Andenes: cuando el pasado, el presente y el futuro se encuentran
Artículo escrito por Ricardo Marapi (CEPES), para La Revista Agraria
¿En qué se
parecen Perú y China? En el renovado interés que en la actualidad tienen
en el potencial de las terrazas agrícolas, popularmente conocidas en
nuestro país como andenes. En 2010, la República Popular China realizó
el Primer Congreso Mundial de Terrazas en las montañas Ailao, donde aún
existe este milenario sistema. No es casualidad que el Perú sea el
organizador del Segundo Congreso Mundial en mayo del próximo año, 2014.
Si una potencia económica como China está interesada en la ancestral
tecnología de los andenes, entonces suena lógico e inteligente que
nosotros también le demos la debida importancia.
La relevancia de los andenes en el siglo XXI
En medio de
una incesante modernización tecnológica de la agricultura (incluso, con
sorprendentes sistemas de riego computarizados) y de una tendencia
mundial hacia la agricultura de gran escala en neolatifundios, uno se
puede preguntar si vale la pena seguir apostando por los andenes.
Estamos hablando de construcciones preincaicas que estuvieron
abandonadas y descuidadas durante muchos siglos, tanto por las
comunidades como por los diversos gobiernos de turno. ¿Vale la pena
recuperar los andenes?
La respuesta
es un categórico sí. El milenario sistema de andenes se adapta a la
perfección a la accidentada geografía que caracteriza a la sierra
peruana, llena de quebradas y de terreno irregular. «El Perú no es
Argentina. No somos una pampa. La tecnología de las terrazas agrícolas
es una respuesta a las condiciones geográficas de zonas de montaña,
donde no hay suficientes terrenos planos.
Eso está
demostrado», dice la ingeniera agrónoma Carmen Felipe Morales, doctora
en ciencias del suelo y especialista en el tema de los andenes.
Sobre el
potencial de los milenarios andenes, la tendencia mundial es combinar
esta antigua tecnología con los actuales y modernos sistemas agrícolas
—por ejemplo, el riego por goteo— y con los que se vayan a inventar
próximamente: el encuentro del pasado, el presente y el futuro. La
ingeniera Felipe Morales manifiesta que, si bien es cierto existen
nuevas y sofisticadas tecnologías que permiten cultivar en desiertos,
sería un error asumirlas para dejar de lado los andenes. «Construir
andenes requiere un esfuerzo grande.
Pero eso ya
está hecho desde hace siglos. Entonces, recuperarlos y mantenerlos sería
una respuesta inteligente. Necesitamos estrategias que combinen la
tecnología prehispánica y las modernas», opina.
Los andenes como respuesta al clima
La
incertidumbre que nos genera el cambio climático mundial se vuelve
también un factor importante para la relevancia de los andenes, que se
convierten en una excelente respuesta de adaptación. El ingeniero
Antonio Lambruschini, uno de los funcionarios especialistas en andenes
del programa Agrorural, del Ministerio de Agricultura, Minag, explica
que «es un hecho que los antepasados utilizaron los andenes no solo como
un mecanismo para ampliar la frontera agrícola, sino también como un
sistema para adaptarse a los fenómenos del clima».
Por ejemplo,
mediante los andenes se pueden reducir las posibilidades de caída de
huaicos y también la erosión de los suelos. Lambruschini asegura que en
laderas muy empinadas los suelos se degradan muy rápido y por ello
necesitan descansar de 5 a 7 años para volver a producir. «En cambio,
utilizando los andenes se evita la degradación del suelo por erosión.
Esto nos permite evaluar que, efectivamente, nuestros antepasados los
construyeron pensando en esto. Otro aspecto importante es que permiten
un uso racional y más eficiente del agua ante la posible escasez de este
recurso», destaca Lambruschini.
Sin embargo,
los efectos del cambio climático ya están haciendo estragos en las
terrazas. Las recientes y sorpresivas lluvias torrenciales que se
produjeron en Arequipa y Cusco destruyeron, por ejemplo, 85 metros
lineales de andenes de la época inca, en la microcuenca de Patacancha,
en el Parque Arqueológico de Ollantaytambo. Más de un millón de
hectáreas de andenes1 que existen en nuestro país están en constante peligro.
El cambio
climático también está afectando las fuentes de agua que alimentan a las
terrazas. «En los últimos años, en efecto, han disminuido los glaciares
y se han deteriorado algunas fuentes de agua. La mayoría de andenes
cuentan con la posibilidad de buscar la fuente de agua que los
abastecía, pero se necesita ubicar esa fuente y ver cómo llevarla hasta
las terrazas andinas», explica el funcionario de Agrorural.
El proyecto piloto en Matucana: una mirada integral
Desde hace
quince meses, el programa Agrorural está ejecutando un proyecto piloto
de recuperación de andenes en cuatro anexos del distrito de Matucana, en
la sierra de Lima, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). En dicho piloto se está utilizando el sistema de los núcleos
ejecutores para identificar y organizar a las familias del distrito.
Cada núcleo ejecutor está conformado por grupos de treinta familias, y
junto con ellas se están realizando los trabajos de recuperación de
andenes.
Sin embargo,
Agrorural esta contemplando este proyecto piloto de manera integral, es
decir, no solo la recuperación física de los andenes dañados, sino
también otras actividades previas y paralelas para que los agricultores
puedan aprovecharlos al máximo. Esto implica, en primer lugar, asegurar
la dotación de agua. El ingeniero Luis Masson Meiss, quien ha estudiado
esta ancestral tecnología durante varias décadas, es categórico respecto
a la importancia del agua. «Si no hay agua para regarlos, es difícil
que los andenes reconstruidos puedan ser productivos. Siempre tiene que
haber un abastecimiento de agua, especialmente en la vertiente
occidental y en la sierra central o interandina», afirma.
Por esta
razón, Agrorural ha reparado más de 3,500 metros de canales de regadío
en Matucana, con la finalidad de mejorar la disponibilidad de agua.
Igualmente, los andenes han sido modernizados con un sistema de riego
por aspersión, a fin de realizar una mejor gestión del agua de riego.
Para solucionar los problemas de carencia de fuentes de agua, Masson
recomienda la construcción de pequeños reservorios en zonas próximas a
los andenes.
Todos estos
trabajos significan la intervención de una mano de obra permanente, la
cual es asumida por los agricultores de la comunidad como la retribución
o contraparte que ellos entregan al proyecto. El ingeniero Luis Masson
insiste mucho en que la intervención del gobierno no sea vertical, sino
que debe promover desde el inicio la participación de las comunidades.
«Las ideas se exponen, no se imponen. Hay que motivar y convencer a las
comunidades, porque las cosas impuestas generalmente no llegan a buen
término», advierte Masson.
Un eje
importante del proyecto piloto de andenes en Matucana es la
comercialización, y el objetivo es vincular a los agricultores con
ciertos nichos de mercado. Eso significa que algunos agricultores
debieron cambiar de cultivos por otros con mayor potencial comercial. El
ingeniero Lambruschini, de Agrorural, afirma que ya se pueden ver los
primeros resultados de la intervención en Matucana, especialmente entre
los productores que se dedican a la floricultura. «Las nuevas variedades
de flores que se han incorporado, como gladiolos, hortensias y rosas,
están dando muy buenos resultados en el mercado.
Las familias
tienen un mayor ingreso porque esas variedades tienen mejores precios»,
revela Lambruschini. El proyecto piloto también tiene el objetivo de
fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad, pues han fomentado
la siembra de hortalizas en los andenes; por ejemplo: lechugas, rábanos y
coliflor. Gran parte es para autoconsumo, y un pequeño excedente va a
los mercados locales.
Costos-beneficios de recuperar los andenes
La inversión
económica que ha realizado Agrorural con el financiamiento del BID, por
cada núcleo ejecutor de Matucana, es de aproximadamente S/.400 mil
desde que se inició el proyecto, hace quince meses. Es un fondo
no-reembolsable que recibe cada núcleo ejecutor y que han utilizado en
la mejora de los canales de riego, de los mismos andenes, la instalación
del riego por aspersión, la compra de semillas, el pago a los técnicos e
investigadores residentes, etc. El ingeniero Lambruschini afirma que la
mano de obra de la comunidad también se ha valorizado, y Agrorural
realiza acompañamiento y orientación en la ejecución de ese fondo por
parte del núcleo ejecutor, conformado por treinta familias.
El objetivo
de Agrorural es que esta cifra (S/.400 mil) —muy alta e inmanejable para
las comunidades campesinas— se reduzca en futuros proyectos piloto que
se realizarían en Moquegua y Arequipa. Se debe recordar que, en 1999, un
estudio de Efraín Gonzales de Olarte y Carolina Trivelli2,
actual ministra de Desarrollo e Inclusión, encontró que los costos para
recuperar solamente una hectárea de andenes fluctuaban entre US$1,993
en la provincia de Yauyos (Lima), US$2,990 en el Valle Sagrado del Cusco
y US$3,985 en la provincia de Cajamarca. Obviamente, esos costos son
muy altos y representan una seria barrera para las comunidades
campesinas.
El mismo
estudio, sin embargo, analizó la necesidad de que una fuente externa
asumiera los costos de la recuperación de los andenes, debido a los
beneficios de asegurar la tierra y una mayor producción para los
campesinos más pobres. De esta manera, el estudio planteaba la
recuperación de esta tecnología como un objetivo crucial de lucha contra
la pobreza: más tierra, y cultivada más intensamente, para los pobres.
Además,
existe un gran potencial para desarrollar el turismo vivencial en las
comunidades. El ingeniero Lambruschini, de Agrorural, asegura que el
turismo significa una buena alternativa económica y adicional para la
población de Matucana. Es decir, que con los programas de recuperación
no solamente se gana una mayor área de cultivo, sino que también se
produce una serie de efectos ambientales y económicos positivos, que
justifican una decidida inversión gubernamental.
Es vital,
entonces, que el gobierno de turno promueva con mayor fuerza los
programas de recuperación de las terrazas andinas, no solo utilizando el
financiamiento externo del BID, sino también destinando el presupuesto
interno para desarrollar más proyectos piloto en otras partes del país.
La gastronomía peruana ya se ha interesado en una alianza estratégica
con las comunidades para sembrar novedosos cultivos en los andenes y
convertirlos en actores protagónicos del actual boom gastronómico3.
Ya es hora de que los peruanos y sus autoridades volteemos a mirar a la
sierra peruana, y qué mejor que empezar por la recuperación de nuestros
milenarios andenes.
Notas
1
El inventario nacional de andenes realizado en 1996 por el Instituto
Nacional de Recursos Naturales (Inrena) indica que en el Perú existen
256,945 hectáreas de andenes. Esta cifra aumenta a un millón si se
incluyen los llamados «andenes populares» o terrazas de tierra.
2 Efraín Gonzales de Olarte y Carolina Trivelli (1999). Andenes y desarrollo sustentable. Lima: IEP.
3 «Recuperar las terrazas andinas: el nuevo reto de la alianza cocinero-campesino». La Revista Agraria 144, setiembre de 2012.
Comentarios sobre la crisis del agua en Túnez
Los ¾ de Túnez son semiáridos o áridos Consecuentemente, Túnez ha estado siempre confrontado a unos recursos de agua limitados. Sin embargo, la grave crisis de agua, que sufre Túnez actualmente, tiene causas relativamente recientes : el desarrollo de un mal uso del agua, una gestión pública del agua y un saneamiento en parte deficiente, y una creciente dificultad de financiación. Los países que están en esta situación son presas fáciles para las empresas privadas extranjeras. Así, los servicios de agua y de saneamiento de varias grandes villas marroquíes (Rabat, Casablanca…) han sido privatizados hace varios años. E, incluso si Veolia ha tenido que abandonar Marruecos recientemente, no hay una tendencia de retorno o un refuerzo de la gestión pública del agua. En Túnez, después de la caída de Ben Ali, la idea de privatizar la producción y distribución del agua potable (servicios asegurados hasta la fecha por la SONEDE, sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura) ha sido discutida en el seno del nuevo gobierno. Las empresas privadas como Veolia y Suez han practicado un fuerte lobbyng a los miembros del gobierno y de los representantes de las colectividades locales. La privatización, por el momento, ha sido aplazada, pero ¿hasta cuándo? Túnez es muy atractivo para las empresas privadas extranjeras, teniendo en cuenta la mano de obra a bajo precio y la ausencia de impuesto sobre los beneficios. El proyecto de transformar Túnez en un centro financiero para el sur del Mediterráneo a imagen de lo que se ha hecho en Isla Mauricio para el Océano Indico, incrementa este atractivo.
Los malos usos del agua
Los malos usos del agua en los dominios agrícola y turístico provocan una salinización secundaria muy importante de los suelos y de las aguas.
Túnez ha sistematizado la utilización de agua, proveniente de estaciones de depuración, para la irrigación agrícola. Pero, en las condiciones de fuerte evapotranspiración propias de Túnez, una irrigación sin control con un agua depurada ya cargada de sal y metales pesados, unida a la utilización de lodos de depuración insuficientemente tratados, solo puede degradar la calidad de los suelos y del agua. Es lo que ocurre actualmente. Antes de la caída de Ben Ali, se había incluso tratado un proyecto de producción de biocarburantes en una zona semiárida, que habría utilizado grandes cantidades de agua depurada cargada de sal y metales pesados, mientras que Túnez no es autosuficiente en el plan agrícola e importa una gran parte de su alimentación. Frente a esta situación, los laboratorios del centro de biotecnología de Borj Cedria y otras instituciones exploran los recursos fitogenéticos locales para identificar las plantas (particularmente las forrajeras) , que necesitan poco agua y que poseen una buena tolerancia a la salinidad y a otras tensiones producidas por la salinidad y/ o la sequía y trabajan también por la puesta a punto de técnicas biológicas prometedoras para la desalinización y la rehabilitación de los suelos salinizados.
El desarrollo de un turismo a lo occidental en los oasis del sur de Túnez también tiene consecuencias desastrosas sobre los recursos del agua. El consumo de agua en los hoteles de lujo de los oasis agota unos recursos que ya de por sí son débiles. El vertido de aguas usadas en ecosistemas tan particulares, como lo son los oasis, provoca la salinización y la contaminación de los suelos y de las aguas, con consecuencias dramáticas para los agricultores.
Además, parece que ha comenzado la explotación de gas de esquisto en varias regiones pobres en agua, como la región de Kérouan y el agua utilizada para la fracturación hidráulica proviene, claro está, de las estaciones de depuración.
Una gestión pública del agua y saneamiento, en parte, deficiente
La SONEDE (Société Nationale d’Exploitation de Distribution des Eaux) anuncia una tasa de 100% de conexiones para el agua potable en zonas urbanas y de 94% en zonas rurales. De este último tan solo un 47% le corresponde a la SONEDE, el resto corresponde a conexiones colectivas aseguradas por los Grupos de Desarrollo Agrícola (GDA).
El agua potable parece ser de calidad mediocre y contiene mucho cloro, lo que usualmente indica una falta de confianza en el proceso de potabilización del agua y en el estado de las infraestructuras. Una auditoría de la fiscalía tunecina ha indicado, recientemente, que el agua potable generada por la SONEDE no respeta más que 30% de las normas de calidad establecidas. Por ejemplo, en muchas regiones, la salinidad sobrepasa el 2 g/l, cuando el límite máximo permitido es de 1,5 g/l. Paralelamente, el consumo de agua embotellada crece continuamente a pesar del precio elevado.
Un sector importante de la población considera la factura de agua – que acaba de sufrir un reajuste- como muy elevada.
En una zona rural, en dónde existen numerosas fuentes de agua, los pozos construidos por la población han sido tapados por los servicios públicos bajo pretexto de falta de control de calidad del agua. Los habitantes no tuvieron otra alternativa más que de proveerse del agua contaminada de un río cercano.
Numerosos casos de clientelismo y de corrupción para acceder al agua fueron denunciados por los tunecinos durante el FSM. Durante la época de Ben Ali, algunas personas notables ligadas al régimen no pagaban el agua que consumían y algunos propietarios agrícolas se abastecían de agua con pozos ilegales. Esto se ha mantenido de manera escandalosa con el actual régimen ya que numerosos pequeños agricultores se ven en la imposibilidad de pagar el agua para irrigar sus tierras (ver el caso de los agricultores de Mornag, Ben Arous).
Un financiamiento cada vez más difícil
Desde hace varios años la SONEDE es deficitaria, lo que ha provocado un aumento de sus tarifas. La SONEDE da varias razones a su déficit: un congelamiento de las tarifas en 2005 y 2011, el aumento de los precios de las materias primas y de los productos químicos utilizados por el tratamiento de las aguas, el vencimiento del plazo de préstamos consentidos durante los años 1990 para la inversión en proyectos de desalinización.
El déficit de la SONEDE acarrea consigo dificultades en el financiamiento del mantenimiento y la construcción de nuevas vías de conexión, así como de la adecuación a las normas vigentes de las plantas de tratamiento del agua. Bajo estas condiciones se desarrollan los Convenios público privados con las nefastas consecuencias para el consumidor, que conocemos en todo el mundo. Justo antes de la caída de Ben Ali, la concesión de un proyecto para la concepción, la construcción y la explotación por 20 años de una planta de desalinización de agua de mar en la isla de Djerba había sido atribuida al « Grupo Princesse El-Materi Holding » y a la empresa española « Befesa Medio Ambiente Company ». Suez, que forma parte de la lista oficial de los socios de la SONEDE, había denunciado en ese entonces la opacidad de la licitación. Como el « Grupo Princesse El-Materi » pertenecía al yerno de Ben Ali, el contrato fue roto. La SONEDE está buscando actualmente un nuevo financiamiento para este proyecto y podría pasar por un Convenio Público Privado.
El riesgo de la privatización
La inestabilidad política, la crisis económica y la deuda del Estado paralizan las políticas públicas, una de ellas, la del agua.
El acuerdo con el FMI va a volver a levantar la cuestión de la privatización de la SONEDE más allá de los convenios público privados. El FMI acopla siempre la obtención de sus préstamos con la privatización de los servicios públicos.
El documental se centra en el caso del Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua potable del continente americano que comparten Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Advierte que el consumo mundial del agua se incrementa a un ritmo mayor que el crecimiento de la población humana y que en sólo veinte años se transformará en un recurso escaso. Los especialistas predicen dos estrategias. Por un lado, la instalación de bases militares estadounidenses en puntos estratégicos de nuestros recursos naturales, amparados en la reforma mundial del concepto de lucha antiterrorista. Por otro lado, la privatización de las aguas y el servicio de potabilización por el Banco Mundial y los organismos internacionales de financiación.
Megarepresas y sus impactos ambientales
La energía hidroeléctrica
suele considerarse una energía “limpia” o “verde” pero ¿es esto
realmente así? Cualquier persona que se pare ante la inmensidad de
concreto que es la represa de Itaipú no puede más que darse cuenta de
que semejante huella humana debe, forzosamente, tener impactos
sobre el medio ambiente. El hecho de que esta energía no depende del
uso de combustibles fósiles no debe hacernos caer en el error de pensar
que no tiene efectos adversos sobre el ambiente; las energías
llamadas "limpias" nunca son limpias cuando se producen en tan gran
escala ni cuando producen un cambio tan drástico del ambiente, por el
contrario, tienen graves impactos en vidas humanas y ecosistemas
naturales, muchas veces irreversibles.
El área de influencia de una represa incluye no sólo sus alrededores y
el embalse, sino también la cuenca del río, aguas abajo de la represa.
Hay impactos
ambientales directos asociados con la construcción de la represa, pero
los impactos más importantes son el resultado del embalse del agua,
la inundación de la tierra para formar el reservorio, y la alteración
del caudal de agua, aguas debajo de la represa. Estos efectos tienen
impactos directos en los suelos, la vegetación, la fauna, el clima y la
población humana del área. Hay también efectos indirectos que incluyen
los que se asocian con la construcción, el mantenimiento y el
funcionamiento de la represa y el desarrollo de las actividades
agrícolas, industriales o municipales que posibilita la fuente de agua
que representa el embalse de la represa.
A pesar de esto, la cada vez mayor escasez de energía por el inminente
agotamiento del petróleo y otros combustibles fósiles, sumada a la
propaganda de que la hidroeléctrica es “verde”, hace que se planifiquen y construyan cada vez más represas. Cabe mencionar que estos mismos argumentos son los que se utilizan para promover otro tipo de energía: la nuclear.
A pesar de que la energía hidroeléctrica
moderna ya tiene más de un siglo (la primera central hidroeléctrica se
construyó en 1880 en Inglaterra), la conciencia sobre sus impactos
negativos solo tiene algunas décadas (desde más o menos las décadas de
1960-1970). Según Mauricio Schoijet esta concientización tardía se debe a
dos razones: por un lado por una de orden general consistente en que
las preocupaciones de tipo ecológico sólo comenzaron a tener fuerza en
dicha época (o incluso más tarde según el país), y, por otro lado, por
la razón específica relacionada con cómo se ha desarrollado a lo largo
del tiempo la energía hidroeléctrica en el mundo. Esto se refiere al
hecho de que los primeros países en los que se desarrolló esta energía
fueron países de clima frío o templado, con baja densidad de población
en márgenes de ríos y con adecuados servicios y condiciones sanitarios
(como Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos), y que en estos casos
las represas construidas no tuvieron el tamaño monumental de las megarepresas,
como Itaipú, ya que, al ser países desarrollados, urbanizados e
industrializados, con su población asentada establemente, los mejores
sitios para aprovechamiento hidroeléctrico ya se encontraban dedicados a
otras finalidades.
Los efectos negativos de la energía hidroeléctrica
comenzaron a ser percibidos a medida que esta se fue desarrollando en
países tropicales y sub-tropicales dado que en estas regiones las represas
se construyeron con las condiciones opuestas a las mencionadas antes:
clima cálido, malas condiciones sanitarias y alta densidad de población
ribereña. Esta situación, sumada al hecho de que las represas
construidas en países del Tercer Mundo suelen tener dimensiones
monumentales, antes desconocidas, reveló los verdaderos impactos de las represas.
Otro aspecto de gran relevancia es que muchas de estas megarepresas
están construidas en zonas de humedales (por ejemplo, en nuestro país
esto sucede en la región del Delta e Islas del Paraná). Estos
ecosistemas son muy importantes, ya que, entre otras cosas, tienen una
enorme biodiversidad y productividad, actúan como “esponjas” que retienen excesos de agua previniendo inundaciones,
recargan acuíferos y depuran el agua. Los humedales son ecosistemas “de
pulsos”, es decir, su correcto funcionamiento requiere de las
pulsaciones de inundaciones regulares para sobrevivir, por lo que las represas
son especialmente dañinas. En adición a la alteración de su régimen
natural, otro de los impactos más nocivos es el favorecimiento de un
proceso denominado “colmatación” que sucede cuando el agua en la zona de
la represa deja de correr y, aguas arriba, el río original y sus
tributarios siguen fluyendo, pero en un estado alterado, con un flujo
muy lentificado. Esto hace que sedimentos que normalmente se
trasladarían aguas abajo se depositen, haciendo que progresivamente
disminuya la porosidad del suelo. Esto altera la capacidad de absorción
del humedal, causando inundaciones y evitando la recarga de acuíferos y
la depuración del agua.
En nuestro país el problema ambiental de las represas afecta mucho a la
ecorregión de Delta e Islas del Paraná, no sólo por la presencia en ésta
de la represa de Yacyretá, sino también porque Brasil es un país con
una gran “apuesta” a la energía hidroeléctrica, por lo que en el curso
superior del Río Paraná hay un elevado número de represas, que alteran
los tramos medio e inferior del mismo. Esto se ve agravado por el hecho
de que, a pesar de que los impactos de las represas son conocidos, en la
actualidad, hay planificaciones para muchos proyectos hidroeléctricos
nuevos en el área, tanto en Brasil como en nuestro país.
Frente a este panorama, se vuelve especialmente relevante realizar una
reevaluación de los impactos de estos complejos y fomentar una
concientización sobre el costo ambiental que implican para la sociedad.
continúe leyendo el artículo en :
El
retroceso glaciar provocaría más conflictos
sociales:
En los últimos meses se han
difundido varios estudios sobre el retroceso
glaciar en el país y sus consecuencias. Además del
estudio "Estado actual de los glaciares en
los Andes Tropicales" que comentamos en el
nró
anterior de este boletín, también se ha
difundido una investigación sobre el retroceso del
nevado Quelccaya en Cusco (ver
aquí) que advierte que en los últimos 25
años este nevado ha perdido un volumen de hielo
que tardó 1,600 años en formarse. Los científicos
están preocupados por las implicancias que esto
pueda tener en el suministro de agua para uso
humano en las zonas cercanas, sobre todo
considerando que el agua proveniente del deshielo
glaciar es esencial para que las comunidades
altoandinas se abastezcan de agua durante la
estación seca.
Una menor disponibilidad de agua
significará muy probablemente un aumento de los
conflictos sociales. Así lo advierte otro estudio
reciente: Nuevas
geografìas del agua y cambio climático en el
Perú: transformaciones naturales y sociales
acopladas en la cuenca del río Santa
que sostiene que el río Santa y muchos de su
tributarios han cruzado un punto crítico y ahora
muestran una descarga decreciente durante la
temporada de estiaje. La estación de La Balsa, que
mide la descarga de la parte alta del río Santa,
está experimentando una disminución de caudal
durante la estación seca, que probablemente
comenzó durante la década de 1970 y continuará
durante muchas décadas. Si los glaciares se
derritieran por completo, la descarga durante la
estación seca podría ser hasta 30 por ciento menor
que en el presente, sostiene el estudio. Además
advierte que han surgido durante las dos últimas
décadas demandas que compiten entre sí por el
recurso hídrico, en un contexto de superposición
de instituciones y normas legales para la
gobernanza del agua en el Perú.
Otra investigadora que ha
estudiado los conflictos por el agua en el valle
del Santa y su relación con el cambio climático es
Barbara Deutsch Lynch en su artículo Vulnerabilidades
competencia y derechos en un contexto de
cambio climático hacia una gobernanza
equitativa del agua en el valle del río Santa
Ella advierte que las comunidades rurales en las
zonas altas y las periferias urbanas en la cuenca
del río Santa enfrentan una creciente amenaza de
pérdida de acceso a un suministro de agua limpia
que sea adecuada para satisfacer sus necesidades
básicas. A medida que el retroceso de los
glaciares cambia la hidrología de Río Santa, la
demanda de agua es cada vez mayor, la
contaminación empeora y la competencia por el agua
entre los sectores económicos, las jurisdicciones
políticas y los usuarios de agua de las zonas
altas y bajas se intensifica. Los conflictos entre
los pequeños agricultores, los grandes
agroexportadores de Chavimochic y la minería
promete acrecentarse si no se toman las medidas
adecuadas par auna gobernanza equitativa del agua.
El Observatorio de Cambio
Climático de CEPES entrevistó a representantes de
instituciones del Estado en las regiones más
afectadas por el retroceso glaciar para conocer su
percepción sobre este fenómeno y las medidas que
se estan tomando al respecto:
Verdades Dam: una recopilación de estudios de caso sobre las luchas populares en contra de las represas
Mientras que el agua está indiscutiblemente reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano, las comunidades que defienden su derecho al agua continúan enfrentando una batalla cuesta arriba contra las industrias que están destruyendo las cuencas hidrográficas. El principal de ellos es la industria de las represas, que sigue siendo una gran amenaza para las fuentes de agua dulce y el derecho humano al agua en todo el mundo.
Esta recopilación de estudios de casos sobre las luchas anti-represas pone de relieve la difícil situación de las comunidades afectadas por las represas y las amenazas a su derecho al agua. El Proyecto Planeta Azul ve mega represas como una de las mayores amenazas a la escasez de fuentes de agua dulce en el mundo de hoy. La defensa del agua dulce en contra de las represas está íntimamente vinculado a las luchas por la justicia social y económica en el mundo de hoy.Descargue el informe Verdades Dam: Una recopilación de estudios de caso sobre las luchas populares en contra de las represas (PDF 2 MB)
El derecho al agua en comunidades afectadas por actividades mineras en Perú
Por: Marco Arana Zegarra[1]
La
Nueva Ley General de Minería promulgada por Fujimori en 1992 se
propuso promover e incentivar el desarrollo de la gran minería en el
Perú y su éxito ha sido tal para el sector minero que, en el periodo
2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en
promedio el 70% de todas las exportaciones convirtiendo prontamente al
Perú en el principal productor de oro de América Latina. Sin embargo,
la minería está siendo también la principal fuente de conflictos
socioambientales y principalmente hídricos del país.
LA EXPANSION DE LA MINERIA EN EL PERU:
Debido a las leyes de promoción de las inversiones y la ley de minería, actualmente las concesiones mineras se han extendido por todo el país llegando, en junio de 2011, a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares y las regiones donde se ubican las principales operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central (Huaraz, Cajamarca, Arequipa entre otras). Para facilitar una mayor expansión de las actividades mineras, el gobierno y las empresas promueven el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura vial y la ampliación de las redes de aprovisionamiento de energía eléctrica, de hecho, se sabe que el convenio hidroenergético con el Brasil que básicamente consiste en represar ríos amazónicos están orientados no solo a satisfacer las demandas energéticas del Brasil, sino fundamentalmente del aseguramiento de energía para ocho de los principales proyectos mineros que el gobierno pretende autorizar en los próximos cinco años.[2] La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos tres mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y la minería se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o, más simplistamente, como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Siendo así, entonces cabe indagar por qué la minería es la principal fuente de conflictos socioambientales en el Perú y especialmente de aquellos relacionados con la defensa del derecho al agua. El presente artículo busca dar respuesta a esta pregunta.
LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERIA SOBRE EL AGUA EN PERU:
Aunque la publicidad oficial del gobierno y de las empresas buscan mostrar lo contrario, lo cierto es que tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños tanto a la salud de las personas como daños al medio ambiente y especialmente sobre el agua vulnerando el derecho de las poblaciones y poniendo en riesgo la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico en un país de alta vulnerabilidad frente al cambio climático, de creciente desarrollo demográfico, cada vez más urbano y, por tanto, cada vez más demandante de servicios básicos relacionados con el abastecimiento de agua de calidad y en cantidad.
Si bien el Estado peruano exhibe entre sus resultados el contar con el catastro minero más desarrollado del mundo el cual permite entrega inmediata de concesiones mineras, no obstante es el propio Ministerio del Ambiente el que ha admitido en junio de 2012 ante la Convención Ramsar en Rumanía[3] que “El Perú no cuenta con un ´inventario nacional completo´ de todos los humedales del país a nivel integral, pero si ha llevado evaluaciones parciales a diferentes escalas de trabajo y en tiempos diferentes. Son avances que deben ser consolidados bajo una metodología estándar.
“En 1980, la anterior Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, determinó 12,201 lagunas en la zona andina del país. De ese total de lagunas, 3,896 se encuentran en la vertiente del Pacífico, 7,441 en la vertiente del Atlántico, 841 en la vertiente del Titicaca y 23 en una vertiente cerrada del Sistema de Huarmicocha.
“En el 2006 y el 2007, el anterior Instituto Nacional de Recursos Naturales hizo intentos para elaborar proyectos de inventario pero no logró su objetivo. En el 2010, El Ministerio del Ambiente elaboró el mapa del Patrimonio Forestal del Perú, bajo el cual se estimó a nivel nacional, 6`063,551 ha de aguajales y pantanos, 5,790 ha de manglares, 509,381 ha de bofedales y 3,448 ha de humedales costeros. Se requiere un inventario nacional a una escala de 1:100,000 y con una guía metodológica que defina y conceptualice el ámbito del inventario, escalas, leyenda, modo de evaluación y proponga una metodología estandarizada para un monitoreo.”
Impactos Socioambientales:
Diversos informes oficiales han mostrado que en la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad.[4] La Oroya está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.[5] En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible.[6] En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande América Latina se contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos de las localidades de San Juan Choropampa y Magdalena con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy,[7]
Impactos Mineros sobre los Recursos Hídricos:
A nivel nacional la minería se ubica en el cuarto orden de actividades de consumo de agua. Según información oficial del Ministerio de Agricultura el volumen de agua respecto a la cantidad de uso consuntivo a nivel nacional es de 18,972 MMC, de los cuales el 85.74% son para uso agrícola, 6,66% para uso poblacional, 6.09% para uso industrial, 1.09% para uso minero y 0.42% para uso pecuario. Mientras que el uso no consuntivo es de 11,139 MMC básicamente para fines energéticos.[8] Sin embargo estas cifras, como todo promedio, pueden ser engañosas debido a que no expresan el uso de agua que hacen estas actividades a nivel de cuencas o microcuencas o de regiones. Es evidente que se utiliza un porcentaje mucho mayor de agua para actividades industriales en regiones que tienen mayor desarrollo industrial como Lima y que se usa mucha más agua en regiones o cuencas que tienen actividades mineras más o menos extendidas como lo muestra el cuadro siguiente que proporciona información del uso de agua por cuencas a nivel nacional:
Fuente: INRENA. Informe de la Situación de los recursos hídricos en el Perú. Lima, 2003.
Aunque la mayoría de gobiernos regionales o provinciales no cuentan con estudios de balance hídrico, el caso de la región Tacna que sí dispone de ellos muestra claramente cómo la actividad minera pasa a ser la segunda actividad de mayor consumo de agua en algunas de sus cuencas superando largamente la demanda de agua para consumo humano como puede apreciarse en el cuadro Nro. 2 elaborado por la Gerencia de Recursos Natural del Gobierno Regional:
El Ministerio de Agricultura del Perú reconoce que las aguas son contaminadas por tres causas: 1) Descargas domésticas, con un alto contenido de parásitos y organismos patógenos, 2) Los relaves mineros a través de las impurezas que arrojan directamente a los ríos como cobre, plomo, zinc, fierro y plata, y, 3) los procesos industriales que arrojan sustancias tóxicas que luego son evacuados en el cauce de los ríos o quebradas.[9]
En la página web del MINAG puede leerse con mayor precisión aún que: “En muchos casos la desaparición de la fauna hidrobiológica de los ríos, de la costa, principalmente, es debido a la infestación de los cauces de ríos de contaminantes, como ha sucedido en la región sur del país, en el caso de la desaparición del camarón del río Locumba, debido a la deposición de relaves mineros que realiza la Southern Perú Coopper Corporation, producto de sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone.”[10]
Entre los ríos que se hallan más contaminados del Perú por actividades mineras formales e informales y residuos sólidos el MINAG señala los que pueden verse en el cuadro Nro. 3:
Fuente: DGAS, 1992.
http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/hidrometeorolog%C3%ADa/cuencas-e-hidrograf%C3%ADa/problemática
A todo ello se añade la contaminación de las aguas marinas de la bahía de Ite en Moquegua por relaves de la Minera Southern, y en la región de Tacna el agotamiento de las aguas subterráneas por sobrexplotación, lo que llevó al gobierno regional a dictar por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero.
En Madre de Dios lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos.[11] Es la propia intergubernamental Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que ha informado que “en los últimos 50 años, se ha vertido 1.300 toneladas de mercurio en el río Amazonas y sus afluentes”.[12]
En Puno las minas informales de La Rinconada contaminan la cuenca del Río Ramis, que es afluente del lago Titicaca que es una cuenca endorreica afectando a las provincias de Melgar, Azángaro, Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya. Lo mismo ocurre con el río Suches contaminados con nitratos, sulfatos, hierro, zinc, arsénico, cadmio, níquel, manganeso y mercurio. A toda esta contaminación se añade la contaminación del lago por residuos sólidos urbanos que se estiman en 70 TM por día.[13] El problema de la contaminación del lago, se vuelve más crítico debido a la existencia de 18 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que se hallan en mal estado.[14]
En Junín el río Mantaro se halla en situación ambientalmente crítica debido a que diariamente recibe descargas de 32 vertimentos mineros pertenecientes a nueve empresas mineras, así como aguas residuales de la población de 43 distritos. A ello se suma el hecho que en su zona de influencia hay 272 pasivos mineros y botaderos pertenecientes a 34 centros poblados. El lago Chinchaycocha o Junín ha sido fuertemente contaminado por los relaves mineros y se estima que serán necesarios más de US$ 200 millones para descontaminarlo.[15]
En Ayacucho la empresa minera formal Catalina Huanca contamina las aguas de la quebrada Sacllani y del río Mishka en el distrito de Canaria con la descarga de aguas ácidas provenientes de su sistema de drenaje subterráneo de uno de sus depósitos de relaves, encontrando la OEFA que se encontraron valores de 57 miligramos por litro para el parámetro sólidos totales suspendidos, lo cual excedía el límite máximo permisible que es de 50 miligramos por litro, por lo cual la empresa fue multada en noviembre de 2012.[16]
En La Libertad las cuencas hídricas más importantes, El Perejil en Otuzco, Chuyugual en Sánchez Carrión y Caballo Moro en Santiago de Chuco está contaminadas por vertimentos mineros. En la cuenca del río El Perejil y el río Negro, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, existen abundantes yacimientos de carbón mineral el pH presenta una tendencia de franca descendencia propiciando que las aguas del río Perejil se vuelvan cada vez más ácidas, además se ha encontrado metales como Cadmio, Hierro y Níquel, mientras el PH sea menor, mayor será el nivel de acidez de agua.[17] En Caballo Moro, la situación no varía, en el 2005 el PH era de 6.7 pero en el 2009 ha descendido a 3.56 considerado y se ha comprobado la presencia de hierro y aluminio. El monitoreo de puntos ubicados en el área de operaciones de minera Barrick como el río Chuyuhual y Quebrada Negra El Chuyuhual, en la provincia de Sánchez Carrión, se ha encontrado sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio en elevadas concentraciones que superan los LMPs previstos por la legislación ambiental vigente. En todos los puntos evaluados el agua no es apta para el consumo humano, agrícola, ganadería y conservación de la vida acuática por la altísima concentración de cadmio, hierro, níquel, aluminio, sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio, siendo un peligro para la vida de todo ser viviente.[18]
En Lima hasta la agencia oficial de noticias del gobierno de vez en cuando da cuenta de la contaminación del Río Rímac con metales pesados tales como hierro, arsénico, zinc, plomo y antimonio. Los propios voceros técnicos de SEDAPAL y de la Autoridad Nacional del Agua han informado que la minería es la principal fuente de contaminación con unos 11 relaves mineros identificados lo que representa el 60%, seguida por los residuos domésticos (25%) provenientes de unos 450 botaderos y la existencia de 38 desechos industriales (15%).[19] Entre las mineras que causan esa contaminación están empresas canadienses formales como Minera Coricancha (propiedad de Glencore) y San Juan (propiedad de la junior canadiense Gold Hawk Resources) las cuales incluso se niegan a cumplir las medidas propuestas por OSINERGMIN e INDECI.[20] Solo recién en junio de 2012 autoridades de la ANA anunciaron la creación de una comisión multisectorial que vele por la calidad de los recursos hídricos del río Rímac la cual buscará la “declaración de interés nacional” de esta importante cuenca.[21]
Sin que el inventario nacional de pasivos ambientales haya aún concluido ya se han identificado más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas del pacífico y del atlántico lo que en muchos casos está siendo fuente de innumerables conflictos socioambientales que cuestionan no solo las actividades mineras abandonadas sino actuales, no sólo de mineras informales sino también la de grandes empresas mineras formales como Southern Copper, Yanacocha, Barrick, Volcán entre otras.
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Agua, conflicto y seguridad
Introducción
Como es de conocimiento público, del total del agua en el planeta, unos 1,400 millones de m3, sólo el 2.5% es agua dulce disponible para el consumo humano. Ésa, dado los crecientes niveles de contaminación, es cada vez de menor calidad y no sólo, su localización está cambiando debido a la alteración del ciclo hidrológico, mucho en respuesta a fenómenos como el cambio climático. (2)
Mientras tanto, el consumo aumenta, no sólo por el crecimiento poblacional, sino por los crecientes patrones de consumo, en buena medida relacionados al tipo de vida de la población. Y es que ésa es cada vez más urbana y sin embargo sigue requiriendo más alimentos, todo en un contexto de una dieta que tiende a colocar la carne como alimento central (la producción de un kilo de carne de res requiere alrededor de 15 mil litros de agua además de que genera una gran cantidad de afectaciones ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero lo que a su vez afecta el ciclo hidrológico (3)). A nivel mundial lo es poco más de la mitad y en México, según INEGI, ya lo es en una proporción de ¾ partes. (4) Es un escenario complejo pues se estima que las zonas del centro-norte captan el 31% del agua en el país, involucran ¾ partes de la población; el 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria generando el 87% del producto interno bruto (PIB). En cambio, en el sur sureste se observan datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y 13% del PIB. (5)
Se observa que la demanda de agua para consumo humano en México aumento seis veces en el último siglo y por tanto que la disponibilidad media per capita ha disminuido en una tasa media anual de 2.4% en los últimos 60 años (se pasó de 17 mil 742 m3 a 4 mil 312 m3). (6)
También es evidente la sobre-explotación de los acuíferos del país se triplicó en las últimas tres décadas del siglo pasado (90% de los 655 acuíferos nacionales, están en esa condición) (7); la carga contaminante de los ríos aumentó en 42%; o que el agua de buena calidad en el país disminuyó en 32%. Al mismo tiempo se reconoce que se trata sólo el 30% del agua (ello sin tomar en cuenta la calidad de tal tratamiento); se pierde de manera preocupante la capacidad de infiltración por la creciente degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, a la par del aumento de las superficies asfaltadas en las zonas de mayor población; así como se lastima de modo creciente la capacidad natural del ciclo hidrológico de reciclar los contaminantes.
Un dato representativo puntual es el flujo hídrico de la Ciudad de México. Su consumo ronda los 63m3 por segundo. Obtiene un 50% del líquido del subsuelo pero a un ritmo de sobreexplotación del 140%. Un 25% se obtiene de la cuenca del río Magdalena y el restante 30% proviene del sistema Lerma-Cutzamala (una cantidad equivalente se pierde en fugas una vez en la ciudad). Al mismo tiempo, se desechan unos 45m3 por segundo y sólo se tratan 4m3 en las 28 plantas existentes. (8) La ecuación, tal cual, es insostenible en el largo plazo. (9)
Ahora bien, a pesar de lo innegable de los datos arriba expuestos, vale precisar que la escasez de agua también es en buena parte subjetiva en tanto que un estrés hídrico puede ser agudizado por conflictos distributivos, sea por procesos de disputa o despojo por parte de actores locales, regionales o internacionales que usualmente tienen intereses y poder de decisión distintos, divergentes y/o asimétricos. Siendo en tales escenarios, los pobres los más afectados (véase más adelante).
Por tanto, es causal que alrededor del 12% de la población consume el 85% del agua potable en proporciones promedio de un 70% el sector agroindustrial, un 25% el industrial y 10% en consumo doméstico. (10) Se trata de un contexto en el que los tres principales usuarios de agua a nivel mundial son India, China, EUA. Siendo notable el grado de despilfarro estadounidense si se mira en términos per cápita. No sorprende entonces que a nivel mundial existan aproximadamente mil millones de personas sin acceso a agua potable o que 2.5 mil millones carezcan de servicio de saneamiento. El caso mexicano llama la atención pues revela un esquema verdaderamente ineficiente. En el país, el 77% del agua es de uso agrícola, esto es, por encima de la media mundial. Sin embargo, el país no produce los alimentos que requiere puesto que importa poco más de la mitad de sus alimentos, incluyendo granos básicos como el maíz y frijol.
Es un contexto en el que a pesar de la urgencia de estudios de
valoración serios e interdisciplinarios, es una constante el
subejercicio en materia de “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”.
En este contexto, si se toma nota de la advertencia de la CNA Corporation (11), respecto a la estimación de que en el 2025, alrededor del 40% de la población vivirá en países que experimentarán escenarios de escasez significativa, es claro que el asunto toma gran importancia en las distintas agendas de seguridad. Para México, el punto es relevante pues se calcula que para el 2069 el incremento del estrés hídrico será de entre un 20% y un 30% para zonas templadas y de hasta un 60% para zonas de clima cálido. (12) Tal eventual reducción y redistribución de la disponibilidad del líquido se verá acompañada además de un aumento poblacional que para el 2030 será de unos 125 millones de personas, mismas que demandarán un 25% más de agua que la registrada a principios de siglo.
En tal panorama es sintomático que Homer-Dixon sostenga que, “…los conflictos por agua, entre otros recursos estratégicos, pueden desencadenar conflictos bélicos, escenarios violentos y acciones autoritarias con fuertes implicaciones a la seguridad internacional.”
De la seguridad y conflictividad hídrica La denominada “guerra por el agua”, así advertida a principios del milenio por el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin aludiendo a que “…la próxima Guerra Mundial será por el agua”, radica, como se indicó, en el hecho de que su localización y calidad está cambiando. En tal sentido, zonas con potencial de conservar/incrementar sus reservas de buena calidad, pero también aquellas en las que se registran cambios de valores y percepciones sobre su escasez/disponibilidad y en las que se gestan intereses encontrados en un contexto de ausencia o cambios en la política y formas de gestión, se perfilan como estratégicas y conflictivas. A ello evidentemente se suma la conflictividad de las zonas donde la calidad y cantidad de agua disponible tiendan a ser decrecientes.
En este tenor, surge como elemento eje, el concepto de geopolítica o geopolitik y que fuese introducido por Rudolf Kjellen (13) y también elaborado por Friedrich Ratzel en el sentido de integrar la política, la antropología y la geografía. (14) Así, desde el deber del Estado de “expandirse o morir” de Ratzel, pasando por Karl Haushofer quien demostró la funcionalidad de la geopolítica en la concepción de la expansión nazi, hasta el pensamiento de John Mackinder, Alfred Mahan, Nicholas Spykman, Oskar Morgenstern, Edward Teller o Hery Kissinger, la geopolítica ha estado directamente vinculada al pensamiento militar, al poder y en particular a la preservación y expansión de la hegemonía mundial. Por lo anterior, la geopolítización del agua alude, estrictamente hablando, al rol estratégico que juega el recurso desde una visión del poder de Estado y de las clases que lo detentan; noción que ha llevado a considerarlo como cuestión de seguridad nacional. Se trata de una securitización del recurso que implica la toma de decisiones extraordinarias comparables al caso de una amenaza militar aunque en los hechos los datos indican que hay todo un abanico de medidas previas a ello. Y es que de 1948 a 1998 ocurrieron en el mundo tan sólo 21 acciones militares de gran escala y 16 acciones militares de escala limitada, mientras que al mismo tiempo ocurrieron 50 actos diplomáticoeconómicos hostiles y 164 actos de hostilidad verbal entre países con problemas derivados por cuencas fluviales transfronterizos. (15)
Ahora bien, es claro que este tipo de conflictos, transfronterizos, no son los únicos. Por el contrario, otras modalidades figuran incluso como las más comunes y las de mayor relevancia desde el punto de vista de la seguridad nacional, particularmente en lo que refiere a la seguridad interna. Me refiero a los conflictos distributivos, usualmente asociados a procesos de desposesión (usualmente en una dimensión de lo local-regional). (16) Esta figura de conflicto puede diferir notablemente de la de geopolítica del agua arriba descrita, y en tales casos es vista por la ecología política como conflicto distributivo de un recurso entre dos o varios actores. (17) Si bien, en efecto, pueden persistir rasgos de securitización, el énfasis es de otro tipo puesto que los conflictos pueden adquirir la forma de:
• disputas locales originadas por la degradación del recurso o desastres naturales;
• disputas por el acceso, uso y usufructo del agua resultantes de (in)migraciones y/o nuevos ordenamientos territoriales;
• de procesos de acumulación por desposesión (inclúyase procesos de despojo por la vía del mercado; e.g. privatización formal o de facto, extranjerización); o
• de conflictos entre territorios o unidades políticas definidas al interior de un país por recursos compartidos, por ejemplo, desde el nivel de estados o provincias, hasta municipios y poblados.
Así, frente a la mencionada securitización del agua o de procesos de conflicto distributivo por el recurso, surge el señalamiento del rol que juega la política. Así, la idea de la hidropolítica (18) toma relevancia al ser entendida como la política referida al preciado líquido, pero que no es la política del agua o de aquella de la gestión y administración de los recursos hídricos disponibles. Esta última también se ha calificado como gobernabilidad hídrica en tanto los problemas de las capacidades o agencia de las instituciones para manejar el líquido. Así, la hidropolítica, que es generada por situaciones críticas o potencialmente conflictivas resultantes de la denominada “crisis hídrica” toma cuerpo, por ejemplo, en diversas modalidades de securitización del recurso. Esa puede incluso ser tan sólo a nivel discursivo. Y es que es claro que el acceso, gestión y usfructo del agua no sólo se definen por cuestiones técnicas o administrativas, sino sobre todo por contextos socio-político-económicos particulares. De ahí que cuando se pretende planificar de manera más compleja y seria, una de las constantes es la aucencia o falta de fluidez de infomación de buena calidad entre los distintos actores responsables y a las diversas escalas de gobienro. Esto debe ser entendido por tanto como un fuerte obstáculo, no sólo a la gestión del líquido, sino a la propia planeación integral ecosocial de los territorios concretos. (19) Pero nótese, no es la falta de información lo que lastima la “gobernabilidad” (20), afectando con ello los contextos. Éstos últimos mas bien son lo que producen tal carencia o dificultad de los flujos de información y diálogo social. Y es que de no hacerse, no sólo quedarían claramente develadas las asimetrias en tanto al acceso, uso, usufructo y responsabilidades de preservación del recurso, sino que además, su costo político ciertamente podría ser mayor.
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Como es de conocimiento público, del total del agua en el planeta, unos 1,400 millones de m3, sólo el 2.5% es agua dulce disponible para el consumo humano. Ésa, dado los crecientes niveles de contaminación, es cada vez de menor calidad y no sólo, su localización está cambiando debido a la alteración del ciclo hidrológico, mucho en respuesta a fenómenos como el cambio climático. (2)
Mientras tanto, el consumo aumenta, no sólo por el crecimiento poblacional, sino por los crecientes patrones de consumo, en buena medida relacionados al tipo de vida de la población. Y es que ésa es cada vez más urbana y sin embargo sigue requiriendo más alimentos, todo en un contexto de una dieta que tiende a colocar la carne como alimento central (la producción de un kilo de carne de res requiere alrededor de 15 mil litros de agua además de que genera una gran cantidad de afectaciones ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero lo que a su vez afecta el ciclo hidrológico (3)). A nivel mundial lo es poco más de la mitad y en México, según INEGI, ya lo es en una proporción de ¾ partes. (4) Es un escenario complejo pues se estima que las zonas del centro-norte captan el 31% del agua en el país, involucran ¾ partes de la población; el 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria generando el 87% del producto interno bruto (PIB). En cambio, en el sur sureste se observan datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y 13% del PIB. (5)
Se observa que la demanda de agua para consumo humano en México aumento seis veces en el último siglo y por tanto que la disponibilidad media per capita ha disminuido en una tasa media anual de 2.4% en los últimos 60 años (se pasó de 17 mil 742 m3 a 4 mil 312 m3). (6)
También es evidente la sobre-explotación de los acuíferos del país se triplicó en las últimas tres décadas del siglo pasado (90% de los 655 acuíferos nacionales, están en esa condición) (7); la carga contaminante de los ríos aumentó en 42%; o que el agua de buena calidad en el país disminuyó en 32%. Al mismo tiempo se reconoce que se trata sólo el 30% del agua (ello sin tomar en cuenta la calidad de tal tratamiento); se pierde de manera preocupante la capacidad de infiltración por la creciente degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, a la par del aumento de las superficies asfaltadas en las zonas de mayor población; así como se lastima de modo creciente la capacidad natural del ciclo hidrológico de reciclar los contaminantes.
Un dato representativo puntual es el flujo hídrico de la Ciudad de México. Su consumo ronda los 63m3 por segundo. Obtiene un 50% del líquido del subsuelo pero a un ritmo de sobreexplotación del 140%. Un 25% se obtiene de la cuenca del río Magdalena y el restante 30% proviene del sistema Lerma-Cutzamala (una cantidad equivalente se pierde en fugas una vez en la ciudad). Al mismo tiempo, se desechan unos 45m3 por segundo y sólo se tratan 4m3 en las 28 plantas existentes. (8) La ecuación, tal cual, es insostenible en el largo plazo. (9)
Ahora bien, a pesar de lo innegable de los datos arriba expuestos, vale precisar que la escasez de agua también es en buena parte subjetiva en tanto que un estrés hídrico puede ser agudizado por conflictos distributivos, sea por procesos de disputa o despojo por parte de actores locales, regionales o internacionales que usualmente tienen intereses y poder de decisión distintos, divergentes y/o asimétricos. Siendo en tales escenarios, los pobres los más afectados (véase más adelante).
Por tanto, es causal que alrededor del 12% de la población consume el 85% del agua potable en proporciones promedio de un 70% el sector agroindustrial, un 25% el industrial y 10% en consumo doméstico. (10) Se trata de un contexto en el que los tres principales usuarios de agua a nivel mundial son India, China, EUA. Siendo notable el grado de despilfarro estadounidense si se mira en términos per cápita. No sorprende entonces que a nivel mundial existan aproximadamente mil millones de personas sin acceso a agua potable o que 2.5 mil millones carezcan de servicio de saneamiento. El caso mexicano llama la atención pues revela un esquema verdaderamente ineficiente. En el país, el 77% del agua es de uso agrícola, esto es, por encima de la media mundial. Sin embargo, el país no produce los alimentos que requiere puesto que importa poco más de la mitad de sus alimentos, incluyendo granos básicos como el maíz y frijol.
En este contexto, si se toma nota de la advertencia de la CNA Corporation (11), respecto a la estimación de que en el 2025, alrededor del 40% de la población vivirá en países que experimentarán escenarios de escasez significativa, es claro que el asunto toma gran importancia en las distintas agendas de seguridad. Para México, el punto es relevante pues se calcula que para el 2069 el incremento del estrés hídrico será de entre un 20% y un 30% para zonas templadas y de hasta un 60% para zonas de clima cálido. (12) Tal eventual reducción y redistribución de la disponibilidad del líquido se verá acompañada además de un aumento poblacional que para el 2030 será de unos 125 millones de personas, mismas que demandarán un 25% más de agua que la registrada a principios de siglo.
En tal panorama es sintomático que Homer-Dixon sostenga que, “…los conflictos por agua, entre otros recursos estratégicos, pueden desencadenar conflictos bélicos, escenarios violentos y acciones autoritarias con fuertes implicaciones a la seguridad internacional.”
De la seguridad y conflictividad hídrica La denominada “guerra por el agua”, así advertida a principios del milenio por el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin aludiendo a que “…la próxima Guerra Mundial será por el agua”, radica, como se indicó, en el hecho de que su localización y calidad está cambiando. En tal sentido, zonas con potencial de conservar/incrementar sus reservas de buena calidad, pero también aquellas en las que se registran cambios de valores y percepciones sobre su escasez/disponibilidad y en las que se gestan intereses encontrados en un contexto de ausencia o cambios en la política y formas de gestión, se perfilan como estratégicas y conflictivas. A ello evidentemente se suma la conflictividad de las zonas donde la calidad y cantidad de agua disponible tiendan a ser decrecientes.
En este tenor, surge como elemento eje, el concepto de geopolítica o geopolitik y que fuese introducido por Rudolf Kjellen (13) y también elaborado por Friedrich Ratzel en el sentido de integrar la política, la antropología y la geografía. (14) Así, desde el deber del Estado de “expandirse o morir” de Ratzel, pasando por Karl Haushofer quien demostró la funcionalidad de la geopolítica en la concepción de la expansión nazi, hasta el pensamiento de John Mackinder, Alfred Mahan, Nicholas Spykman, Oskar Morgenstern, Edward Teller o Hery Kissinger, la geopolítica ha estado directamente vinculada al pensamiento militar, al poder y en particular a la preservación y expansión de la hegemonía mundial. Por lo anterior, la geopolítización del agua alude, estrictamente hablando, al rol estratégico que juega el recurso desde una visión del poder de Estado y de las clases que lo detentan; noción que ha llevado a considerarlo como cuestión de seguridad nacional. Se trata de una securitización del recurso que implica la toma de decisiones extraordinarias comparables al caso de una amenaza militar aunque en los hechos los datos indican que hay todo un abanico de medidas previas a ello. Y es que de 1948 a 1998 ocurrieron en el mundo tan sólo 21 acciones militares de gran escala y 16 acciones militares de escala limitada, mientras que al mismo tiempo ocurrieron 50 actos diplomáticoeconómicos hostiles y 164 actos de hostilidad verbal entre países con problemas derivados por cuencas fluviales transfronterizos. (15)
Ahora bien, es claro que este tipo de conflictos, transfronterizos, no son los únicos. Por el contrario, otras modalidades figuran incluso como las más comunes y las de mayor relevancia desde el punto de vista de la seguridad nacional, particularmente en lo que refiere a la seguridad interna. Me refiero a los conflictos distributivos, usualmente asociados a procesos de desposesión (usualmente en una dimensión de lo local-regional). (16) Esta figura de conflicto puede diferir notablemente de la de geopolítica del agua arriba descrita, y en tales casos es vista por la ecología política como conflicto distributivo de un recurso entre dos o varios actores. (17) Si bien, en efecto, pueden persistir rasgos de securitización, el énfasis es de otro tipo puesto que los conflictos pueden adquirir la forma de:
• disputas por el acceso, uso y usufructo del agua resultantes de (in)migraciones y/o nuevos ordenamientos territoriales;
• de procesos de acumulación por desposesión (inclúyase procesos de despojo por la vía del mercado; e.g. privatización formal o de facto, extranjerización); o
• de conflictos entre territorios o unidades políticas definidas al interior de un país por recursos compartidos, por ejemplo, desde el nivel de estados o provincias, hasta municipios y poblados.
Así, frente a la mencionada securitización del agua o de procesos de conflicto distributivo por el recurso, surge el señalamiento del rol que juega la política. Así, la idea de la hidropolítica (18) toma relevancia al ser entendida como la política referida al preciado líquido, pero que no es la política del agua o de aquella de la gestión y administración de los recursos hídricos disponibles. Esta última también se ha calificado como gobernabilidad hídrica en tanto los problemas de las capacidades o agencia de las instituciones para manejar el líquido. Así, la hidropolítica, que es generada por situaciones críticas o potencialmente conflictivas resultantes de la denominada “crisis hídrica” toma cuerpo, por ejemplo, en diversas modalidades de securitización del recurso. Esa puede incluso ser tan sólo a nivel discursivo. Y es que es claro que el acceso, gestión y usfructo del agua no sólo se definen por cuestiones técnicas o administrativas, sino sobre todo por contextos socio-político-económicos particulares. De ahí que cuando se pretende planificar de manera más compleja y seria, una de las constantes es la aucencia o falta de fluidez de infomación de buena calidad entre los distintos actores responsables y a las diversas escalas de gobienro. Esto debe ser entendido por tanto como un fuerte obstáculo, no sólo a la gestión del líquido, sino a la propia planeación integral ecosocial de los territorios concretos. (19) Pero nótese, no es la falta de información lo que lastima la “gobernabilidad” (20), afectando con ello los contextos. Éstos últimos mas bien son lo que producen tal carencia o dificultad de los flujos de información y diálogo social. Y es que de no hacerse, no sólo quedarían claramente develadas las asimetrias en tanto al acceso, uso, usufructo y responsabilidades de preservación del recurso, sino que además, su costo político ciertamente podría ser mayor.
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Ao contrário do que cantava Ney Matogrosso, existe pecado no lado debaixo do Equador. Entretanto, os condenados às profundezas não são os pecadores. Na visão da ONG Fundo Mundial para a Natureza, a WWF, Belo Monte viola critérios fundamentais de sustentabilidade. A usina é uma das 9 avaliadas no relatório Seven Sins of Dam Building (em português, Sete pecados na Construção de Barragens), divulgado este mês pela organização não-governamental.
O relatório afirma que Belo Monte está caindo na má economia, pecado número 4 da lista, por sobrevalorizar os aspectos econômicos, enquanto negligencia seus impactos sociais e ambientais. E esse não é a sua única profanação aos critérios de sustentabilidade. Ela estaria sendo construída no rio errado (pecado 1), negligenciando a biodiversidade (pecado 3), gerenciando mal os riscos e impactos que provoca (pecado 6) e caiu na tentação de construir (pecado 7), ou seja, não avaliou corretamente custos e necessidade da obra.
Belo Monte será a segunda maior hidrelétrica do Brasil. O estudo de caso apresentado no relatório destaca o desvio que a usina produzirá no Rio Xingu. De acordo com o texto, o fluxo residual do rio terá de ser suficiente para sustentar as necessidades do ecossistema e as atividades de subsistência das comunidades indígenas e ribeirinhas. Aproximadamente 20 mil pessoas serão afetadas pela barragem, que deve produzir menos energia do que o divulgado no início pelo governo federal.
As nove barragens e os sete
pecados contra a sustentabilidade
(1) Construção no rio errado (2) Negligenciar as flutuações do rio (3) Negligenciar a biodiversidade (4) Cair na má economia (5) Falhar ao obter licença socialpa ra operar (6) Gerenciar mal riscos e impactos (7) Cair cegamente na tentação ou na tendência a construir
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De acordo com o WWF, o fluxo do Rio Xingu pode ser reduzido em até 60% em um ano seco. O relatório cita o estudo Economia da Mudança do Clima no Brasil: custos e oportunidades, que demonstra o impacto das mudanças climáticas no potencial de geração hidrelétrica na Amazônia. Segundo o estudo publicado em 2011, a redução de aproximadamente 30% na capacidade de produção hidrelétrica comprometeria a viabilidade econômica das usinas na região. A recente seca de janeiro de 2013, que deixou reservatórios em níveis criticamente baixos demonstrou mais uma vez a vulnerabilidade do Brasil, fortemente dependente da água para geração de energia, afirma o relatório do WWF.
De acordo com o especialista em Segurança da Água da ONG, Jian-hua Meng:
Para garantir aceitáveis níveis de
sustentabilidade social e ambiental, instalações e operações de barragens devem
ser estritamente comparados com critérios sustentáveis como os formulados pela
Comissão Mundial de Barragens ou o Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade
Hidrelétrica. Se necessário, os projetos com desempenho insuficiente devem ser
modificados ou anulados
Devidamente planejadas, construídas e operadas, as barragens podem contribuir para a segurança alimentar e energética, infelizmente interesses de curto prazo são muitas vezes o foco da tomada de decisão.
Devidamente planejadas, construídas e operadas, as barragens podem contribuir para a segurança alimentar e energética, infelizmente interesses de curto prazo são muitas vezes o foco da tomada de decisão.
O Brasil não é o único a profanar os critérios de sustentabilidade. Os chamados pecados do relatório são cometidos tanto por países em desenvolvimento quanto por nações ricas. Segundo a WWF, empresas e engenheiros do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, não só empurram aos mercados emergentes projetos inaceitáveis de usinas, mas também os implantam na União Europeia e na América do norte. Como exemplo, o relatório cita as usinas de Kaunertal, que pode causar uma pesada deterioração ecológica em três vales alpinos na Áustria.
O relatório diz que os erros cometidos são evitáveis e não existem desculpas para as violações cometidas nos 9 projetos avaliados.
La crisis climática y su administración
Francisco Aguayo
I
Los efectos de la crisis financiera que estalló en el 2008, han
expandido la discusión acerca de la viabilidad del capitalismo. El
resquebrajamiento del sistema financiero internacional, sin embargo, no
ha llevado a una reforma del sistema sino a una administración de la
crisis que prolonga el estado de cosas sin ofrecer una solución. Esta
falsa salida ha transferido la carga de los bancos y las corporaciones
hacia la población en su conjunto, fracturando la confianza de
sociedades que presumían haber alcanzado la afluencia de forma
irreversible y exponiendo a una buena parte de la población de los
países ricos a la precaria realidad cotidiana de la población del resto
de mundo.
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Marzo 2013
La crisis compleja
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