El Agua en el mundo andino y el amazónico

Celebración del Pukio Tinkay en el lago Titicaca. Imagen: Sernanp

1. Visiones contrapuestas del agua

Visión occidental. Para la ciencia y la cultura occidental el agua es un objeto físico-químico, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por esta razón su fórmula química es H2O.

Se trata de una sustancia de extraordinarias propiedades físicas que es apreciada como un medio de subsistencia, como un factor de producción, como un recurso natural que está ahí para ser usado en beneficio de los seres humanos.

Las políticas neoliberales buscan privatizar el agua para cotizarla como una mercancía y regular su acceso con criterios de mercado, es decir, ofrecerla en mejores condiciones a quién pueda pagar por ella.

Visiones indígenas. Para los pueblos originarios andinos y amazónicos el agua es mucho más que un recurso natural. El agua es estimado como un ser vivo.

Para algunos pueblos no solo es una persona como cualquier otra sino también una deidad que está presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos, los nevados, el subsuelo y todas las fuentes de agua que pueden existir.

Desde épocas antiguas el agua ha sido reconocida en multitud de culturas como el origen y la fuente de la vida y se le ha conferido un carácter sagrado.

Esta visión permite que las comunidades y pueblos originarios efectúen una adecuada cosecha, conservación y reproducción de los recursos hídricos y solucionen cualquier conflicto sobre la base de acuerdos comunitarios.

Fiesta del carnaval. Foto: Dircetur Apurímac

2. La fiesta del agua

Hay cientos de mitos y leyendas sobre el origen del agua como regalo divino y del castigo con las sequías e inundaciones.

La fiesta del agua es un ritual milenario se realiza principalmente en el mes de agosto en distintas localidades rurales del país, adaptándose a los usos y costumbres de la zona. Se trata de un homenaje a los dioses montaña y al agua que les da la vida.

La fiesta es un tributo al agua que fecunda la tierra y al mismo tiempo una celebración de la vida por parte de los jóvenes al haber llegado a la condición de tales y darse su iniciación sexual.


3. La crisis del agua

Cambio Climático. El cambio climático es la amenaza más grave que enfrenta el mundo y tendrá severos impactos en el acceso al agua. No solo acelera el retroceso de los glaciares que se están derritiendo sino que además cambia los patrones normales de lluvia, acentúa los períodos secos y húmedos y disminuye el número de días de lluvia.

Ciudades como La Paz, Quito y Lima, dependen de los glaciares y se calcula que al año 2025 el cambio climático puede contribuir a incrementar en un 70 por ciento el número de personas con grandes dificultades para acceder a fuentes de agua limpia.

Impacto minero. La actividad minera requiere grandes volúmenes de agua durante los procesos de extracción y procesamiento de minerales. Y genera importantes cantidades de desechos sólidos y líquidos, muchos de ellos tóxicos, que afectan el suelo y las aguas.

Impacto pesticidas. El uso cada vez más intenso de fertilizantes y pesticidas para aumentar la productividad agrícola también afecta la calidad del agua porque pueden llegar hasta los ríos y sus afluentes, los lagos y las lagunas.

La presencia de estas sustancias, algunas de ellas tóxicas, son un riesgo para la salud de la población, la fauna y los ecosistemas.

Privatización. Actualmente en el mundo se vive una guerra por el agua. El enfoque del mercado favorece su acaparamiento por empresas privadas que ven el agua como una mercancía y debilitan el enfoque comunitario del agua.

En su afán acaparador la visión mercantilista promueve el “clientelaje”, el caciquismo, genera conflictos entre usuarios y entre comunidades y debilita a las organizaciones comunales.


4. Principios fundamentales

Derecho humano al agua. El año 2002, las Naciones Unidas reconoció el agua como indispensable para llevar una vida digna. Lo enunció como un derecho humano fundamental que otorga a todas las personas el derecho de acceder al agua para su uso personal y doméstico, en cantidad suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y a un precio justo.

Prácticas y normas tradicionales. Las políticas públicas sobre el agua deben reconocer las prácticas y normas tradicionales comunitarias sobre el agua que no siguen pautas rígidas, sino que dependen de la época, el clima y la topografía. Se trata de un diálogo permanente con la naturaleza y que expresa la autodeterminación comunal.

Gobernanza del agua. Los sistemas de gobernabilidad deben basarse en las autoridades locales de gestión del recurso hídrico que ya existen, tales como las comunidades indígenas, campesinas, asociaciones de regantes, autoridades de cuenca, comités de gestión de cuencas, entre otras.

Gestión sustentable. Toda inversión pública debe priorizar la conservación del agua y su gestión sustentable sobre la base de los usos y costumbres indígenas y campesinos. Cualquier inversión privada en el sector agua, debe someterse a estos criterios.

Las iniciativas relacionadas al agua deben orientarse a protegerla y conservarla garantizando su disponibilidad con equidad, para asegurar la existencia de todos los seres vivos de la tierra. Cualquier marco jurídico debe basarse en este principio.

La normatividad y gestión del agua deben asegurar su disponibilidad en volumen y calidad, para asegurar la sustentabilidad y necesidades de los ecosistemas y de los seres humanos.

Bien público. Se debe precisar en la Constitución Política, que el agua es un bien público y tiene que estar bajo el control de la sociedad en su conjunto.

Derecho originario. Los gobiernos deben respetar la gestión y el derecho originario común e integral de las comunidades indígenas y campesinas sobre el agua como bien común.

Conocimiento y saberes ancestrales. El conocimiento y saber del mundo andino-amazónico, sus sistemas tecnológicos y sociales de gestión del agua, parten del principio de la conciencia armónica con la Madre Tierra.

En este sentido se basan en la propiedad colectiva del agua, logrando garantizar la preservación de los ecosistemas desde tiempos inmemoriales, lo que obliga a la sociedad actual a preservarlos, a respetarlos.

5. Plataforma de la Marcha Nacional del Agua

La Marcha Nacional del Agua efectuada el 2011 efectuó propuestas como las siguientes:

- Modificar la Constitución Política para declarar el agua como derecho humano, libre de privatización y prohibir actividades mineras en cabeceras de cuencas, glaciares y ecosistemas de alta vulnerabilidad ecológica. Asimismo, prohibir el uso del cianuro y el mercurio en actividades mineras de gran y pequeña escala.

- Elaborar el Plan Nacional de Protección y Gestión de Recursos Hídricos con prioridad para uso de personas, agricultores, actividades económicas sostenibles y demás usos industriales.

- Crear un Fondo Nacional de compensación para recuperar los pasivos ambientales generados por actividades mineras, petroleras y apoyar a los municipios locales para el tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos.

Preguntas de reflexión
¿Qué festividades relacionadas al agua se celebran en nuestra localidad o región?
¿Existe una adecuada organización para la gestión del agua en nuestra localidad o región? ¿Por qué?
¿El agua es una mercancía que debe ser privatizada? ¿Por qué?


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Publicado en SERVINDI: Algunas reflexiones sobre el agua que comparte la Escuela Indígena de Comunicación Llipinchis Yupasunchis de la Confederación Nacional Agraria (CNA) como pauta temática para programas radiales que aborden este tema esencial.

If You Think the Water Crisis Can't Get Worse, Wait Until the Aquifers Are Drained

We're pumping irreplaceable groundwater to counter the drought. When it's gone, the real crisis begins.

The Ogallala Aquifer supplies the water for center-pivot irrigation on farms in western Kansas.

Photograph by George Steinmetz, National Geographic Creative

We are at our best when we can see a threat or challenge ahead. If flood waters are rising, an enemy is rushing at us, or a highway exit appears just ahead of a traffic jam, we see the looming crisis and respond.

We are not as adept when threats—or threatened resources—are invisible. Some of us have trouble realizing why invisible carbon emissions are changing the chemistry of the atmosphere and warming the planet. Because the surface of the sea is all we see, it's difficult to understand that we already have taken most of the large fish from the ocean, diminishing a major source of food. Neither of these crises are visible—they are largely out of sight, out of mind—so it's difficult to get excited and respond. Disappearing groundwater is another out-of-sight crisis.

Groundwater comes from aquifers—spongelike gravel and sand-filled underground reservoirs—and we see this water only when it flows from springs and wells. In the United States we rely on this hidden—and shrinking—water supply to meet half our needs, and as drought shrinks surface water in lakes, rivers, and reservoirs, we rely on groundwater from aquifers even more. Some shallow aquifers recharge from surface water, but deeper aquifers contain ancient water locked in the earth by changes in geology thousands or millions of years ago. These aquifers typically cannot recharge, and once this "fossil" water is gone, it is gone forever—potentially changing how and where we can live and grow food, among other things.

A severe drought in California—now approaching four years long—has depleted snowpacks, rivers, and lakes, and groundwater use has soared to make up the shortfall. A new report from Stanford University says that nearly 60 percent of the state's water needs are now met by groundwater, up from 40 percent in years when normal amounts of rain and snow fall.

Relying on groundwater to make up for shrinking surface water supplies comes at a rising price, and this hidden water found in California's Central Valley aquifers is the focus of what amounts to a new gold rush. Well-drillers are working overtime, and as Brian Clark Howard reported here last week, farmers and homeowners short of water now must wait in line more than a year for their new wells.

In most years, aquifers recharge as rainfall and streamflow seep into unpaved ground. But during drought the water table—the depth at which water is found below the surface—drops as water is pumped from the ground faster than it can recharge. As Howard reported, Central Valley wells that used to strike water at 500 feet deep must now be drilled down 1,000 feet or more, at a cost of more than $300,000 for a single well. And as aquifers are depleted, the land also begins to subside, or sink.

Unlike those in other western states, Californians know little about their groundwater supply because well-drilling records are kept secret from public view, and there is no statewide policy limiting groundwater use. State legislators are contemplating a measure that would regulate and limit groundwater use, but even if it passes, compliance plans wouldn't be required until 2020, and full restrictions wouldn't kick in until 2040. California property owners now can pump as much water as they want from under the ground they own.

California's Central Valley isn't the only place in the U.S. where groundwater supplies are declining. Aquifers in the Colorado River Basin and the southern Great Plains also suffer severe depletion. Studies show that about half the groundwater depletion nationwide is from irrigation. Agriculture is the leading use of water in the U.S. and around the world, and globally irrigated farming takes more than 60 percent of the available freshwater.

The Colorado River Basin, which supplies water to 40 million people in seven states, is losing water at dramatic rates, and most of the losses are groundwater. A new satellite study from the University of California, Irvine and NASA indicates that the Colorado River Basin lost 65 cubic kilometers (15.6 cubic miles) of water from 2004 to 2013. That is twice the amount stored in Lake Mead, the largest reservoir in the U.S., which can hold two years' worth of Colorado River runoff. As Jay Famiglietti, a NASA scientist and study co-author wrote here, groundwater made up 75 percent of the water lost in the basin.

Farther east, the Ogallala Aquifer under the High Plains is also shrinking because of too much demand. When the Dust Bowl overtook the Great Plains in the 1930s, the Ogallala had been discovered only recently, and for the most part it wasn't tapped then to help ease the drought. But large-scale center-pivot irrigation transformed crop production on the plains after World War II, allowing water-thirsty crops like corn and alfalfa for feeding livestock.

But severe drought threatens the southern plains again, and water is being unsustainably drawn from the southern Ogallala Aquifer. The northern Ogallala, found near the surface in Nebraska, is replenished by surface runoff from rivers originating in the Rockies. But farther south in Texas and New Mexico, water lies hundreds of feet below the surface, and does not recharge. Sandra Postel wrote here last month that the Ogallala Aquifer water level in the Texas Panhandle has dropped by up to 15 feet in the past decade, with more than three-quarters of that loss having come during the drought of the past five years. A recent Kansas State University study said that if farmers in Kansas keep irrigating at present rates, 69 percent of the Ogallala Aquifer will be gone in 50 years.

This coincides with a nationwide trend of groundwater declines. A 2013 study of 40 aquifers across the United States by the U.S. Geological Survey reports that the rate of groundwater depletion has increased dramatically since 2000, with almost 25 cubic kilometers (six cubic miles) of water per year being pumped from the ground. This compares to about 9.2 cubic kilometers (1.48 cubic miles) average withdrawal per year from 1900 to 2008.

Scarce groundwater supplies also are being used for energy. A recent study from CERES, an organization that advocates sustainable business practices, indicated that competition for water by hydraulic fracturing—a water-intensive drilling process for oil and gas known as "fracking"—already occurs in dry regions of the United States. The February report said that more than half of all fracking wells in the U.S. are being drilled in regions experiencing drought, and that more than one-third of the wells are in regions suffering groundwater depletion.

Satellites have allowed us to more accurately understand groundwater supplies and depletion rates. Until these satellites, called GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), were launched by NASA, we couldn't see or measure this developing invisible crisis. GRACE has given us an improved picture of groundwater worldwide, revealing how supplies are shrinking in several regions vulnerable to drought: northern India, the North China Plain, and the Middle East among them.

As drought worsens groundwater depletion, water supplies for people and farming shrink, and this scarcity can set the table for social unrest. Saudi Arabia, which a few decades ago began pumping deep underground aquifers to grow wheat in the desert, has since abandoned the plan, in order to conserve what groundwater supplies remain, relying instead on imported wheat to feed the people of this arid land.

Managing and conserving groundwater supplies becomes an urgent challenge as drought depletes our surface supplies. Because groundwater is a common resource—available to anyone with well—drilling equipment-cooperation and collaboration will be crucial as we try to protect this shrinking line of defense against a future of water scarcity.

Dennis Dimick grew up on a hilly Oregon farm named Spring Hill, where groundwater from a spring provided his family's—and the farm's—water supply. He is National Geographic's Executive Editor for the Environment. You can follow him on Twitter, Instagram, and flickr.

Further Reading:

— California Drought Spurs Groundwater Drilling Boom in Central Valley
— Groundwater Depletion in Colorado River Basin Poses Big Risk to Water Security
— Drought Hastens Groundwater Depletion in the Texas Panhandle
— Storms Get Headlines, but Drought Is a Sneaky, Devastating Game-Changer
— How the West Was Lost
— Stanford University: Understanding California's Groundwater

Change the Course
The National Geographic Society supports a project to restore freshwater ecosystems. You can find out more about Change the Course here, and how by pledging to reduce your own water footprint you can restore 1,000 gallons of water to the Colorado River.

Concesiones mineras y acceso a la información

 

Por: Ana Leyva Valera

Las políticas de promoción de las inversiones, la demanda internacional de minerales y la riqueza geológica del Perú han dado lugar a una expansión de la minería sin precedentes, que se expresa, entre otras cosas, en el gran número de concesiones mineras en trámite u otorgadas.


La minería se encuentra en crecimiento también en Chile, Ecuador y Colombia, con la consiguiente expansión en el territorio y originando situaciones conflictivas con las poblaciones locales, principalmente cuando se impone frente a las actividades productivas locales o impacta sobre recursos asociados a ellas.

Información sobre concesiones

En el caso chileno, la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración estatal, los procedimientos para el ejercicio de tal derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información, así como el derecho a solicitar y recibir datos de cualquier órgano del Estado. El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) cuenta con un sistema en línea, de reclamos y de información sobre los casos en trámite. Si denegara esta última sin razón satisfactoria, se puede recurrir al Consejo para la Transparencia e interponer un amparo o reclamo.

En el caso de Ecuador, la Constitución Política garantiza el derecho a acceder a fuentes de información, promoviendo así la participación democrática y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios públicos. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información señala que este último es un derecho que garantiza el Estado, y que toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta misma ley.

Las instituciones del Estado deben difundir, a través de un portal y de los medios necesarios, información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación. También sobre las contrataciones de obras, y las adquisiciones de bienes celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones. El titular de la entidad tiene la responsabilidad de recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información. Cuando la esta es denegada o no se otorga de manera completa, existe el Recurso de Acceso a la Información, que se presenta ante la instancia judicial.

La información de las áreas disponibles para otorgamiento de concesiones mineras se difunde a través del Plan Nacional de Desarrollo Minero y la convocatoria a la subasta pública o al remate debe ser publicada.

En el caso de Colombia, el derecho a la información es fundamental, un principio de ejercicio de control social y garantía de un Estado democrático y de derecho. La Constitución señala que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos y a presentar peticiones a las autoridades. Estas tienen un plazo para otorgar dar una respuesta. De no obtenerla, el o la solicitante puede interponer una tutela. Colombia cuenta también con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El procedimiento para la constitución del contrato de concesión minera se considera público y a él puede acceder cualquier persona, solicitando copias de piezas y diligencias. Ante la presentación de una propuesta de un contrato de concesión minera, la autoridad debe hacerla del conocimiento de terceros, de representantes de la comunidad y de grupos y estamentos sociales. El Código de Minas señala que la comunicación a grupos étnicos que ocupan el área tiene la finalidad de que comparezcan para hacer valer, frente a otros, su derecho preferente a explorar y explotar minerales en sus tierras.

El procedimiento de otorgamiento de concesiones

La expansión territorial de la minería tiene como instrumento fundamental a la concesión minera. Los cuatro países tienen, para limitarla, prohibiciones y restricciones vinculadas a la protección de ecosistemas y del patrimonio cultural. En algunos casos se incorpora a los páramos y humedales, por su importancia en la producción de agua (Colombia), a la infraestructura pública, a las ciudades, etc. Colombia y Ecuador establecen restricciones al otorgamiento de concesiones en territorios indígenas.

Las superposiciones de derechos tienen que ver con la existencia de muchas zonas que por sus características deberían ser protegidas por el Estado, pero no lo están; o no se encuentra delimitadas o no cuentan con un plan de manejo que establezca su zonificación. Así pues, en Colombia se puede otorgar concesión minera en un área con prohibición si ésta no se encuentra delimitada. Ninguno de los países establece limitaciones para zonas de producción agrícola. Aparentemente, en Chile no habría superposiciones, pero no se brinda protección, por ejemplo, a nevados y algunos otros ecosistemas productores de agua. En situaciones de superposición de usos y derechos, la legislación da prioridad a la actividad minera sobre cualquier otra.

En el Perú, cuando un área natural protegida se superpone con derechos de propiedad o concesiones, no se puede establecer zonas de protección estricta y silvestre en los planes de manejo del área, salvo que cuenten con el consentimiento del titular de los derechos. Igualmente, para la creación de Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación Privada se debe contar con la conformidad del titular.

En Ecuador y Colombia, la minería es de utilidad pública, lo que permite expropiar o establecer servidumbres sobre tierras destinadas a otras actividades En Chile, no existe una norma que establezca tal condición, pero existe la servidumbre minera, que permite que la minería también se imponga a las otras actividades.

En Perú, la minería sí ha sido declarada una actividad de utilidad pública. Sin embargo, la expropiación no opera porque la Constitución exige que exista una situación de necesidad pública o razones de seguridad nacional. La servidumbre minera está regulada, pero solo se puede aplicar a una parte del terreno bajo ciertas condiciones, lo que hace que sea poco utilizada. Aun así, por regulación reglamentaria, la minería se viene imponiendo a áreas naturales protegidas y a otros usos.

Difícilmente el Estado puede recuperar un área ya concesionada. En Chile, una concesión se puede expropiar por utilidad pública o por interés nacional, no así en los otros tres países, donde no constituye derecho de propiedad. En los cuatro territorios es posible declarar la caducidad del derecho por su no uso o por incumplimiento de las obligaciones económicas. En Ecuador y Colombia, también se puede declarar la extinción del derecho por el incumplimiento de obligaciones técnicas, laborales o ambientales de gravedad.

Sobre la definición de los usos en el territorio

Aunque en los cuatro países se parte del supuesto de que el uso del territorio ya está definido por las autoridades que lo ordenan, en realidad existen solo tímidos avances que han dado lugar al establecimiento de algunas restricciones y prohibiciones. En líneas generales, se considera que si un área no tiene un uso definido legalmente, que acarree una prohibición, ésta es susceptible de ser concesionada. En Ecuador las zonas concesionables deben estar señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Minero. Ecuador no tiene una planificación territorial avanzada. Esto plantea interrogantes de cómo se define el uso minero en el Plan Nacional de Desarrollo Minero; más aún si el ministerio sectorial no es el competente para otorgar usos.

Respecto al procedimiento para el otorgamiento de una concesión minera, los cuatro países tienen procedimientos diferentes. Chile establece un proceso judicial no contencioso, en el cual el poblador de la zona solicitada no tiene participación. En Ecuador, las zonas concesionables están señaladas previamente en el Plan de Desarrollo Minero. En ese proceso no interviene el propietario o posesionario del terreno superficial. En Colombia, es un procedimiento administrativo que termina en la firma de un contrato de concesión. Si en el área hubiera pueblos indígenas, éstos pueden participar del procedimiento para hacer valer su derecho de preferencia y deben intervenir cuando se establecen zonas mineras indígenas, para definir los lugares donde no se puede realizar minería porque pondría en riesgo su supervivencia. Sin embargo, cabe precisar que la Corte Constitucional ha establecido en la sentencia T 769/2009 que la consulta previa debe aplicarse en el proceso de otorgamiento de la concesión minera.

En el Perú, el otorgamiento de la concesión es un proceso administrativo, de aprobación casi automática. El INGEMMET verifica que los requisitos estén completos y que no haya impedimentos. Ni las restricciones ni el uso óptimo se discuten, por lo que la participación de quien posee el terreno superficial es irrelevante.

Este escaso margen de participación ciudadana y de consulta a pueblos indígenas se debe a que en el procedimiento de otorgamiento de una concesión no se decide el uso del territorio, sino que se asigna el derecho para explorar y explotar un área que se supone tiene su uso minero definido. La información que se ventila tiene que ver con lo necesario para otorgar el derecho en un lugar sin restricciones, a una persona sin impedimento y al mejor postor, en casos como Ecuador.

En Colombia se exige, además, prueba de la capacidad económica del interesado y la mención de los grupos étnicos presentes en el área solicitada, pues ellos deben ser convocados si tienen derechos preferentes. También exige la descripción del área del proyecto, términos de referencia, guías mineras y la descripción de los trabajos de exploración. Esto tiene que ver con que en este país no se requiere de estudio de impacto ambiental para la fase de exploración y con el hecho que la concesión minera puede dar inicio a dichas labores.

En Ecuador, las concesiones se otorgan principalmente por licitación o subasta. Siendo así, los datos del área concesionable los coloca el Estado en la misma licitación o subasta. El oferente debe alcanzar sus datos personales; una propuesta, económica, técnica y ambiental para la exploración y explotación, y una garantía. Si bien el procedimiento es público, está diseñado para que solo participen el Estado y el solicitante o postor. Las poblaciones locales no suelen estar interesadas en que se les otorgue la concesión. El procedimiento brinda canales para la intervención del titular minero que alegue tener una solicitud o un derecho otorgado con anterioridad sobre el área, y en Colombia, pueden participar los grupos indígenas que se encuentran en las situaciones anteriormente descritas.

El derecho al acceso de información en el procedimiento de otorgamiento de las concesiones mineras

En los cuatro países hay leyes de transparencia y acceso que posibilitan la llegada a la información pública. En el procedimiento de otorgamiento de concesiones, la autoridad decidirá si otorga o no al solicitante o postor, el derecho para explorar y explotar una determinada área. En Perú y Chile el margen de decisión es muy pequeño, pues solo se revisa que no haya impedimentos legales y que la concesión se encuentre adecuadamente delimitada. En Ecuador y Colombia, se evalúa también la solvencia económica del postor o solicitante y sus antecedentes en el sector, así como la calidad de su propuesta económica, técnica y ambiental para el desarrollo del proyecto.

Las poblaciones locales en conflicto por usos del territorio reclaman participar de los procesos de asignación de dichos usos. Lamentablemente, estos procedimientos no están marchando o lo hacen muy lentamente. La población puede, a lo sumo, advertir a la autoridad administrativa que no se ha respetado una prohibición, o intervenir para vigilar la transparencia de proceso. Por ello, participar se convierte en algo prácticamente irrelevante.

En consecuencia, los mecanismos de información en el procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras están orientados al usuario del sector (empresa minera, estudio jurídico, o persona individual que conoce lo conoce). La excepción es Colombia, donde las comunidades indígenas poseen el terreno superficial y tienen derechos preferentes para la minería en su territorio. En el establecimiento de zonas mineras indígenas, la autoridad minera debe consultar a la autoridad indígena sobre los lugares que no pueden ser objeto de exploración y explotación. Esto supone la necesidad de que estas comunidades estén debidamente informadas. Pero además, la Corte Constitucional ha establecido que ellas deben ser consultadas sobre el otorgamiento de concesiones y para ello deben contar con información del impacto social y ambiental.

En líneas generales, la información que se proporciona en el procedimiento no tiene criterios de género. Solo en Colombia existe información para pueblos indígenas porque éstos se pueden convertir en usuarios. En Perú, la información para comunidades campesinas y nativas está solo pensada para informar a la ciudadanía cuando el derecho ya ha sido otorgado. En Colombia y en Ecuador, se evalúa la información ambiental, cosa que no sucede en Chile ni en Perú.

Conclusiones

Así pues, en el procedimiento de concesiones mineras, la información está orientada principalmente al usuario, por lo que los enfoques de género e intercultural no tienen ninguna relevancia, salvo en Colombia, donde los grupos indígenas tienen un derecho preferente para la práctica de la minería en sus tierras.

El procedimiento de concesiones, tal como está diseñado, no es el indicado para que las poblaciones locales puedan influir en la asignación de usos del suelo, pues estas se hacen sobre áreas cuyo uso minero está presumiblemente definido con anterioridad. Esto puede crear frustración y conflictos, pues las personas y comunidades afectadas no tienen manera de participar en el proceso, para defender sus derechos e intereses.

El proceso de ordenamiento territorial es, en nuestra opinión, el momento idóneo para definir esos usos, porque en él se produce la información necesaria para tomar decisiones de manera racional, participativa y planificada. Es en este proceso donde debería existir información con enfoque de género, intercultural y ambiental.

Sin embargo, el ordenamiento territorial se encuentra muy poco avanzado. Ante el vacío, se necesita encontrar una salida. Dado que para decidir es necesario estar informado, el único momento donde se produce información relevante es el EIA. Por lo tanto, el EIA tendría que ser complementado con la información necesaria que permita establecer la compatibilidad ambiental, económica y social del territorio con la actividad minera. Para ello, habría que dividir la concesión en dos derechos: uno para explorar y otro para explotar.

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El presente informe se basa en la información y conclusiones del documento Concesiones mineras y el derecho a la información: Estudio Comparado de Ecuador, Chile y Colombia elaborado por la abogada Ana Leyva por encargo de la Asociación Servicios Educativos Rurales

Las hidroeléctricas ¿califican como energía renovable?

Crédito de la imagen: Flickr/Global Water Partnership

Grandes proyectos hidroeléctricos reducirían emisiones de carbono, pero es un error pensar que son ‘energías renovables’.

Las represas hidroeléctricas son la expresión por excelencia del control humano sobre la naturaleza. Además de energía, crean reservorios de agua limpia, que para algunos constituyen a la vez un placer para los ojos y un lugar de apacible recreación. Prometen el control de inundaciones, proporcionan un suministro constante de agua para riego y, con el tiempo, son una fuente de pescado fresco. Son el sueño de un economista y de un ingeniero y, junto con las imágenes dinámicas de grúas, excavadoras y enjambres de hombres con cascos relacionados con su construcción, constituyen una oportunidad instantánea de mercadeo para los políticos deseosos de demostrar su compromiso con el progreso.

Algunos aseguran que la energía hidroeléctrica tiene credenciales ecológicas porque usa el agua, un medio gratuito, abundante e intrínsecamente inocuo. Aprovecha la gravedad, transforma en electricidad la energía del agua que discurre mediante un proceso que es al mismo tiempo limpio y libre de carbono. Con la creciente preocupación mundial sobre las emisiones de carbono, no sorprende que los proyectos hidroeléctricos conciten cierto encanto para los gobiernos que hacen frente a las necesidades energéticas de sus países.

Sin embargo, esta imagen de limpieza se ha ido empañando con el tiempo, debido a las críticas sobre el impacto de estas estructuras en el medio ambiente y las vidas de los pobladores desplazados por su construcción. A medida que las grandes represas han sido objeto de escrutinio, su popularidad ante los gobiernos ha disminuido de manera constante durante las dos últimas décadas.

Pero esta tendencia está siendo revertida últimamente. De nuevo se están poniendo en boga masivos proyectos hidroeléctricos, que experimentan un auge en su construcción en todo el mundo, desde China hasta Brasil. Al mirar una de nuestras presentaciones sobre la represa Belo Monte de Brasil no se puede dejar de sentir preocupación. Las imágenes descarnadas, de evocadora belleza, del bosque húmedo de Xingu que está siendo arrasado a raíz del polémico proyecto, reviven una incómoda percepción: que los proyectos hidroeléctricos a gran escala no encajan fácilmente en el paradigma de las energías renovables.

¿Qué tan limpia es la hidro?

Parte de esta inquietud tiene sus raíces en la sensación de que el desplazamiento de miles de personas y la tala de extensas áreas, la excavación y trituración de rocas —en resumen, la alteración sistemática de un paisaje antiguo con imprevisibles consecuencias finales— no es precisamente ‘limpio’ desde el punto de vista ambiental o, de hecho, moral.

La otra parte de esta inquietud tiene que ver con el uso que se dará a esta energía generada por los proyectos hidroeléctricos de gran escala.

Para algunas economías en desarrollo, hay una razón para explorar el uso cuidadoso y juicioso de la energía hidroeléctrica con el fin de satisfacer las necesidades de energía de una región en particular, especialmente cuando complementa sus necesidades de agua. A quienes hablan inglés los invitamos a escuchar la entrevista de Mallika Aryal con Jeremy Bird, director general del Instituto Internacional para el Manejo del Agua, para conocer un informe preciso del por qué la gestión del agua y de la producción energética están tan indisolublemente ligadas.

Cuando la producción de energía se genera por la necesidad y cubre los requerimientos locales, la idea de describir a la energía hidroeléctrica como ‘renovable’ tiene un sentido razonable, a pesar de las controversias que siempre parecen rodear a este tipo de proyectos. Hay algo más aquí que un simple asunto de semántica, o del significado técnico de la palabra. Las palabras que usamos reflejan también una orientación moral. En mi opinión, el ingrediente primordial y central del concepto de ‘renovable’ debería ser un reconocimiento claro y evidente de esta orientación moral, sin que deje un cierto sabor a culpa.

Cuando la generación de energía hidroeléctrica pasa de ser una necesidad que responde a las presiones de requerimiento de energía para convertirse en una mercancía a negociar, y cuando tiene un impacto masivo sobre el ecosistema local, es necesario preguntarse si debería disfrutar de las connotaciones positivas y bien intencionadas del término ‘renovable’.

Confiando en credenciales ecológicas

Tengo una sensación de intranquilidad sobre la creciente dependencia de algunos sectores en torno a las credenciales ecológicas de la energía hidroeléctrica para apoyar su desarrollo, cuando no se produce para responder a las necesidades locales y tiene un impacto masivo sobre los ecosistemas locales y las vidas humanas.

Malasia por ejemplo —que el mes pasado fue sede de la Semana de Energías Renovables ASEAN— parece haber comenzado a aprovechar más recientemente las cualidades tranquilizadoras de la palabra ‘renovable’, para calmar las críticas a la represa propuesta en el río Baram, en Sarawak, la isla de Borneo.

El proyecto de la represa hidroeléctrica de Baram se planea como parte del denominado Corredor de Energías Renovables de Sarawak, que incluirá la construcción de una cascada de represas a lo largo del río. Pero la electricidad que se espera producir no será para uso local, sino para la exportación, incluyendo a su vecino Brunei Darussalam.

Los críticos de la represa también han llamado la atención acerca de las consecuencias de dicha construcción, como son pérdida de biodiversidad, de bosques y de tierras cultivadas. Sugieren que las ‘mini hidroeléctricas’ en los afluentes más pequeños son una alternativa más aceptable porque interfieren menos con el ecosistema ribereño y generan energía para uso local en lugar de una mercancía para la exportación.

Las grandes represas en ríos caudalosos como el Xingu y el Baram alteran profundamente los ecosistemas de manera impredecible y potencialmente desastrosa, y además perjudican las vidas y medios de subsistencia de miles de personas.

Entonces ¿en que consistiría un enfoque sostenible para el uso de estos ecosistemas? El Baram y el Xingu ya bañan y alimentan a las zonas circundantes con energías renovables mediante el flujo natural del río y lo seguirán haciendo siempre y cuando no sean taponados a mitad del camino. Quizás esos ríos simplemente deberían dejarse en paz, y en ese contexto tal vez deberíamos ser más cautelosos al usar la palabra ‘renovable’.

El editor, SciDev.Net


Para ver una galería de imágenes sobre la vida y el agua del río Baram en el estado malasio de Sarawak antes de la represa, por favor haga click aquí

La Gestión del Agua en los Límites de su Disponibilidad 

LA GESTIÓN DEL AGUA EN LOS LÍMITES DE SU DISPONIBLIDAD PONE EN EVIDENCIA LOS VERDADEROS SENTIMIENTOS Y CAPACIDADES DE LA SOCIEDAD PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA ESCASEZ DE AGUA CON EQUIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE


Por Axel C. Dourojeanni
Experto Senior en Recursos Hídricos
Fundación Chile

Las capacidades del estado, usuarios y sociedad para gestionar el agua y los territorios, desde el nivel nacional hasta el nivel de cuencas y local, ciertamente no han evolucionado al mismo ritmo de las situaciones creadas por el incremento de las demandas de agua.
La idea del presente ensayo es destacar las reacciones de los usuarios del agua y de los responsables de su gestión, desde políticos hasta alcaldes y empleados públicos así como los propios usuarios privados, cuando el agua está en el límite de disponibilidad. Cuando hablo de sentimientos me refiero a la naturaleza humana capaz de tener gestos de nobleza pero también de actitudes egocéntricas en la forma de apropiación del agua que va quedando.
Quizás la llamada hidro-solidaridad se da en pequeñas comunidades pero a nivel de grandes cuencas y sistemas hídricos ello no ocurre espontáneamente sobre todo si los usuarios no se conocen entre sí y pertenecen a mundos sociales y económicos muy diferentes. En esos casos cada cual vela por sus propios intereses.
La llamada Cultura del Agua hoy en día debería reflejarse principalmente en la aceptación por parte de la sociedad de la necesidad de coordinación y cooperación entre todos los usuarios que intervienen en un sistema hídrico compartido, dentro un gran condominio como es una cuenca o cuencas interconectadas, para lograr la equidad en el acceso del agua que va quedando disponible y asumir los costos que implica gestionarla en forma adecuada.
En base a diferentes experiencias vividas y la lectura para comentarios de un reciente trabajo elaborado sobre la cuenca del rio Ica y trasvases desde Huancavelica[1], se destacan a grandes rasgos las relaciones entre las escasez de agua y la consecuente reducción de disponibilidad para usos humanos con las reacciones que ocasiona en las personas e instituciones, usuarios, estado y sociedad,, para superar los desafíos que ello ocasiona.

La hipótesis que subyacen detrás del trabajo son

· Que estas reacciones, tanto del estado como usuarios y sociedad civil , son usualmente tardías en reconocer la gravedad del caso
· Que los usuarios a nivel de grandes sistemas hídricos lejos de cooperar para enfrentarse a la escasez de agua tratan de maximizar sus rentas sin importarles si afectan a terceros
· Que el estado no ha contribuido a evitar el incremento de conflictos por el agua ya que sus acciones son aisladas, interviniendo en forma dispersa en la cuenca desde cada sector
· Que el sentido de gestión integrada del agua, es decir la gestión coordinada de las intervenciones en un sistema hídrico compartido, está aún lejos de ser adoptado por los actores más allá de las declaraciones.
· Que los usuarios solo se agrupan cuando buscan establecer un sistema de defensa colectivo contra problemas o amenazas compartidas por ellos.
· Que la participación y cooperación entre el sector público, el estado y la sociedad civil es la mejor vía que puede inducir a la gestión integrada de recursos hídricos


Hay numerosos estudios ya realizados en zonas sujetas a sequías naturales o con un exceso de demandas con relación a la disponibilidad del agua en las cuencas, que aportan información para la comprensión de la evolución de las complejas interrelaciones que se generan por motivo de la presión progresiva que múltiples actores ejercen por el uso del agua y las tierras en una región con escasez de agua.
Lo que es novedoso es vincular el conocimiento y efecto de los límites que impone la naturaleza, sobre todo con relación a la disponibilidad del agua; con relación a las motivaciones, fuerzas, criterios e intereses de diferentes actores y diferente origen; que intervienen y comparte un mismo sistema natural como es una cuenca, río y acuífero. Estos intereses en casi todos los casos entran en pugna y generan desencuentros y conflictos políticos, sociales y económicos y ambientales pero al mismo tiempo son la base de las reacciones que generan opciones de conciliación de intereses.
En general en todas las zonas con escasez de agua siempre han existido conflictos por el agua, entre comunidades campesinas, pequeños propietarios, grandes empresas y zonas urbanas pero inclusive estos enfrentamientos han ido creciendo con la intervención de actores externos sin tradición local pero con suficiente capital para realizar grandes emprendimientos en base a uso masivos de agua. A ello se agrega que nuevos actores que se involucran en la gestión del agua como autoridades locales, miembros de ONG’s, defensores del ambiente, académicos, funcionarios de organismos internacionales y expertos de asistencia bilateral.
Es de destacar además que en épocas pasadas existía poca conciencia del efecto de los usos del agua y ocupación de las cabeceras de cuenca sobre los usos y usuarios del agua en las zonas más bajas de una cuenca y viceversa. La parte alta de las cuencas era casi una “caja negra” captadora de agua para los usuarios aguas abajo que no se preocupaban de los usos aguas arriba y mucho menos de los que vivían en dichas zonas. A la inversa era lo mismo, los usuario del agua y territorios de la partes altas de las cuencas no pensaban en los usuarios de la parte baja
Dentro de este escenario las soluciones eran principalmente para aumentar el acceso a fuentes de agua mediante regulación de descargas, trasvases de agua y explotación de acuíferos sin considerar integralmente los efectos que ello podía ocasionar en los demás usuarios del sistema y en el medio ambiente. Estas soluciones, basadas casi esencialmente en construir obras hidráulicas, no fueron efectuadas necesariamente pensando en un beneficio equitativo para los diferentes usuarios del agua de la cuenca baja y alta ni de los habitantes de las cuencas de donde se trasvasa el agua y de los variados usuarios de los acuíferos y del ambiente… es decir, fueron ejecutados sin usar un concepto de gestión integrada del agua.

Esta mentalidad ha subsistido hasta el día de hoy en muchas personas aun cuando el escasez de agua y el costo creciente de las obras y las reacciones en defensa del medio ambiente ha dado paso a la búsqueda de soluciones más económicas y menos polémicas tales como la reutilización del agua, el aumento de la eficiencia del uso del agua y en general la reducción de la huella hídrica en todo lo que se sea factible. En este proceso no siempre se considera mejorar la eficiencia del uso del agua a nivel de todo el sistema hídrico compartido si no que se focaliza en cada usuario. El siguiente paso, recién iniciado (por ejemplo el promovido por la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua, Alliance for Water Stewardship, AWS), es que cada usuario participe en la gestión del agua de la cuenca donde se ubica.
Para comprender la complejidad que enfrenta una región con escasez de agua es importante destacar que, más que la gestión directa del agua, el mayor problema radica en la gestión de las personas que usan el agua.
Los actores que intervienen en una cuenca, sean habitantes o externos a la misma, tardan mucho en 1. Asumir que deben considerar los efectos de sus intervenciones en un sistema compartido por otros muchos actores 2. Que las intervenciones producen un efecto acumulado de impactos en la cuenca y sus habitantes y 3. En aceptar que ya no hay tanta agua disponible como antes. Aceptar todas estas situaciones, condiciones y límites es un proceso lento y negado por muchos, sobre todo para prevenir las consecuencias. Esta lentitud en la aceptación de un hecho evidente agrava los problemas al no ser enfrentados con rapidez y eficacia. Los costos que origina este atraso son rara vez si alguna calculados[2].
A la sociedad en general le toma mucho tiempo aceptar, casi resignarse, a asumir que sus libertades individuales de acceso al agua se vean cada vez más reducidas. Por ejemplo siguen contaminado agua o explotando acuíferos hasta agotarlos… Los límites son impuestos, tanto por la naturaleza y cambios de clima como por que hay que satisfacer cada vez más necesidades de una población y producción en aumento. Es necesario usar cada vez más agua para satisfacer mercados internos y externos en rápida expansión, con todas las implicaciones asociadas a producir más bienes y servicios y asumir los impactos que ocasionan en el medio ambiente intervenido. El estado en general elude largamente el problema hasta que hay manifestaciones públicas en contra de las situaciones producidas por la escasez de agua.
La inconformidad y la rebeldía frente a la necesidad de aceptar los nuevos escenarios con relación al acceso cada vez más restringido al agua se observa en las declaraciones de cientos de reuniones que convocan a usuarios del agua y donde se evade sistemáticamente asumir el costo que significa enfrentar lo antes posible las situaciones.
En estos eventos se escucha un muro de lamentos, preocupaciones y quejas contra la madre naturaleza y contra “los otros usuarios” del agua o el estado. Casi el 80% de las declaraciones en las presentaciones en estos eventos son siempre las mismas y se resumen a que no hay agua, que les quitan el agua, que hay sequía o que hay inundaciones o que el agua es de mala calidad o que es muy cara, que antes era mejor (obvio, había menos extracciones) o que el ambiente se ha deteriorado…
La evasión a adoptar medidas concretas se materializa en sendos discursos que no conducen a lograr compromisos concretos. Cuando se trata de precisar lo que se desea como escenario y metas claras, para determinar soluciones y una estrategia para ponerlas en práctica, las propuestas se enuncian en forma tan general que quedan en discursos. Los asistentes se ponen de acuerdo solo en grandes metas tales como lograr la “seguridad Hídrica”, la “sustentabilidad del agua”, la “hidro-solidaridad”, la “equidad” en el acceso al agua y evidentemente agregar que todo ello se debe lograr “con la debida consideración al medio ambiente”.
En las propuestas de solución es lo mismo. Están de acuerdo en soluciones usualmente genéricas tales como que es necesario “tomar medidas para adaptarse a los efectos del cambio climático”, hay que lograr la “Gestión Integrada del Agua o de los Recursos Hídricos (GIRH)”, hay que lograr “la participación plena” en la gestión del agua o declarar que “el agua es un derecho humano” o que es un “bien público intangible, inviolable y otros in...” o encuentran que la solución es negar usos al agua. Cada cual tiene una idea propia de lo que ello significa, lo que no se discute para no entrar en controversias.
En contraste con la aceptación generalizada de los grandes “problemas”, “escenarios” y “soluciones”, la situación de aparente consenso cambia radicalmente en el momento de tener que asumir el costo de aplicar medidas concretas. En ese momento prevalecen largamente los intereses particulares y las ambiciones personales como se puede inferir de la lectura de muchos casos de conflictos por el agua. Las soluciones que se aplican responden sobre todo a los grupos más organizados y con mayor poder de presión pero no se acercan ni remotamente a los que se considera una gestión integrada de las intervenciones en una cuenca y sobre el agua.

Por ello el rol del estado es esencial para lograr cambiar posiciones discursivas y declarativas, buenas para un discurso político, que no favorecen el alcance de metas, declaraciones que por muy altruistas que sean no se logran solo por enunciarlas y por lo tanto no permiten alcanzar la ansiada GIRH. Proponer solo soluciones genéricas es una forma de no llegar jamás a acuerdos con la consecuente evasión a los problemas.
Para lograr cambiar esta situación el estado debe impulsar un esfuerzo público-privado para lograr que se adopten medidas concretas de gestión del agua y las cuencas; desde aceptar que se requiere una autoridad de agua funcional y estable con personal calificado, organizaciones de usuarios de agua operativas, financiamiento asegurado, hacer cumplir las leyes y normas y otras medidas que se conocen bien pero no se aplican si no se adoptan y cumplen todos los requisitos para hacerlo en particular el monitoreo y la fiscalización así como la puesta en práctica de instrumentos de gestión eficaces.

En este entorno el usuario del agua evade fácilmente la fiscalización estricta de la extracción de agua de acuerdo a los derechos otorgados, el control de la extracción de agua de pozos basado en medición volumétrica, el control de vertimientos tóxicos y residuos sólidos en los cauces de los ríos, el pago de los costos de O&M de las obras, el pago de los “gastos comunes” para gestionar el agua a nivel de la cuenca o para el financiamiento de obras hidráulicas, el pago de personal y equipamiento adecuado para la gestión del agua o la aceptación de reducir consumos de agua en épocas de escasez… todos estas situaciones son más una constante que una excepción..

Es sintomático que aparte de culpar a la naturaleza y a los “otros” de los males, como las sequías o inundaciones y la contaminación del agua o la sobre explotación de acuíferos… una gran parte de usuarios esperan además que “alguien” se haga cargo de los costos de las soluciones y las aprueban con entusiasmo solo si a los interesados no les afecta ni cuesta nada.
En general ningún usuario desea ceder privilegios adquiridos sobre el agua contradiciendo el entusiasmo por la llamada “hidro-solidaridad” (es muy raro que alguien ceda agua que utiliza por tradición, formal o informalmente, legal o ilegalmente…) y espera más bien que se encuentren nuevas fuentes de agua basado en la construcción de más obras hidráulicas (trasvases, embalses, plantas de desalación etc) o a costa de reducir el caudal ambiental y la napa subterránea o importar agua de otras cuencas.

Por suerte, en los límites de disponibilidad también se aprecia el aumento de inversiones para mejorar la eficiencia de uso del agua disponible, reutilizar agua o buscar fuentes no convencionales como captar agua de neblinas, agua de techos, recargar acuíferos o bombardear nubes… todas opciones usadas en escalas reducidas.
Es notorio que los usuarios más fuertes y organizados, que logran apoyo político, financiero y técnico, terminan por dominar el escenario y buscan soluciones, en gran medida y mientras puedan, a costa de afectar a terceros y del medio ambiente que intervienen.
Cuando no hay un sistema de gestión integral del agua que analice todas las opciones y efectos de las intervenciones sobre el agua y las cuencas, materializado en la aplicación de planes de ordenamiento y gestión del agua y las cuencas, formulados con participación real y representativa, es muy difícil si no imposible lograr equidad en el acceso al agua o reducir los riesgos del efecto de sequías o inundaciones o impactos en el medio ambiente. Los planes directores de ordenamiento y gestión del agua y las cuencas además deben tener respaldo legal para aplicarlos y no ser solo indicativos y sin control de aplicación ni financiamiento.
A nivel de usuarios privados como una empresa agrícola o minera no basta que, en forma aislada, aumenten la eficiencia del uso que hace del agua por que deben involucrarse y contribuir efectivamente a la gestión del agua de la cuenca donde se ubican. Esto se conoce como Responsabilidad Social Empresarial orientada a la gestión del agua (RSEAgua)[3]. De allí que la certificación de uso sustentable del agua de una empresa va más allá de reducir su huella hídrica, aspecto ciertamente necesario, porque exige que la empresa se comprometa además con la gestión del agua de toda la cuenca de donde la capta y donde vierte sus aguas usadas. No basta por ejemplo ser eficiente en el uso del agua captada si al hacerlo contribuye a deprimir la napa de agua subterránea o devuelve RILES contaminados.
 

Estas situaciones están ampliamente documentadas en trabajos que explican las razones y fuerzas que incrementan la presión sobre el uso del agua, desde la ampliación de la frontera agrícola en zonas de desiertos hasta la expansión urbana, pasando por inversiones en emprendimientos mineros e industriales aunadas a la necesidad de proteger o recuperar caudales ambientales, humedales y ecosistemas hídricos. A ello se deber suma el aumento constante de usuarios del agua que se califican de ilegales, informales o precarios o simplemente usuarios no registrados. Estas presiones sobre el agua van a seguir cada vez más con el agravante que las reservas de los acuíferos se reducen y los cambios de clima pueden causar impactos más severos. Es lógico por lo tanto que si el estado no construye las capacidades suficientes para lidiar con estos efectos solo aumentaran los conflictos por el agua.

Los estados en América Latina siempre han aplicado y generado diferentes medidas e instrumentos para gestionar el agua y regular las intervenciones en las cuencas más relevantes de sus países. Una gran parte de los apoyos ha sido la construcción de grandes obras hidráulicas sobre todo para satisfacer demandas de agua poblacional, riego e hidro-energía. También han contribuido con el financiamiento de cientos de estudios, planes, asignación de derechos de uso aplicación de normas de impacto ambiental entre muchas otras acciones.
Otras acciones de gestión son producto directo de las organizaciones de usuarios del agua que existen en todos los países. Es evidente que estas acciones en general no han sido suficientes o no se han aplicado plenamente o no han logrado evolucionar con la rapidez necesaria, como se constata por el aumento constante de conflictos por el agua y los impactos no deseados en el medio ambiente.

En varios países de la región, como México, Brasil y Perú, se está en el proceso de aplicar leyes de aguas que incluyen la aplicación de instrumentos que se supone serán más efectivos, tal como elaborar planes de ordenamiento y gestión del agua por cuencas y la creación de consejos de recursos hídricos por cuenca entre otros. En teoría el principal objetivo de dichos instrumentos es “ordenar” las intervenciones que cientos de actores realizan sobre un sistema hídrico compartido, incluyendo las que se hacen en el territorio de o las cuencas que conforman dicho sistema.
Se espera que dicho “ordenamiento” y coordinación de las intervenciones se realice en base a consensos sustentados en la participación informada de los miembros de los consejos de recursos hídricos que se instalen en cada cuenca. Dicha información en apoyo a la toma de decisiones por parte de los miembros del consejo, comité o mesa de agua debe provenir se equipos técnicos interdisciplinarios y calificados organizados como “Secretaría Técnica” (Perú), organismos de Cuenca (México) o “Agências de Bacia” (o Agencias de Cuenca, en Brasil) cuyo costo operativo idealmente debería ser financiado por los mismos usuarios del agua pero con un apoyo inicial importante del estado.

Por ahora las grandes intervenciones sobre el agua y las cuencas desde las formas de gestión del agua hasta las decisiones de trasvase, se han decidido generalmente desde el nivel nacional y bajo las presiones de los actores locales mejor organizados para llegar a las autoridades nacionales con desigual participación de los usuarios del agua y habitantes locales. Se supone que con la instalación de Consejos de Recursos Hídricos a nivel de Cuenca, apoyados por sus respectivos organismos técnicos, esta situación cambie a fin de que se logre una participación efectiva de los actores que intervienen en la cuenca. Esto supone por ejemplo que la formulación y aceptación de un plan de gestión y de intervención en el sistema hídrico debe ser consensuado con los diferentes usuarios del agua y la cuenca.
La experiencia en dichos países con relación a la instalación, y operación de organizaciones para la gestión del agua por cuencas o sistemas hídricos interconectados enseña que requiere un largo camino de consolidación, de más de 10 años, a lo largo del cual es estado debe estar acompañando y subsidiando el proceso. La verdadera participación, el alcanzar la credibilidad con relación a dichas organizaciones y el logro de acuerdos que superen la carencia de sentido de cooperación a nivel de grandes sistemas hídricos aunado al cumplimiento de pagos y acuerdos, de respeto a las normas y al ambiente es un tema cultural, de aprendizaje y de respeto mutuo que toma mucho tiempo y tiene estrecha relación con cada región y lugar.

Sendos informes sobre la instalación de Consejos de Cuenca en México y Comités de “Bacia” (o cuenca) en el Brasil así como la experiencia más corta del Perú dan cuenta de las dificultades para que estos sistemas sea operativos…Los consejos solo tienen valor sí disponen de un sólido y estable grupo técnico local de apoyo y recursos financieros para mantener dicho equipo de apoyo que debe estar ubicado lo más cerca de la o las cuencas, así como recursos para hacer inversiones. El reglamento, roles y atribuciones de dichos consejos debe ser claros para garantizar la representatividad de los actores y dar un real valor a las decisiones del consejo sin relegarlo a un rol solo consultivo.

En resumen las investigaciones y reflexiones contenidas en diferentes estudios que analizan las situaciones en zonas de escasez de agua dan cuenta de las tareas que se tienen que ejecutar para lograr alcanzar capacidades colectivas para hacer frente a la escasez de agua tanto por razones naturales como por efecto del aumento de las demandas sobre el recurso.

Cambiar los enfoques mentales cuando se interviene sobre el agua (lo que es una forma de crear una nueva cultura del agua), para pensar a nivel de cuencas y sus habitantes y ecosistemas, considerando el efecto de cada acción en los demás y el medio ambiente… y lograr acuerdos actuando en forma participativa, valorar el conocimiento local, invertir en conocer el medio intervenido y lograr acuerdos entre actores de muy diferente origen, poderes políticos y financieros que comparten un mismo sistema hídrico es una larga tarea que se requiere hacer con los que intervienen y habitan cada cuenca, cauce y acuífero.

Notas:

[1] María Tersa Oré et al ¿Escasez de agua en la cuenca del río Ica?, Documento en elaboración e inédito , Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014
[2] En Chile la carencia de prioridades para usos humano del agua y desarrollo de medidas para ampliar la cobertura del servicio de agua potable rural origina gastos enormes a los municipios para abastecer con camiones aljibes a la población rural
[3] Proyecto SuizAgua, Colombia, Perú y Chile actualmente en ejecución en dichos países. En Chile está a cargo de la Fundación Chile. 2014