DESCENTRALIZACIÓN Y PROTECCIÓN TERRITORIAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Descentralización y protección territorial de los recursos naturales

foto googleada: (PPR – MGAP)

Inaldi Antonio Cofré Saavedra

La descentralización y el ordenamiento de los recursos naturales siguen siendo temas pendientes en la mayoría de los países de América Latina. De hecho, son parte de un debate abierto, ya que se refieren a la forma de utilizar y conservar los recursos naturales, como parte de una mirada de redistribución del poder entre varios actores de todos los niveles administrativos y geográficos de los países. El marco de esta afirmación es que no podemos perder de vista que la descentralización es un proceso difícil y debe ser entendida como un medio o proceso, no como un fin en sí misma.

Las reflexiones que constituyen el meollo del presente artículo han sido estimuladas en parte por la lectura de dos documentos: La descentralización democrática de los recursos naturales, de Jesee C. Ribot, publicada por World Resources Intitute, el año 2002 y La descentralización y los desafíos para la gobernabilidad democrática, publicado por la OEA, Washington, año 2008.

Perfil de un proceso ideal

Un proceso descentralizador con foco en los recursos naturales debe responder a la satisfacción de las necesidades del desarrollo sostenible del territorio, para lo cual debemos resolver algunas interrogantes como: ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Para qué nos desarrollamos? y ¿Cómo lo construimos? En ese contexto, el principal desafío es tener una ciudadanía que se involucre en lo público y con capacidad de ejercer control social sobre las políticas públicas, lo cual permite acercarse a la construcción colectiva y representativa de una propuesta de desarrollo local sostenible y de la conservación de los recursos naturales.

La explotación desmedida y poco sostenible de los recursos naturales ha sido, hasta la actualidad, uno de los pilares económicos fundamentales del modelo de desarrollo neoliberal en Chile. Por ello es necesario y urgente establecer una solución al problema, que provenga desde la acción institucional y que promueva prácticas capaces de anticipar la degradación y desagregación del territorio.

Los territorios deben ser tratados con respeto y tomando en cuenta las diferencias naturales de cada área. Una mirada de estas características debe potenciar una descentralización natural del espacio, que conduzca a una gestión de modelos diferenciados de manejo ambiental, con objetivos de desarrollo endógenos, formas determinadas de relaciones entre lo privado y lo público y modalidades de participación de la comunidad vinculantes respecto a las decisiones a tomar.

En consecuencia, la temática ambiental debe ser tratada desde un enfoque descentralizador, desde el cual se gestionen y mejoren esquemas locales y particulares de un tipo de gestión pública que reconozca las especificidades ambientales, favoreciendo la participación y protagonismo de la ciudadanía en su desarrollo.

Ciudadanía e instituciones en juego

La trasferencia de competencias a los estamentos públicos del territorio es fundamental en un esquema que relacione intrínsecamente descentralización y protección de recursos naturales, porque permite reconocer las distintas potencialidades para la preservación y desarrollo de los recursos con los que cuenta cada territorio, por lo cual también es necesario contar con las condiciones propicias para que la población en general y los sujetos directamente involucrados en particular, depositen su confianza política en las instituciones y las/los operadores que deben enfrentar los desafíos y responsabilidades en el área.

Un primer elemento fundamental es la estimulación de la asociación entre sujetos de los ámbitos públicos y privados, mirada que debe ser orientada hacia la puesta en valor de los recurso naturales y la sistematización del conocimiento, de tal modo que haya la posibilidad de entregar propuestas productivas en proyectos prácticos y operativos con énfasis en el manejo sostenible del territorio.

Por otro lado, es imprescindible la mejora de la institucionalidad que atiende el sector y de los sistemas de calificación ambiental de las inversiones, asegurando mecanismos de control de nivel local que garanticen la sostenibilidad y respeto por las particularidades del territorio por parte de los diversos sujetos económicos involucrados.

En tercer lugar, se deben fomentar formas de arbitraje y relacionamiento en entornos frágiles, donde conviven sistemas productivos culturales tradicionales, el cuidado del medio ambiente y la explotación o conservación de los recursos naturales, promoviendo y estableciendo mecanismos de opinión, crítica y aportaciones en estas materias desde las organizaciones de la comunidad , con el concurso creciente de los medios de comunicación, de modo de potenciar a la ciudadanía para su participación eficaz en el área.

Complementariamente, no debe perderse de vista el establecimiento de “zonas de preservación especiales” que se correspondan con ecosistemas amenazados o de particular interés, en los que sólo se permitan actividades científicas y turismo altamente regulado.

En la perspectiva estructural de mediano y largo plazo se requiere instaurar un proyecto educativo de amplio espectro y de largo aliento, que esté destinado a crear una consciencia ecológica y ambiental entre las nuevas generaciones.

Finalmente, es necesario prever la realización de campañas, consultas o referendos informados sobre los temas más controversiales, estimulando la participación ciudadana protagónica, dotada de normas prácticas y una legislación adecuada, resguardando el respeto a las condiciones de representatividad propias del territorio.


 Fuente: http://www.sudamericarural.org/images/dialogos/archivos/Dilogos%20132%20.pdf