La presente reflexión aborda los retos que enfrentan en la actualidad tanto las estrategias ancestrales de producción de conocimientos de las comunidades campesinas como las metodologías privilegiadas por los sectores académico-científicos; ambas ante contextos cambiantes que exigen su evaluación. La apuesta por una postura integradora que sea capaz de continuar con la búsqueda de conocimientos verificables pero que al mismo tiempo esté abierta a las necesidades subjetivas de las comunidades representa un reto que vale la pena afrontar.



La luz se filtraba ya por las rendijas del techo de láminas de la casa que habitaban Mariano, su esposa Pascuala y sus tres hijos, Juan, Miguel y Lorenzo, de tres, seis y ocho años de edad. Todos se habían levantado desde hacía rato. Acababa de pasar la fiesta del santo patrono y hacía días que el viento soplaba poco, el calor aumentaba y en la punta de las montañas con frecuencia se veían nubes negras, todas ellas señas de que era el tiempo de sembrar la milpa. Tenían lista su semilla de maíz olotón que escogieron de las mejores mazorcas de la cosecha del año anterior. Habían seleccionado también el frijol de guía que echarían con el mismo maíz; el botil lo echarían hasta después de la primera limpia, al pie de las matas de maíz, cuando ya estuvieran algo crecidas, casi al mismo tiempo que el chilacayote. Esta sería la segunda vez que Miguel acompañaría a Pascuala, a Lorenzo y a Mariano en la siembra; ahorita solo ponía el abono de borrego en cada hoyo que Mariano hacía con la coa donde Pascuala ponía cinco semillas (decía que una era para su chulel), que ella misma tapaba con sus pies. Lorenzo, en surco aparte, trataría este año de hacer solo todas estas tareas. Pascuala estaba particularmente alegre porque Mariano le había prometido dejar un pedacito de la parcela (en la planada, donde la tierra era mejor) para probar el maíz negro que el domingo habían traído del mercado de la cabecera municipal, con el que ella había preparado un atole muy espesito y unos pitulitos bien sabrosos para ofrecerlos al Tatik Dios en su milpa. Lo sembrarían al parejo de su propio maíz, poniéndole agua si la cuaresma se alargaba, y vigilándolo muy seguido para limpiarle la mala hierba, para que el zanate no sacara las semillas, o para que el jolom no se comiera las raíces...

Esta narración con personajes ficticios se basa, sin embargo, en situaciones reales. Es el establecimiento de la milpa, el inicio del ciclo agrícola en la región de Los Altos, las montañas centrales del fronterizo estado de Chiapas, en México. El relato puede interpretarse con sentido literario únicamente, en función de su contenido narrativo. Puede también interpretarse con cierta nostalgia y pesar por referirse a un proceso de producción agrícola que desaparece rápidamente. La intención, sin embargo, es utilizarlo de preámbulo a la presentación de algunas ideas sobre el conocimiento campesino y sus orígenes. Estas ideas han surgido de poco más de 30 años de trabajo en comunidades agrícolas de ascendencia maya (tsotsiles y tseltales) con proyectos de desarrollo agrícola Esta retrospectiva se nutre de una diversidad cambiante de enfoques de investigación-acción que en ese lapso han transcurrido desde lo convencional (elaboración de diagnósticos, aplicación de encuestas, realización de entrevistas, ensayos experimentales, parcelas demostrativas, capacitación, etc.) hasta lo pretendidamente innovador (talleres comunitarios, intercambios de experiencias, investigación participativa, escuelas de campo, etc.), yendo y viniendo de otras no pocas técnicas de trabajo agronómico y antropológico. Hoy día me parece posible identificar las razones por las que la investigación científica institucionalizada, a pesar de los muchos y grandes esfuerzos que ha realizado, tiene aún serias dificultades para incidir significativamente en la práctica productiva tradicional de la región.

La narración inicial permite identificar los conocimientos surgidos directamente de las comunidades rurales, conocimientos no científicos pero enmarcados en un contexto concreto que les otorga su sentido más genuinamente humano: su carácter utilitario. Decimos conocimiento no científico porque no surgió de las entidades que se atribuyen el mérito de ser las fuentes acreditadas de conocimiento verdadero, y que consideran al método científico como la única forma eficaz de resolver los problemas productivos. El conocimiento agrícola campesino surgió de estrategias diferentes a las que sigue y pretende seguir la ciencia.

Las diferencias entre conocimiento campesino y conocimiento científico, sin embargo, no son excluyentes ni irreconciliables, sino que obedecen a rutinas propias de escenarios sociales distintos. Las circunstancias de crisis ambiental y social actuales son propicias para intentar un cambio de actitud de unos y otros actores sociales, lo que permitiría una interacción maravillosa entre campesinos y científicos, con resultados benéficos para ellos, la humanidad y el planeta. Argumentar sobre estas ideas es la pretensión de este artículo. Al final se proponen algunas acciones con la intención de motivar esos pequeños cambios.
Conocimiento generado sin el método científico

El conocimiento campesino es un conocimiento necesario, que surge directamente de las expectativas y capacidades de cada individuo y en el transcurrir de la propia vida social comunitaria, todo ello organizado en función de los recursos disponibles y con el objetivo de obtener lo necesario para reproducir los ciclos naturales de los cultivos y los ciclos socioculturales de las personas, esto es, para vivir y mantener una familia en una comunidad. A falta de nombres apropiados, designaremos esas formas generadoras de conocimiento no científico utilizando sus atributos principales: intencional (inductivo), empírico (retención selectiva) e institucional (sistematización de experiencias). El recuadro muestra algunos ejemplos de cada uno de ellos.

 

Inducción campesina

El conocimiento inductivo lo genera intencionalmente el campesino a partir de los recursos que tiene y con la pretensión de mejorar los procesos o los productos resultantes. Probar una semilla conocida pero proveniente de otras regiones, modificar los diseños de siembra de las especies de la parcela, mover las fechas de siembra, etc., son algunos ejemplos de modificaciones intencionales de lo que se hace, sin tener como impulso alguna necesidad apremiante. Esta forma de “investigar” tiene varias importantes semejanzas con la investigación científica convencional y en más de una ocasión se le ha llegado a considerar como “experimentación campesina”.

La inducción campesina difiere de la experimentación científica, sin embargo, en tres aspectos operativos fundamentales. La inducción campesina se basa en la transformación de las condiciones iniciales de forma tal que el “testigo” desaparece. De igual forma, las modificaciones a la condición inicial son exclusivas de cada sitio (no hay repeticiones). Finalmente, la evaluación de los resultados se realiza con criterios francamente utilitarios de carácter local (no siempre son los volúmenes de producción) y con mucha frecuencia se orientan a satisfacer expectativas “subjetivas”, de carácter social o cultural: sabor, facilidad de manejo o preparación para el consumo, o simplemente el “prestigio” de ser innovador. En la experimentación científica, la condición testigo y las repeticiones (los tratamientos) son la base para argumentar la veracidad universal de sus resultados (conocimiento). Así vistas, ambas estrategias parecen divergir: la inducción campesina hacia la diversidad localmente utilitaria, la experimentación científica hacia la universalidad cognoscitiva.
Retención selectiva

La retención selectiva es la consecuencia lógica de la inducción campesina, con la diferencia de que ahora las modificaciones son “involuntarias”. En el desarrollo del ciclo agrícola, en cada práctica, se repite un proceso básico que “garantiza” resultados satisfactorios esperados, puesto que han sucedido antes. Si nada cambiara el proceso siempre sería el adecuado. Sin embargo, las condiciones necesarias para el ciclo (naturales, sociales, económicas) cambian continuamente creando situaciones diferentes cada vez, con frecuencia inesperada e indeseable: prolongación de la temporada seca, huracanes, incendios, migración de los jóvenes, atención de cargos religiosos, etc. De esta forma el ciclo agrícola se desarrolla, se revisa y se renueva continuamente, ajustando “al vuelo” las prácticas y los materiales, y evaluando el efecto de los cambios sobre el patrón básico deseado y los resultados esperados.

Las propias especies cultivadas o silvestres ajustarán sus procesos para adaptarse a los cambios, y el campesino solo debe ser cuidadoso al seleccionar las mejores, o creativo para diseñar dispositivos para aprovecharlas. Probar varias alternativas ante una eventualidad tendrá las mayores probabilidades de enfrentar los problemas, creando en el camino la diversidad genética o tecnológica. El resultado exitoso será el criterio para repetir las mejores modificaciones en el ciclo entrante. Por el contrario, si la modificación falló porque los resultados no fueron los esperados, la nueva práctica o recurso se abandonará. Muchas pruebas generarán varias alternativas: la diversidad agrícola, en su sentido más amplio, ha sido el producto principal de la retención selectiva.
Salta a la vista la solidez de las innovaciones surgidas de la retención selectiva, que se vale de la creatividad individual para generar soluciones duraderas y eventualmente colectivas. Ha sido el mecanismo de creación de las múltiples tecnologías agrícolas, de los sistemas productivos diversificados, de la enorme diversidad genética que hoy sustenta a la humanidad, de los policultivos y las especies de uso múltiple y diversificado.

Sin embargo, vale la pena enfatizar la principal debilidad de la retención selectiva como método para generar conocimiento agrícola: el tiempo necesario para que funcione. Ante la globalización de la economía, el crecimiento demográfico y el deterioro ambiental, ya no son posibles los largos plazos para evaluar los cambios empíricos para generar alternativas. Las necesidades crecen y los recursos se agotan. La pertinencia ambiental y productiva de las tecnologías campesinas cede terreno al discurso productivista de una sociedad consumista.
Conocimiento institucional

El conocimiento institucional viene a ser el crisol para cohesionar las dos formas anteriores de generar conocimiento. Se apoya en la naturaleza social de la especie humana, en la necesidad de interaccionar con sus semejantes. Cada vida individual tiene sus motivaciones, sus intereses y sus expectativas, que inducen a explorar el mundo que la rodea, incluyendo su ambiente social. Las experiencias y conocimientos personales son el fundamento de las reacciones (individuales o colectivas) a los cambios contextuales, sean del grupo social donde se vive o del ambiente natural que los sustenta. La sobrevivencia de los individuos y los grupos sociales son el mejor criterio de la validez del conocimiento presente y aplicado. La vida misma es la mejor prueba de la pertinencia de lo que se sabe. Todos los individuos, todas las familias, todas la comunidades tienen experiencias que estructuran sus vidas, individuales o colectivas, experiencias que buscan reproducir los ciclos biológicos de las plantas y los animales que utilizan, pero también el ciclo social, cultural de la comunidad de la que forman parte. Los calendarios agrícolas se fusionan con las fiestas y ritos religiosos, los días de mercado concentran diversidades y propician intercambios, se conocen otros gustos, se sabe de otras formas de producir. Se intercambia lo que se tiene por lo que gusta y se quiere tener, comparto y ayudo, para que me compartan y me ayuden…
Utilidad: criterio campesino para la validación del conocimiento

Además de las formas de generación del conocimiento campesino, es importante considerar también su proceso de transmisión. Los conocimientos de técnicas, condiciones ambientales (suelos, clima, plagas), fechas apropiadas, características de las especies biológicas y necesidades de trabajo, se adquieren directamente en la práctica productiva. El conocimiento empírico se transmite de padres a hijos y acompaña las herencias materiales que mantienen los linajes. El conocimiento se incrementa con los intercambios en los momentos de interacción comunitaria, cuando los mercados y fiestas religiosas juegan un papel de gran importancia. Sin embargo, el criterio fundamental para decidir la permanencia del conocimiento, su validez y adopción, es su pertinencia cultural, esto es, su capacidad para satisfacer las necesidades naturales, individuales, culturales y sociales de las personas y los ciclos productivos.

Todo el proceso cognitivo campesino se mueve entonces en función del carácter utilitario del conocimiento que se genera. Cuando lo que se sabe no sirve para resolver los problemas cotidianos, el conocimiento pierde su carácter de herramienta para la sobrevivencia y se queda en información que se tiene pero que no se usa.

Lamentablemente, la situación que se vive en las comunidades rurales (pérdida de la fertilidad del suelo, bajos niveles de producción, escasez de nuevas tierras agrícolas, etc.) desafía a la estrategia campesina de generación de conocimiento y desalienta a las nuevas generaciones campesinas induciéndolas a buscar opciones fuera de sus comunidades. La migración impide la generación de conocimiento pertinente y rompe el proceso de transmisión generacional y comunitario. Los recursos naturales se pierden, pero se pierde también el conocimiento sobre ellos. Las universidades enfrentan el desafío de rebasar en los hechos las promesas de sus nuevas orientaciones interculturales y, además de sus esfuerzos por revalorar los saberes comunitarios, enfrentan el enigma de enseñar a los jóvenes provenientes de comunidades campesinas las habilidades técnicas o productivas que necesitan para retornar a ellas y utilizarlas para vivir dignamente de acuerdo con sus contextos culturales.
Algunas sugerencias

La principal intención de este artículo es argumentar sobre la existencia de formas no científicas de generar conocimiento. Con ello de ninguna manera queremos menospreciar el conocimiento campesino, sino destacar precisamente su riqueza, trascendencia y pertinencia para la solución de los grandes desafíos que se enfrentan globalmente hoy día. El conocimiento campesino ha generado casi todo el germoplasma que alimenta y sostiene a la humanidad y su riqueza tecnológica ha demostrado con creces ser altamente coherente con los ciclos naturales. Sin embargo, los cambios sociales y económicos mundiales avasallan a las comunidades campesinas y han puesto en riesgo sus estrategias de vida, entre ellas su conocimiento.

 

El sector académico no ha consolidado aún una estrategia adecuada a la necesidad de colaborar con las comunidades rurales en la búsqueda y solución de los retos alimentarios y de buen vivir que se enfrentan. A pesar de lo mucho que se dice hacer en favor del desarrollo de las comunidades campesinas, ya sea desde la academia o desde las instancias gubernamentales, lo cierto es que su pobreza y marginación social continúan poniendo en duda la pertinencia de los innumerables programas de “desarrollo” que han pretendido mejorar sus condiciones de vida.

Para iniciar los cambios para una mejor interacción, en primer lugar es necesario que los científicos reconozcan que el método científico no es la única forma de generar el conocimiento para enfrentar los problemas productivos que se viven en la mayoría de las comunidades campesinas. Sobre esta premisa es posible ver que la ciencia y el corpus de conocimiento campesino pueden interaccionar muy exitosamente.

Para enfrentar la incredulidad, muy común ya en las comunidades campesinas, respecto a soluciones nuevas a sus viejos problemas, es indispensable identificar los puntos en los cuales el conocimiento local ha llegado a sus límites y donde el conocimiento científico no ha podido o no ha querido incursionar. La ciencia puede aportar al conocimiento campesino información de detalle y herramientas para acopiarla, técnicas y diseños para la evaluación rápida de ensayos, contribuyendo así al proceso de toma de decisiones. En retribución puede recibir del conocimiento campesino criterios e indicadores de pertinencia para la investigación científica que la orienten hacia la atención de líneas prioritarias de desarrollo local, de acuerdo a las expectativas de la gente. Quizás todo lo que se necesite para empezar sean solo pequeños cambios de actitud.

Sin abandonar nuestras pretensiones de conocer el mundo tal como es, los académicos debemos también dedicar esfuerzos a construir los escenarios sociales de acuerdo a cómo cada comunidad quiere que sea. La objetividad, lo abstracto, lo universal, lo cuantitativo, lo conceptual, el prestigio académico quizás deban hacer un poco de espacio a la subjetividad, lo local, lo cualitativo y utilitario, que es nuestro compro¬miso social. Vale la pena intentarlo... Trinidad Alemán Santillán
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
taleman@ecosur.mx

F: Oxfan

Resumen ejecutivo

Combatir la desigualdad es uno de los desafíos más urgentes que deben enfrentar las sociedades latinoamericanas en su búsqueda del desarrollo sostenible. Difícilmente será posible lograrlo sin políticas que aborden uno de los problemas históricos no resueltos en la región: la extrema concentración en el acceso y control de la tierra y en el reparto de los beneficios de su explotación.
La lucha por la tierra ha provocado conflictos internos, desplazamientos y violaciones de derechos humanos. Los intentos de reforma agraria han fracasado de forma generalizada, en gran medida porque la entrega de tierras a familias campesinas no se acompañó de políticas que hiciesen viable la agricultura familiar. A menudo se corrompió, beneficiando a personas allegadas al poder y no a quienes más las necesitaban.Y muchos avances importantes se revirtieron posteriormente con políticas que desregularon el mercado de tierras y facilitaron la acumulación.
Mientras, extensas superficies de bosques, pastos, costas y otros recursos de propiedad comunitaria han sido arrebatadas a sus legítimos dueños ancestrales, cuyos derechos territoriales se vulneran sistemáticamente. Los Estados han sido incapaces de subvertir el poder de las élites que dominan la tierra, arraigado en un imaginario colectivo que subvalora, explota y discrimina a las personas que la trabajan y tienen derechos sobre ella, en especial las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Como resultado, hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse  en marcha políticas redistributivas en la década de 1960. La desigualdad en torno a la tierra no solo afecta al mundo rural, sino que es un obstáculo para el desarrollo sostenible pues limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medioambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales. Una mejor distribución de la tierra asignaría de forma más eficaz los recursos ya que está demostrado que las fincas pequeñas pueden ser más productivas que las grandes, si se les dan las condiciones adecuadas. Y, sobre todo, contribuiría a reducir la pobreza, el hambre y la desigualdad al repartir mejor la riqueza y los ingresos.
No por casualidad el acceso igualitario a la tierra se ha definido como una meta clave para tres de los objetivos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por más de 150 jefes de Estado en 2015 en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas: terminar con la pobreza (objetivo 1), eliminar el hambre (objetivo 2) y alcanzar la igualdad de género (objetivo 5).

Se trata de una meta imprescindible en América Latina, la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la tierra. Los datos son demoledores: más de la mitad de la tierra productiva en la región está concentrada en el 1% de las explotaciones de mayor tamaño, según el análisis de los censos agropecuarios realizado por Oxfam.
En otras palabras, el 1% de las fincas utiliza más tierra que el 99% restante. El caso más extremo es el de Colombia, donde más del 67% de la tierra productiva está concentrada en el 0,4% de las explotaciones. Chile y Paraguay no se quedan atrás en desigualdad, pues en estos países el 1% de las explotaciones acapara más del 70% de la tierra.
Mientras que los grandes latifundios se hacen cada vez más con el territorio, las pequeñas fincas familiares quedan arrinconadas o van desapareciendo. Pese a representar más del 80% del total de explotaciones censadas, las pequeñas fincas apenas utilizan el 13% de la tierra productiva, según los últimos datos disponibles.
De nuevo Colombia es el país más desigual, pues el 84% de las explotaciones más pequeñas manejan menos del 4% de la superficie productiva, así como Paraguay, donde más del 91% de las fincas apenas ocupan el 6% de la tierra.

Las mujeres son especialmente marginadas en el acceso a la tierra, pues a pesar de que en todos los países se reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la práctica ellas manejan menos tierra que los hombres –entre un 8% en Guatemala y un 30% en Perú– y en parcelas más pequeñas, de peor calidad y en condiciones de tenencia más inseguras. Esta exclusión histórica, fruto de barreras culturales e institucionales muy arraigadas, limita la autonomía económica y el ejercicio de otros derechos económicos y sociales de las mujeres.
Pero la desigualdad en torno a la tierra no se limita a la forma en que se distribuye la superficie productiva. La competencia por la tierra y la concentración de poder en torno a ésta se han intensificado en los últimos años con la acelerada expansión del extractivismo, un modelo productivo basado en explotar los recursos naturales con el fin de producir grandes volúmenes de materias primas –recursos minerales, hidrocarburos, productos agroindustriales, ganaderos y forestales– fundamentalmente para el mercado global.
Las concesiones mineras y petroleras se han multiplicado desde el año 2000 en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Las plantaciones forestales en la región crecen a un ritmo de más de medio millón de hectáreas cada año, ocupando una fracción cada vez mayor del territorio en Chile, Brasil y México. La ganadería avanza de forma imparable sobre el Gran Chaco (en Argentina, Paraguay y Bolivia), provocando las mayores tasas de deforestación del mundo y amenazando la supervivencia y el bienestar de pueblos indígenas, algunos de ellos no contactados. Y la producción agrícola, liderada por cultivos como la soja, la caña de azúcar y la palma aceitera, bate récords de superficie año tras año en Brasil, Argentina y Paraguay.

Este auge del extractivismo ha contribuido a impulsar el crecimiento económico en la región y a mejorar los servicios públicos en países que supieron aprovechar la bonanza de precios para aumentar su inversión social. Pero la dependencia de las materias primas implica un riesgo importante por la volatilidad en los mercados internacionales, elevados costes ambientales y sociales y un aumento de la desigualdad a consecuencia de la acumulación de la riqueza y el poder.
Por su propia naturaleza, las actividades extractivas concentran los beneficios en manos de unas élites que despliegan su dominio sobre la tierra para acceder a todas las fuentes posibles de materias primas. Distintas formas de control más allá de la propiedad –como el alquiler, las concesiones a largo plazo, la producción bajo contrato y la integración de las cadenas de valor– han reconfigurado el poder en torno a la tierra a través de un complejo sistema de relaciones comerciales, políticas y financieras.
La máxima expresión de este poder son las corporaciones multinacionales, que no necesariamente poseen la tierra, pero que participan en el control de sus recursos a través de la producción agropecuaria a gran escala, la explotación de reservas minerales y de hidrocarburos, y el dominio de puntos estratégicos de acceso a los mercados.
En Bolivia y Paraguay, por ejemplo, unas pocas transnacionales controlan las exportaciones de soja y otras materias primas agrícolas.Para competir en una economía globalizada, las viejas élites se han aliado con nuevos socios y las empresas familiares han diversificado sus líneas de negocio, ampliado su alcance y consolidado una presencia cada vez mayor en los mercados internacionales, transformándose en poderosas corporaciones translatinas.
Estas élites económicas utilizan su poder para influir sobre las decisiones políticas y regulatorias que afectan a sus intereses a través de mecanismos que van desde la financiación de partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación. Por medio de esta “captura política” aprovechan los recursos públicos para la máxima obtención de beneficios privados, alimentando la desigualdad.
Los inversores y las corporaciones internacionales, por su parte, blindan sus intereses mediante instrumentos que a menudo desprotegen los derechos de las personas y debilitan la soberanía nacional. Los acuerdos de libre comercio y de inversión contemplan mecanismos de resolución de controversias que permiten a una empresa inversora demandar ante un tribunal internacional de arbitraje –pasando por encima de los tribunales nacionales– a un Estado que adopte cualquier medida que considere perjudicial para sus futuras ganancias.
Los Estados se exponen a multas millonarias, incluso cuando actúen por objetivos de interés público, como la protección de la salud de las personas o el medio ambiente, o el respeto del derecho al territorio de los pueblos indígenas.
Países como Argentina, México, El Salvador, Ecuador, Perú y Venezuela se han enfrentado a este tipo de litigios y algunos han sido sancionados por cancelar o denegar licencias para realizar actividades extractivas.
Mientras, los gobiernos de la región han reducido su intervención reguladora para dejar que el mercado asigne la tierra a su uso más “productivo”, suavizando los límites a la propiedad que algunos países habían introducido para evitar el acaparamiento. Con pocas excepciones, han abandonado la inversión pública en la agricultura familiar campesina e indígena y han desatendido su obligación de reconocer, formalizar y proteger la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y afrodescendientes. A fin de atraer la inversión externa, muchos han desplegado incentivos y privilegios fiscales que contribuyen a perpetuar la desigualdad y detraen recursos de las arcas públicas.

Con el avance del extractivismo se han multiplicado los conflictos territoriales, disparándose de forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden la tierra, el agua, los bosques y los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Estos grupos vulnerables son perseguidos, agredidos y criminalizados por resistirse a actividades que atentan contra sus medios de vida, su salud y el
entorno en el que viven y de cuyos beneficios no suelen participar.
El conflicto entre los intereses de sectores privilegiados, frecuentemente respaldados por políticas hechas a su medida, y los derechos de las mayorías rurales ha dado lugar a una verdadera crisis de derechos humanos en la región. Con 122 defensores y defensoras asesinados, 2015 fue el peor año en la historia reciente de América Latina para la defensa de los derechos humanos. Más del 40% de los casos estaban relacionados con la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Las mujeres están en primera línea en las luchas por la tierra y sufren formas específicas de violencia como el acoso sexual, las agresiones verbales o el hostigamiento a sus familias. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres por encabezar la resistencia a un proyecto hidroeléctrico expuso la extrema vulnerabilidad de las mujeres defensoras y la pasividad –cuando no la complicidad– de gobiernos, como el hondureño, que incumplen reiteradamente su obligación de proteger los derechos de la ciudadanía.
Los pueblos indígenas también están en una situación especialmente vulnerable, pues sus territorios albergan un tercio de las tierras que se destinan a la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en todo el mundo. Los países de la región han ratificado los instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio, así como el derecho a la consulta y a un consentimiento previo, libre e informado. Sin embargo, los procesos de demarcación, titulación y consulta avanzan a un ritmo extremadamente lento frente a la acelerada ocupación y destrucción de sus tierras en países como Brasil, Paraguay, Honduras, Colombia o Guatemala.

La expansión del modelo extractivista arrincona cada vez más a las poblaciones campesinas, cuyos miembros recurren a la ocupación y otras formas de movilización para demandar su derecho a la tierra frente a sectores con mucha mayor influencia política. Al hacerlo se arriesgan a sufrir agresiones, ataques y hostigamiento por parte de fuerzas estatales, cuerpos de seguridad privada o bandas criminales al servicio de intereses económicos. En Colombia, por ejemplo, los grupos paramilitares que operan ilegalmente son responsables de dos de cada tres ataques y homicidios contra defensores y defensoras rurales.
La creciente persecución y criminalización de comunidades indígenas y campesinas, mujeres y hombres en defensa de la tierra y los recursos naturales, forma parte de una estrategia de represión que se extiende por toda América Latina.
Utiliza tácticas como la militarización de los territorios, los estados de excepción, la intervención de agentes de seguridad privada codo a codo con fuerzas policiales y militares o la instrumentalización del aparato judicial para deslegitimar la protesta social. Gracias a la acción colectiva hoy existe mayor información y preocupación que nunca acerca de los daños sociales y ambientales asociados al extractivismo. Pero nunca antes la vida de activistas, periodistas, defensores y defensoras había estado tan en peligro.
En esta lucha por la tierra y la defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales –y en particular la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VC) y la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC)- han desempeñado un papel protagónico en momentos cruciales y durante muchos años por lograr esta demanda esencial para las comunidades indígenas y campesinas.
Este panorama muestra de forma contundente que para erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible en América Latina es imprescindible una redistribución de la propiedad y el control de la tierra, así como de los beneficios e impactos del extractivismo, asegurando tanto los derechos individuales como los colectivos. Estos objetivos deben regresar al centro del debate político sobre cómo avanzar hacia sociedades más prósperas e inclusivas.
Se requieren acciones audaces para emprender un nuevo camino que priorice el acceso y control de la tierra para todas las personas y comunidades que dependen de ella, así como a los recursos necesarios para que puedan desarrollar medios de vida dignos y sostenibles y contribuir así a un crecimiento económico inclusivo.
Desde Oxfam hacemos un llamado a los actores en la región –gobiernos, organismos, movimientos sociales, empresarios y centros académicos– a unir fuerzas para que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no queden solamente en el papel, dedicándose en particular al cumplimiento de las metas 1.4, 2.3 y 5.7 sobre el acceso seguro y equitativo a la propiedad y al control de las tierras.
Para ello es necesario detener las prácticas que fomentan la desigualdad y promover una nueva redistribución de la tierra. Por eso, Oxfam exhorta:
A todas las instituciones internacionales influyentes que trabajan en la región, tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a:
Situar este reto en el centro del debate sobre cómo reducir la desigualdad económica y social en la región, y redoblar los esfuerzos por redistribuir la tierra.
A las instituciones internacionales que financian el desarrollo, a:
Incluir este reto en sus análisis de inversión y riesgo; abordarlo en todos sus proyectos que afectan al uso de la tierra y los recursos naturales; y aplicar robustos estándares de derechos humanos en sus operaciones de financiamiento, así como mecanismos de control y sanción a los inversores y Estados que los incumplan.
A las empresas y corporaciones, y a todos los inversores nacionales e internacionales en la región:
En todas sus operaciones: aplicar estrictamente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; poner en práctica lo que les corresponde en las Directrices acordadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de Tierra; y asegurar el pleno cumplimiento de todos los convenios internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Instamos, además, a los gobiernos de la región a fortalecer los derechos de las personas y eliminar los privilegios de las élites con acciones encaminadas a:
1.Responder de forma urgente y efectiva a la demanda por el acceso y control de la tierra y los medios de producción por parte de las poblaciones rurales, adoptando medidas concretas que contribuyan a una redistribución de la propiedad de la tierra y a una mayor equidad, y poniendo en práctica las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra;
2.Reconocer a las mujeres rurales como ciudadanas plenas, sujetos de derechos, y por su papel clave en las economías familiar y nacional, y garantizar su acceso a la tierra y otros recursos productivos, lo que requiere políticas específicas con enfoque de género para vencer los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer
su derecho a la tierra;
3.Proteger los derechos territoriales colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, en cumplimiento con la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y facilitar el avance en los procesos de titulación;
4.Garantizar el derecho a la consulta con la implementación de normativas y mecanismos para que toda comunidad afectada por inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales pueda dar o negar su consentimiento libre, previo e informado;
5. Limitar el poder de las élites y su capacidad de influir sobre el diseño e implementación de políticas públicas mediante un marco normativo efectivo que equilibre la representación política y proteja el interés público;
6.Impulsar políticas económicas y de inversión que fomenten un crecimiento económico equilibrado y diversificado, priorizando el desarrollo territorial, el respeto al medioambiente, la generación de empleo y la fiscalización de las condiciones laborales, y a la vez estableciendo un marco regulatorio para asegurar la distribución más equitativa de los beneficios que resulten de las formas indirectas de dominio sobre la tierra, tales como las distintas modalidades de alquiler de tierras y los contratos de producción y acopio;
7.Prevenir los impactos de las actividades de extracción y explotación de los recursos naturales con una normativa exigente de los estándares internacionales y con controles más estrictos de los impactos ambientales, sociales y culturales, limitándolas o prohibiéndolas cuando su realización vulnere los derechos de las comunidades y pueblos afectados;
8.Establecer sistemas tributarios que aseguren el pago justo con respecto a la propiedad de la tierra y las ganancias obtenidas con su explotación y que desincentiven la acumulación de la tierra con fines especulativos;
9. Combatir la impunidad, implementando mecanismos de prevención y protección que eviten toda forma de violencia y criminalización contra lideresas y líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como contra defensores y defensoras del territorio y de los derechos humanos;
10.Garantizar el acceso a la justicia a través de la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales.

Finalmente, Oxfam alienta a los movimientos sociales en la región a seguir exigiendo el cumplimiento de todos sus derechos y denunciando cuando se incumplan, ejercer el derecho de contraloría, y participar en los procesos legítimos de consulta que deberían ampliarse con los demás actores.
Desde Oxfam seguiremos acompañándolos en su justa lucha por el derecho a la tierra y al territorio para avanzar hacia sociedades menos desiguales, donde los privilegios de unos pocos no estén por encima de los derechos de todos y donde los recursos, las oportunidades y los beneficios del desarrollo estén mejor distribuidos.