incluyendo el salario agrícola que traería la explotación cuprífera.
Como estrategia de lucha el FADMA movilizó un conjunto de recursos y
construido comités, establecido alianzas con municipios, juntas de
usuarios de riego, ONG, etc. Para enfrentar lo que ellos consideran un
peligro para su supervivencia.
Por su parte la empresa minera manejó diversas estrategias. En principio
de convencimiento a la población vía talleres, audiencias, boletines,
oficinas de información, publicaciones, sustentando las bondades del
Proyecto, Todo ello le sirvió para captar a grupos favorables al
Proyecto pero nunca mayoritarios ni fijos. Los sistemas de comunicación
de la SPCC no funcionaron adecuadamente. No logran mantener la inicial
opinión favorable al Proyecto minero, como lo acredita José Luis
Follegati coordinador del diálogo minero, mencionado por Gino Costa en
su artículo “Para salvar Tía María” publicado en el Diario “El
Comercio”.
Luego la estrategia de la empresa cambia por acercarse más al Gobierno y
buscar el desgaste y agotamiento del bloque opositor.
Empero la confrontación violenta de los pobladores con la fuerzas del
orden, con muertos y heridos, debilita aún más la imagen devaluada de
la empresa, de por sí negativa por sus pasivos contaminantes,
polarizando el escenario y llevando más adeptos al grupo opositor al
proyecto minero y el diálogo en las alturas con el Gobierno.
Lo que comenzó como un conflicto de baja intensidad dura más de seis
años con varios momentos de elevada conflictividad con un saldo elevado
de muertos, heridos, daños económicos e inmateriales como la pérdida
de clases escolares. Una de las explicaciones de ello es el temor de la
población a que la empresa vía Proyecto minero ocasione daños al medio
ambiente, sus chacras y posteriormente no actúe de manera correcta con
ellos. Poniendo en interrogante el futuro de sus vidas y recursos. Son
sus propias percepciones lo que determinan las conductas de estos
actores. Y no la manipulación de sus mentes por grupos activistas anti
mineros como insinúa la empresa, o “gente que hace barbaridades pero no
representan a Arequipa” como aseveró el Obispo Javier del Río Alba,en
una de sus homilías de los domingos en la Catedral de la ciudad Blanca.
Todo ello contribuye a que la acción colectiva se amplíe como un reclamo
de ciudadanía, de ser tratados como peruanos con deberes y derechos.
Pues hay quienes piensan y actúan como en la época de las haciendas,
que se vendían o alquilaban las tierras conjuntamente con los
trabajadores agrícolas.
El Estado finalmente a mediados del 2015, no sin algunas asperezas,
selló de manera abierta su alianza con la empresa inversora al
enfrentar con su aparato represivo a los productores agrarios de Tambo y
declarar estado de emergencia en la provincia de Islay
Como escribió la periodista Marisol Grau de la Revista Somos:
“Tía María resume una cadena de errores y desconfianzas; así como un
Estado torpe en prevenir y arreglar conflictos sociales”. A lo que
nosotros agregamos envueltos en un cerro de mentiras como apreciamos en
el anexo.
Entonces el poblador agricultor tambino se pregunta por qué debo
creerles a todos ellos.¿Por qué y para qué debo dialogar?
La fe en las palabras y en las instituciones se ha perdido. Las
instituciones fallan y se incumplen los compromisos pactados. Abonando
con ello a la desconfianza e incredibilidad de la población. Está muy
sensible, enardecida declara por radio el Alcalde José Ramos. El
periodista Nicolás Lúcar se dirige al valle a efectuar entrevistas y
declara por TV: “La población está indignada. Existe un sentimiento de
irrespeto por parte del gobierno y la empresa”. Hoy en Arequipa se
respira más incertidumbres que certezas. Se ha acumulado
resentimientos. La clase política está ausente ¿o será que no existe?
En Tambo ha habido un cierto patrón común con otras protestas en nuestro
país frente a la presencia minera. Liderazgos de los alcaldes y
presidentes de las Juntas de regantes y cconstitución de Frentes de
Defensa como ejes articuladores de diversos intereses amalgamados a
través de la acción colectival.
Conflictos cuestión de orden o de confianza escribe el ex Defensor del pueblo Walter Albán (Diario “El Comercio” 7/5/15).
A nuestro juicio la confianza se construye en el tiempo no cae del
cielo. Menos en 60 días como plantea la SPCC. Lo que suena más como una
salida política para cubrirle las espaldas al Gobierno.
Víspera de un año electoral donde se elegirá al nuevo Presidente de la
República y congresistas nacionales será el nuevo gobierno quien tendrá
la palabra.
Lo que queda claro en el valle es que no se ha respetado el derecho de
la población de decidir propio su destino, escoger el camino del
desarrollo agropecuario.
Fueron tratados por el Estado y la empresa minera como ciudadanos de
segunda categoría, o de bala intensidad como caracteriza Naciones
Unidas. Y cierta prensa como: minusválidos que se dejan arrastrar por
anti mineros profesionales y trasnochados ambientalistas. La
simplificación burda de quienes únicamente quieren seguir viviendo en y
del campo.
La pregunta de fondo es quién ganó en esta dura y dolorosa
confrontación social. A nuestro juicio hasta junio del 2015 el Gobierno
y la empresa terminaron como los grandes perdedores.
Concordamos con el sociólogo italiano Alberto Melucci cuando escribe:
“Debemos desertar la idea que los dilemas pueden resolverse de una vez y para siempre” (1999:42).
En efecto la contienda se ha trasladado hoy a otras esferas.
Abiertamente en la de la comunicación. Para la empresa el problema se
reduce a que no han sabido comunicarse bien con la población. Tremenda
simplificación y error.
En efecto la SPCC en el mes de julio de este año 2015 inicia
diariamente una millonaria campaña de lavado de imagen a nivel nacional.
Coloca videos publicitarios en la Televisión, la radio y periódicos
donde subraya que las observaciones de la ONUP han sido superadas. El
objetivo implícito deslegitimizar la protesta, pues de esta manera
colocan como intransigentes a los pobladores contestarios.
Paralelamente el Jurado Nacional de Elecciones, organismo del Estado,
entra a tallar al vacar al alcalde de Dean Valdivia Jaime de La Cruz y
sacarlo fuera del juego opositor al proyecto Tía María.
Vea el estudio completo (Anexos y bibliografía) en:
Blog asociado IPROGA
