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Entre el minifundio y la gran propiedad, la pequeña agricultura existe

foto: Ybrahim Luna


María Isabel Remy1

Recientemente vimos, en las páginas de un diario de circulación nacional, un intento de «desprestigiar» a la
señora Máxima Acuña de Chaupe —humilde símbolo de la lucha de pequeños agricultores que quieren continuar siendo pequeños agricultores—, y grandes empresas mineras que prefieren vaciar los espacios que antes fueron espacios campesinos para convertirlos en depósitos de roca, en pozas de relave.
Doña Máxima ha hecho reconocer sus instrumentos de propiedad por la justicia y vive el acoso de la empresa que la presiona para que salga y se vaya a engrosar el número de desempleados o malempleados urbanos, que terminan gastando el dinero que les da la empresa, en negocios inciertos y precarios. Doña Máxima no ha aceptado el dinero. Y vive el acoso. Acusar a doña Máxima de tener «varias parcelas» o de que sus posesiones provienen de la «ocupación» es de tanta ignorancia que no vale la pena volver a detenerse en ello: si se desconoce la enorme bibliografía sobre el patrón disperso de la economía campesina (Figueroa, Cotler, Mayer, De la Cadena, Kervin, Golte y muchos otros), lean por lo menos a John Murra y su concepto sobre «el control vertical de un máximo de pisos ecológicos»2.

Y respecto a la cuestión de la «ocupación» de predios no inscritos en registros públicos (según el último Cenagro, solo lo está el 38 %), lo que sucede, especialmente en áreas de pastoreo de secano como las de la
señora Acuña de Chaupe, es que son tierras pobres que solo tienen interés para los campesinos, que organizan sus mecanismos de intercambio, herencia, etc., bajo su control y una mínima inscripción ante el Estado (Minagri, juez de paz). Son pautas absolutamente formales... solo que no se trata de la formalidad registral estatal. De pronto, un día, porque esos territorios interesan a una gran empresa, los campesinos se vuelven «ocupadores informales».

Estrategias para contrarrestar el minifundio 

Pero lo más interesante de este caso no es la pretensión de desprestigiar a la señora Acuña, sino su empeño y, sobre todo, su estrategia para seguir siendo pequeña productora. El artículo periodístico al que nos referimos3 informa que la pareja ha logrado tener unas tres hectáreas estandarizadas (unas 11 hectáreas de pastizales de secano en sierra) al haber comprado o compensado a los otros herederos. Es decir, son pequeños productores, pero no son minifundistas. Y eso es notable. Uno de los problemas más graves que enfrentan los pequeños agricultores es la sucesión hereditaria, la principal causa del creciente minifundio. Un pequeño agricultor que tiene y trabaja tres hectáreas y con ello mantiene con un mínimo de dignidad a su familia, enfrenta el problema de que tiene, por ejemplo seis hijos. Como herencia, a cada uno le tocaría 0.5 hectáreas y todos se volverán pobres y trabajarán probablemente muy mal la tierra porque de ella no podrán vivir, y dedicarán más tiempo y preocupación a un negocito o a «chambas» ocasionales. Así crece el minifundio4 : por fragmentación producto de herencia.
Lo que parecen haber hecho doña Máxima y su esposo es contrarrestar esta tendencia al minifundio, comprando o compensando a sus coherederos. Lo que logran algunas —infortunadamente pocas— familias es que el hijo o la hija que ve en la agricultura un potencial de vida, de trabajo y, ojalá, de progreso, colabora para que los otros hermanos desarrollen mejor otras actividades. Muchos conocemos casos de
agricultores que recibieron tres hectáreas con la reforma agriaría, y 15 o 20 años después tienen 10 o 12 hectáreas (una pequeña empresa agrícola), gracias a que, en vez de subdividir, han comprado a parientes y vecinos a quienes no les interesa ya mucho la agricultura.

Esta, que podemos llamar «estrategia Máxima Chaupe de consolidación de pequeña agricultura y combate al minifundio», podría ser una estrategia que apoye el Estado. Muchos pequeños agricultores actualmente no saben qué hacer y dejan que, a su muerte, los hijos se repartan (para empobrecimiento de todos) el patrimonio familiar. Un fondo de crédito hipotecario de largo plazo destinado a comprar los derechos de coherederos o las microparcelas de vecinos permitiría capitalizar el campo: los hermanos que tienen hijos en la universidad podrían tener los recursos para la tesis o la maestría, o dar la cuota inicial para una movilidad, mejorar la bodeguita con una congeladora.

La «reconcentración parcelaria»

Estas son pequeñas estrategias de salida de la agricultura, que brindan una oportunidad para que pequeños agricultores se consoliden y poco a poco inviertan y se vuelvan pequeños empresarios agrícolas. En otros países (España u Holanda, por ejemplo), este tipo de políticas se llamaron de «reconcentración parcelaria», siempre buscando resolver los problemas de herencia sin fragmentar la tierra y capitalizando la sociedad rural. No se trata de crear grandes propiedades, sino de consolidar un agro de pequeños empresarios. Un modelo alternativo a la única imagen de desarrollo rural que parecen tener nuestros gobernantes: la sociedad anónima con 70 000 hectáreas.
¿Por qué es importante una «estrategia Máxima Chaupe de consolidación de pequeña agricultura» combatiendo el minifundio? Porque la pequeña agricultura teje espacios de vida, pueblos donde no solo hay agricultores, sino maestros y comerciantes y una agencia bancaria, un molino, etc. A diferencia de lo que normalmente se cree, buena parte de la «urbanización» en el Perú no opera solo por emigración del campo a la gran ciudad, sino por densificación del espacio rural asociada a procesos de desarrollo agrícola de pequeños productores.
A diferencia de una gran empresa, las ganancias de cientos o de miles de pequeños agricultores se gastan en su respectiva región dinamizando miles de pequeños mercados que multiplican las oportunidades de empleo. Nada es más desolador que recorrer la zona de Chavimochic, con kilómetros y kilómetros de espacio vacío de vida o de sociedad.
Si en vez de cuestionar a una familia campesina que trata de mantener y ampliar su patrimonio y desarrollar su actividad agrícola y pecuaria empezamos a ver cuáles son sus estrategias de consolidación, podríamos encontrar rutas más armónicas y más inclusivas de desarrollo rural, así como inspiración para políticas públicas que multipliquen las oportunidades y capitalicen a pequeños emprendedores.

Notas
1 Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La reflexión del presente artículo surge a partir del sonado caso de la campesina cajamarquina Máxima Chaupe, quien ha sido acosada por la empresa minera Yanacocha.
2 Este concepto, en resumen, destaca el hecho de que los habitantes andinos accedían a distintos tipos de bienes mediante el control de tierras en distintos pisos ecológicos. De esta manera tenían acceso directo a productos diversos.
3 El pantanoso caso Chaupe». Ricardo Uceda. Diario La República. 24 de febrero de 2015.
4 Quizá el dato más terrible del Cenagro 2012 es el crecimiento de las unidades productivas de menos de una hectárea

En: La Revista Agraria Nº171

Construyendo las bases de GIRH en América Latina



Axel C. Dourojeanni (Fundación Chile)


Un recorrido por las formas como en América latina ejecutamos, aprobamos, descartamos, cambiamos y alteramos nuestras propias estrategias de gestión de recursos hídricos: un tema serio.




LA REVISTA AGRARIA / 170

Ica y Huancavelica enfrentados por el agua:
¿Cómo evitar el conflicto social?






Beatriz Salazar / Nelly Rivera1


Según el IV informe del Panel Inter gubernamental de Cambio Climático (IPCC)2, el Perú es uno de los doce países que ya estarían afrontando un estrés hídrico 3. Esta situación ya es evidente en casos como el de Ica, donde la sobreexplotación del recurso hídrico, sobre todo por la creciente demanda de agua para atender los requerimientos de los cultivos de agroexportación, llevó a que la región fuera declarada en emergencia hídrica en 2011. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de continuar la tendencia actual, en diez años, más del 75 % de áreas de cultivo en Ica serán afectadas por una extrema escasez de agua4, perjudicando no solo a los agricultores, sino también a casi la mitad de la población iqueña, que actualmente accede al agua potable con restricciones5.

El IPCC también advierte que el estrés hídrico puede aumentar la conflictividad social, y este riesgo se ve reflejado en la relación entre Ica y Huancavelica en torno a la gestión del agua. Las autoridades regionales de Ica han buscado desde hace décadas solucionar los problemas hídricos recurriendo a proyectos de trasvase desde Huancavelica, donde se supone que el agua «sobra». Sin embargo, esta supuesta abundancia de agua es desmentida por los huancavelicanos, quienes afirman que el agua que se pretende llevar a Ica la requieren para potenciar el desarrollo de su propia región. ¿Es posible conciliar ambos puntos de vista? ¿Las actuales políticas públicas están contribuyendo a que se logre un resultado satisfactorio para ambas regiones? En este artículo exploraremos los planteamientos que se manejan en el Gobierno central, en ambos gobiernos regionales y en las comunidades campesinas huancavelicanas asentadas en la zona del trasvase.

Las principales críticas a las obras de trasvase Desde el Gobierno central, Proinversión6 está promoviendo la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas (una modalidad de asociación pública privada -APP) para la ejecución de obras de infraestructura hídrica en Ica, con un cofinanciamiento del Estado que podría superar los S/. 650 millones. Esta APP pretende incluir la ejecución de las obras de trasvase que son cuestionadas por los huancavelicanos, especialmente el canal colector Ingahuasi, que puede afectar 35 mil hectáreas de bofedales, según afirman las comunidades campesinas ubicadas en el ámbito de ese proyecto.

La principal crítica a esta APP, desde el punto de vista huancavelicano, es que el Gobierno central la anunció como un proyecto para el exclusivo beneficio de Ica, para «atender la problemática de estrés hídrico que afecta a esta región», según lo expresó el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, en abril de 2014, reforzando así la percepción de desinterés del Gobierno nacional por las preocupaciones huancavelicanas.

Ante los anuncios de la inminente ejecución del proyecto cuestionado, el presidente regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez, plantea que su región tiene derecho a usar sus recursos hídricos para priorizar su propio desarrollo, especialmente conla ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua a gran escala. Los huancavelicanos aseveran que de esta manera podrán resolver la escasez de agua que sufre la región durante la época de estiaje y podrán aumentar la productividad agropecuaria y, por ende, los propios ingresos y niveles de vida de la población.

La autoridad huancavelicana también defiende el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas respecto a la ejecución de los proyectos de trasvase en sus territorios y la realización de los estudios necesarios para garantizar que un posible trasvase no perjudique los ecosistemas huancavelicanos. En este contexto, Álvarez se ha acercado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solicitar la organización de una mesa de diálogo entre representantes de Ica y Huancavelica, con participación de las comunidades campesinas. Sin embargo, este pedido aún no hasido atendido por la PCM.


La propuesta de Ica: un canon hídrico


En el caso de Ica, el presidente regional, Fernando Cillóniz —conocedor de los temas agrarios y vinculado a ellos durante décadas— insiste en la propuesta de llevar a su región el agua excedente de Huancavelica, pero coincide en la necesidad de generar también el desarrollo social de las zonas altas. «No tiene ningún sentido que Ica aspire a tener agua y que los huancavelicanos solo la vean pasar», comenta Cillóniz, quien plantea otorgarles una compensación por el uso del agua procedente de Huancavelica, bajo la modalidad de canon hídrico. Conforme a este modelo, un porcentaje del impuesto a la renta generado en Ica iría a Huancavelica y sería administrado por el gobierno regional o los municipios. La finalidad es que el dinero sea invertido, de manera preferencial, en la implementación de sistemas de riego tecnificado en las zonas altas de Huancavelica, que tendrían un acceso irrestricto al agua que se trasvase.


Esta medida sería acompañada por la inclusión de las poblaciones involucradas en los programas sociales, los talleres de capacitación y, además, la construcción de carreteras. Cillóniz coincide en la necesidad del diálogo con todos los sectores involucrados, en especial las comunidades campesinas ubicadas en el ámbito de los proyectos para llevar agua a Ica. «Hay que convencer y pedir la autorización. Sin ella, ¿quién va a poder hacer un canal en la vertiente oriental? Nadie», asevera.

Por su parte, las comunidades campesinas y otros actores sociales en Huancavelica se oponen a los proyectos Canal Ingahuasi y Presa Tambo porque los perciben como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpaquera y su seguridad hídrica. Por ello, reclaman su derecho a ser consultados, según lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa y su reglamento, así como en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento.

Los huancavelicanos están exigiendo al Gobierno nacional y al regional de Ica iniciar un diálogo que beneficie a todas las partes involucradas. A primera vista, existen coincidencias entre los gobiernos regionales de Ica, Huancavelica y las comunidades campesinas afectadas, sobre la necesidad de abrir un diálogo que permita negociar soluciones a los problemas hídricos de ambas regiones, que beneficien a todas las partes involucradas. La responsabilidad de la PCM es facilitar este diálogo y evitar apresuramientos en la aprobación de los proyectos que en la actualidad evalúa Proinversión. Además, debe promover la realización de los estudios técnicos que sean necesarios para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo y que no se vea afectada la integridad de los ecosistemas en la zona de influencia de esos proyectos. A partir de esta experiencia nuestro país puede extraer lecciones que faciliten la prevención o solución de futuros conflictos hídricos, que podrían intensificarse como consecuencia del cambio climático y el aumento de la demanda de agua que conlleva el crecimiento económico y poblacional en el país.



Notas

1 Coordinadora del Observatorio de Cambio Climático, del Cepes / Periodista del Cepes.

2 Es el principal órgano internacional en cargado de evaluar el cambio climático a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas.

3 Artículo: «La amenaza de la desertificación en el Perú». .

4 Plan de Gestión del Acuífero de Ica, Pampas, Villacurí y Lanchas, realizado por la ANA. .

5 «El reto en Ica: falta de agua, inseguridad y corrupción». Diario El Comercio. .

6 Agencia del Gobierno nacional, encargada de la promoción de la inversión y de las privatizaciones

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