Las Leyes sobre el agua deben ajustarse a las diversas realidades hídricas del país
El agua es uno de los recursos naturales más importantes en el planeta, siendo un factor fundamental en diferentes actividades económicas, sociales y culturales, en especial para la agricultura. Sin embargo, muchas veces la gestión del agua se realiza de manera ineficiente.
En el Perú, la gestión de los recursos hídricos enfrenta diferentes realidades tanto en la costa, sierra y selva. A pesar de estas diferencias, la actual legislación sobre el agua no se adecúa a esta amplia diversidad.
El experto en legislación agraria, Laureano del Castillo, abogado y director ejecutivo del CEPES, plantea la necesidad de implementar políticas adecuadas para la buena administración del agua en las zonas rurales. En la siguiente entrevista analiza las características de la Ley 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de agua, que fue promulgada hace unos meses.
¿Cuál es la actual situación de la infraestructura de riego en las zonas rurales de nuestro país?
Laureano del Castillo: Se tendría que diferenciar por regiones. No podríamos hablar, en general, sobre la situación de la infraestructura, salvo decir, que no está en sus mejores condiciones. La infraestructura en mejor estado está en la costa, mientras que en la sierra, el riego es complementario. Es importante resaltar que en la sierra, la infraestructura de riego es realizada por las propias comunidades, porque ahí el rol del Estado es menor. En la selva tenemos una situación parecida a la de la sierra, donde el riego es complementario, y las obras tienen menor importancia.
En los últimos años ¿se ha modernizado la infraestructura de riego en las zonas rurales?
L. del Castillo: Sí, en lo que se refiere a la infraestructura de riego, se han hecho algunos esfuerzos y se han desarrollado algunas obras. En los últimos 20 años se han ejecutado grandes irrigaciones, financiadas sobre todo con fondos del Estado y complementadas por inversiones privadas. También se ha producido una mejora en el riego, a partir de la introducción del riego tecnificado, tanto en la costa como en la sierra.
¿Cuál es la importancia de poseer sistemas de riego, modernos y conservados en nuestro país?
L. del Castillo: Básicamente, para poder usar mejor el agua, que llegue a los lugares donde se necesita y también a zonas donde no llega el agua. Esto le otorga una mayor importancia a la infraestructura de riego. Pero, hay que advertir que cuando se habla de sistema de riego muchas veces solo nos enfocamos en infraestructura; canales, bocatomas, entre otros; cuando tenemos que entender que esa solo es la parte material. Recordemos que una buena parte de los sistemas de riego tiene que ver con la organización que forman los usuarios para poder aprovechar ese recurso; entonces, la infraestructura resulta ser un medio pero no un fin, en sí.
¿Cuáles son las principales dificultades que afrontan el mantenimiento y conservación de la infraestructura de riego en nuestro país?
L. del Castillo: En general, la principal limitación o dificultad es la falta de fondos. En la sierra esto ha recaído en los propios usuarios y administradores del recurso, es decir, los agricultores. Todo el mundo reconoce la importancia del agua, pero se ha ido generando un sistema que podríamos denominar perverso, donde no se paga lo que se necesita para la conservación y mantenimiento de la infraestructura de riego. En la actualidad, lo usual es que se paga lo que la gente quiere pagar. Esto provoca un problema: que no se hagan las inversiones necesarias el para mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de riego. En conclusión se deberían revisar los presupuestos para el mejor funcionamiento de los sistemas de riego.
¿Cuál debería ser la mejor manera de administrar el agua de riego, tanto en la costa como en la sierra del país?
L. del Castillo: Lo que ocurre es que el Estado, de una u otra forma, desde la década de los 80, ha transferido esta responsabilidad a los usuarios. Son ellos los que se encargan del mantenimiento, de la infraestructura menor y, en algunos casos, hasta de la infraestructura mayor. El Estado prácticamente se ha desentendido de esta labor. Si la infraestructura de riego en la costa no colapsó, es porque se está trabajando bajo un sistema de riego; tal vez no en la proporción de la calidad que debería ser, pero se viene trabajando. El tema es como mejorar y mantener de la infraestructura de riego. Ese es el gran reto.
En un reciente artículo de LRA, usted analiza que en muchos lugares se produce una especie de convivencia entre lo que dicen las leyes sobre la gestión del agua y las costumbres propias de las comunidades. ¿En qué consisten estas situaciones y cuáles son sus implicancias?
L. del Castillo: En el Perú, como en otros países, tenemos una ley o norma general para todo el territorio. Esa es una primera dificultad. El Perú no es igual; tenemos costa, sierra y selva. Tenemos norte y sur; tenemos costa norte, distinta de la costa central; y mucho más distinta de la costa sur. Lo mismo sucede en la sierra; hay valles, planicies, mesetas, etc. No se puede considerar que nuestra realidad hídrica sea igual en todo el Perú. Por otro lado, existen diferentes culturas, distintas prácticas, cultivos, tradiciones. De alguna manera, la Ley pretende uniformizar esta realidad hídrica sin contemplar su diversidad.
¿Las juntas de usuarios han funcionado bien en los últimos años?
L. del Castillo: Han funcionado de manera variada. Quienes tienen más y mejor tradición de funcionamiento son las juntas de la costa, porque allí, sin riego, no es posible hacer agricultura, por ello es vital que funcionen bien. En la sierra, para empezar, hay menos juntas de usuarios, y eso debido a la poca presencia del Estado con obras. Tampoco podemos negar que en algunas organizaciones se han presentado problemas de malos manejos de dirigentes, es algo que sucede y no se puede ignorar.
¿Las denuncias a malos dirigentes en las juntas de usuarios ha sido uno de los principales problemas?
L. del Castillo: En efecto, hay problemas que tienen que ver con manejo de dinero. Las juntas de usuarios recaudan fondos, lo cual es una fortaleza, pero, al mismo tiempo, es una tentación para malos dirigentes. No podemos cerrar los ojos a realidades que se nos muestran complejas en el país.
Hace unos meses se promulgó la Ley Nº 30157, Ley de Organizaciones de usuarios de agua ¿Cuáles son los principales objetivos de esta ley?
L. del Castillo: El objetivo central que persigue esta ley es ordenar una situación que, desde el Congreso y el Poder Ejecutivo, se ha percibido como anómala. Básicamente, esto se debía a problemas de mala gestión de fondos, por parte de las organizaciones de usuarios. Esa es una de las motivaciones centrales del proyecto. A pesar de la valiosa iniciativa, la ley tiene dos defectos: fue aprobada muy tarde, cuando las juntas de usuarios ya se habían renovado y, por otra parte, porque rompe la tradición de consulta y participación de usuarios en lo que es la normativa sobre el agua.
¿La Ley Nº 30157 realmente ayudará a mejorar el funcionamiento de las juntas de usuarios de agua? ¿Esta ley se adecúa a la realidad diversa de nuestro país?
L. del Castillo: La respuesta es difícil porque hay aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que finalmente se ha decidido enfrentar los problemas de ineficiencia y hasta de corrupción en algunas juntas de usuarios. Lo negativo, es que la norma salió tarde y sin consulta; pero, adicionalmente, desconoce la vigencia y la importancia de las comisiones y comités de regantes que son las bases de las juntas de usuarios. Ese es un punto que el Poder Ejecutivo debería analizar, en trabajo conjunto con los usuarios.
(Carla Calderón-Urquizo Larco)
http://www.larevistaagraria.org/
