El derecho al agua en comunidades afectadas por actividades mineras en Perú

 

Por: Marco Arana Zegarra[1] 
 
La Nueva Ley General de Minería promulgada por Fujimori en 1992 se propuso promover e incentivar el desarrollo de la gran minería en el Perú y su éxito ha sido tal para el sector minero que, en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones convirtiendo prontamente al Perú en el principal productor de oro de América Latina. Sin embargo, la minería está siendo también la principal fuente de conflictos socioambientales y principalmente hídricos del país.
 

LA EXPANSION DE LA MINERIA EN EL PERU:

Debido a las leyes de promoción de las inversiones y la ley de minería, actualmente las concesiones mineras se han extendido por todo el país llegando, en junio de 2011, a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares y las regiones donde se ubican las principales operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central (Huaraz, Cajamarca, Arequipa entre otras). Para facilitar una mayor expansión de las actividades mineras, el gobierno y las empresas promueven el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura vial y la ampliación de las redes de aprovisionamiento de energía eléctrica, de hecho, se sabe que el convenio hidroenergético con el Brasil que básicamente consiste en represar ríos amazónicos están orientados no solo a satisfacer las demandas energéticas del Brasil, sino fundamentalmente del aseguramiento de energía para ocho de los principales proyectos mineros que el gobierno pretende autorizar en los próximos cinco años.[2] La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos tres mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y la minería se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o, más simplistamente, como suelen decir hoy  en la “locomotora del desarrollo”. Siendo así, entonces cabe indagar por qué la minería es la principal fuente de conflictos socioambientales en el Perú y especialmente de aquellos relacionados con la defensa del derecho al agua. El presente artículo busca dar respuesta a esta pregunta.
 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERIA SOBRE EL AGUA EN PERU:
 
Aunque la publicidad oficial del gobierno y de las empresas buscan mostrar lo contrario, lo cierto es que tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños tanto a la salud de las personas como daños al medio ambiente y especialmente sobre el agua vulnerando el derecho de las poblaciones y poniendo en riesgo la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico en un país de alta vulnerabilidad frente al cambio climático, de creciente desarrollo demográfico, cada vez más urbano y, por tanto, cada vez más demandante de servicios básicos relacionados con el abastecimiento de agua de calidad y en cantidad.

Si bien el Estado peruano exhibe entre sus resultados el contar con el catastro minero más desarrollado del mundo el cual permite entrega inmediata de concesiones mineras, no obstante es el propio Ministerio del Ambiente el que ha admitido en junio de 2012 ante la Convención Ramsar en Rumanía[3] que “El Perú no cuenta con un ´inventario nacional completo´ de todos los humedales del país a nivel integral, pero si ha llevado evaluaciones parciales a diferentes escalas de trabajo y en tiempos diferentes. Son avances que deben ser consolidados bajo una metodología estándar.
“En 1980, la anterior Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, determinó 12,201 lagunas en la zona andina del país. De ese total de lagunas, 3,896 se encuentran en la vertiente del Pacífico, 7,441 en la vertiente del Atlántico, 841 en la vertiente del Titicaca y 23 en una vertiente cerrada del Sistema de Huarmicocha.
“En el 2006 y el 2007, el anterior Instituto Nacional de Recursos Naturales hizo intentos para elaborar proyectos de inventario pero no logró su objetivo. En el 2010, El Ministerio del Ambiente elaboró el mapa del Patrimonio Forestal del Perú, bajo el cual se estimó a nivel nacional, 6`063,551 ha de aguajales y pantanos, 5,790 ha de manglares, 509,381 ha de bofedales y 3,448 ha de humedales costeros. Se requiere un inventario nacional a una escala de 1:100,000 y con una guía metodológica que defina y conceptualice el ámbito del inventario, escalas, leyenda, modo de evaluación y proponga una metodología estandarizada para un monitoreo.”

Impactos Socioambientales:

Diversos informes oficiales han mostrado que en la Oroya, donde opera la minera Doe Run,  se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad.[4] La Oroya está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.[5] En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible.[6] En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande América Latina se contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos de las localidades de San Juan Choropampa y Magdalena con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy,[7]

Impactos Mineros sobre los Recursos Hídricos:

A nivel nacional la minería se ubica en el cuarto orden de actividades de consumo de agua. Según información oficial del Ministerio de Agricultura el volumen de agua respecto a la cantidad de uso consuntivo a nivel nacional es de 18,972 MMC, de los cuales el 85.74% son para uso agrícola, 6,66% para uso poblacional, 6.09% para uso industrial, 1.09% para uso minero y 0.42% para uso pecuario. Mientras que el uso no consuntivo es de 11,139 MMC básicamente para fines energéticos.[8] Sin embargo estas cifras, como todo promedio, pueden ser engañosas debido a que no expresan el uso de agua que hacen estas actividades a nivel de cuencas o microcuencas o de regiones. Es evidente que se utiliza un porcentaje mucho mayor de agua para actividades industriales en regiones que tienen mayor desarrollo industrial como Lima y que se usa mucha más agua en regiones o cuencas que tienen actividades mineras más o menos extendidas como lo muestra el cuadro siguiente que proporciona información del uso de agua por cuencas a nivel nacional:



Fuente: INRENA. Informe de la Situación de los recursos hídricos en el Perú. Lima, 2003.

Aunque la mayoría de gobiernos regionales o provinciales no cuentan con estudios de balance hídrico, el caso de la región Tacna que sí dispone de ellos muestra claramente cómo la actividad minera pasa a ser la segunda actividad de mayor consumo de agua en algunas de sus cuencas superando largamente la demanda de agua para consumo humano como puede apreciarse en el cuadro Nro. 2 elaborado por la Gerencia de Recursos Natural del Gobierno Regional:


El Ministerio de Agricultura del Perú reconoce que las aguas son contaminadas por tres causas: 1) Descargas domésticas, con un alto contenido de parásitos y organismos patógenos, 2) Los relaves mineros a través de las impurezas que arrojan directamente a los ríos como cobre, plomo, zinc, fierro y plata, y, 3) los procesos industriales que arrojan sustancias tóxicas que luego son evacuados en el cauce de los ríos o quebradas.[9]

En la página web del MINAG puede leerse con mayor precisión aún que: “En muchos casos la desaparición de la fauna hidrobiológica de los ríos, de la costa, principalmente, es debido a la infestación de los cauces de ríos de contaminantes, como ha sucedido en la región sur del país, en el caso de la desaparición del camarón del río Locumba, debido a la deposición de relaves mineros que realiza la Southern Perú Coopper Corporation, producto de sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone.”[10]

Entre los ríos que se hallan más contaminados del Perú por actividades mineras formales e informales y residuos sólidos el MINAG señala los que pueden verse en el cuadro Nro. 3:


Fuente: DGAS, 1992.
http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/hidrometeorolog%C3%ADa/cuencas-e-hidrograf%C3%ADa/problemática

A todo ello se añade la contaminación de las aguas marinas de la bahía de Ite en Moquegua por relaves de la Minera Southern, y en la región de Tacna el agotamiento de las aguas subterráneas por sobrexplotación, lo que llevó al gobierno regional a dictar por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero.

En Madre de Dios lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos.[11] Es la propia intergubernamental Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que ha informado que “en los últimos 50 años, se ha vertido 1.300 toneladas de mercurio en el río Amazonas y sus afluentes”.[12]

En Puno las minas informales de La Rinconada contaminan la cuenca del Río Ramis, que es afluente del lago Titicaca que es una cuenca endorreica afectando a las provincias de Melgar, Azángaro, Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya. Lo mismo ocurre con el río Suches contaminados con nitratos, sulfatos, hierro, zinc, arsénico, cadmio, níquel, manganeso y mercurio. A toda esta contaminación se añade la contaminación del lago por residuos sólidos urbanos que se estiman en 70 TM por día.[13] El problema de la contaminación del lago, se vuelve más crítico debido a la existencia de 18 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que se hallan en mal estado.[14]

En Junín el río Mantaro se halla en situación ambientalmente crítica debido a que diariamente recibe descargas de 32 vertimentos mineros pertenecientes a nueve empresas mineras, así como aguas residuales de la población de 43 distritos. A ello se suma el hecho que en su zona de influencia hay 272 pasivos mineros y botaderos pertenecientes a 34 centros poblados. El lago Chinchaycocha o Junín ha sido fuertemente contaminado por los relaves mineros y se estima que serán necesarios más de US$ 200 millones para descontaminarlo.[15]

En Ayacucho la empresa minera formal Catalina Huanca contamina las aguas de la quebrada Sacllani y del río Mishka en el distrito de Canaria con la descarga de aguas ácidas provenientes de su sistema de drenaje subterráneo de uno de sus depósitos de relaves, encontrando la OEFA que se encontraron valores de 57 miligramos por litro para el parámetro sólidos totales suspendidos, lo cual excedía el límite máximo permisible que es de 50 miligramos por litro, por lo cual la empresa fue multada en noviembre de 2012.[16]

En La Libertad las cuencas hídricas más importantes, El Perejil en Otuzco, Chuyugual en Sánchez Carrión y Caballo Moro en Santiago de Chuco está contaminadas por vertimentos mineros. En la cuenca del río El Perejil y el río Negro, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, existen abundantes yacimientos de carbón mineral  el pH presenta una tendencia de franca descendencia propiciando que las aguas del río Perejil se vuelvan cada vez más ácidas, además se ha encontrado metales como Cadmio, Hierro y Níquel, mientras el PH sea menor, mayor será el nivel de acidez de agua.[17] En Caballo Moro, la situación no varía, en el 2005 el PH era de 6.7 pero en el 2009 ha descendido a 3.56 considerado y se ha comprobado la presencia de hierro y aluminio. El monitoreo de puntos ubicados en el área de operaciones de minera Barrick como el río Chuyuhual y Quebrada Negra El Chuyuhual, en la provincia de Sánchez Carrión, se ha encontrado sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio en elevadas concentraciones que superan los LMPs previstos por la legislación ambiental vigente. En todos los puntos evaluados el agua no es apta para el consumo humano, agrícola, ganadería y conservación de la vida acuática por la altísima concentración de cadmio, hierro, níquel, aluminio, sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio, siendo un peligro para la vida de todo ser viviente.[18]

En Lima hasta la agencia oficial de noticias del gobierno de vez en cuando da cuenta de la contaminación del Río Rímac con metales pesados tales como hierro, arsénico, zinc, plomo y antimonio. Los propios voceros técnicos de SEDAPAL y de la Autoridad Nacional del Agua han informado que la minería es la principal fuente de contaminación con unos 11 relaves mineros identificados lo que representa el 60%, seguida por los residuos domésticos (25%) provenientes de unos 450 botaderos y la existencia de 38 desechos industriales (15%).[19] Entre las mineras que causan esa contaminación están empresas canadienses formales como Minera Coricancha (propiedad de Glencore) y San Juan (propiedad de la junior canadiense Gold Hawk Resources) las cuales incluso se niegan a cumplir las medidas propuestas por OSINERGMIN e INDECI.[20] Solo recién en junio de 2012 autoridades de la ANA anunciaron la creación de una comisión multisectorial que vele por la calidad de los recursos hídricos del río Rímac la cual buscará la “declaración de interés nacional” de esta importante cuenca.[21]

Sin que el inventario nacional de pasivos ambientales haya aún concluido ya se han identificado más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas del pacífico y del atlántico lo que en muchos casos está siendo fuente de innumerables conflictos socioambientales que cuestionan no solo las actividades mineras abandonadas sino actuales, no sólo de mineras informales sino también la de grandes empresas mineras formales como Southern Copper, Yanacocha, Barrick, Volcán entre otras.

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Agua, conflicto y seguridad

  Por Gian Carlo Delgado Ramos

 

Introducción
Como es de conocimiento público, del total del agua en el planeta, unos 1,400 millones de m3, sólo el 2.5% es agua dulce disponible para el consumo humano. Ésa, dado los crecientes niveles de contaminación, es cada vez de menor calidad y no sólo, su localización está cambiando debido a la alteración del ciclo hidrológico, mucho en respuesta a fenómenos como el cambio climático. (2)
Mientras tanto, el consumo aumenta, no sólo por el crecimiento poblacional, sino por los crecientes patrones de consumo, en buena medida relacionados al tipo de vida de la población. Y es que ésa es cada vez más urbana y sin embargo sigue requiriendo más alimentos, todo en un contexto de una dieta que tiende a colocar la carne como alimento central (la producción de un kilo de carne de res requiere alrededor de 15 mil litros de agua además de que genera una gran cantidad de afectaciones ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero lo que a su vez afecta el ciclo hidrológico (3)). A nivel mundial lo es poco más de la mitad y en México, según INEGI, ya lo es en una proporción de ¾ partes. (4) Es un escenario complejo pues se estima que las zonas del centro-norte captan el 31% del agua en el país, involucran ¾ partes de la población; el 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria generando el 87% del producto interno bruto (PIB). En cambio, en el sur sureste se observan datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y 13% del PIB. (5)
Se observa que la demanda de agua para consumo humano en México aumento seis veces en el último siglo y por tanto que la disponibilidad media per capita ha disminuido en una tasa media anual de 2.4% en los últimos 60 años (se pasó de 17 mil 742 m3 a 4 mil 312 m3). (6)
También es evidente la sobre-explotación de los acuíferos del país se triplicó en las últimas tres décadas del siglo pasado (90% de los 655 acuíferos nacionales, están en esa condición) (7); la carga contaminante de los ríos aumentó en 42%; o que el agua de buena calidad en el país disminuyó en 32%. Al mismo tiempo se reconoce que se trata sólo el 30% del agua (ello sin tomar en cuenta la calidad de tal tratamiento); se pierde de manera preocupante la capacidad de infiltración por la creciente degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, a la par del aumento de las superficies asfaltadas en las zonas de mayor población; así como se lastima de modo creciente la capacidad natural del ciclo hidrológico de reciclar los contaminantes.
Un dato representativo puntual es el flujo hídrico de la Ciudad de México. Su consumo ronda los 63m3 por segundo. Obtiene un 50% del líquido del subsuelo pero a un ritmo de sobreexplotación del 140%. Un 25% se obtiene de la cuenca del río Magdalena y el restante 30% proviene del sistema Lerma-Cutzamala (una cantidad equivalente se pierde en fugas una vez en la ciudad). Al mismo tiempo, se desechan unos 45m3 por segundo y sólo se tratan 4m3 en las 28 plantas existentes. (8) La ecuación, tal cual, es insostenible en el largo plazo. (9)
Ahora bien, a pesar de lo innegable de los datos arriba expuestos, vale precisar que la escasez de agua también es en buena parte subjetiva en tanto que un estrés hídrico puede ser agudizado por conflictos distributivos, sea por procesos de disputa o despojo por parte de actores locales, regionales o internacionales que usualmente tienen intereses y poder de decisión distintos, divergentes y/o asimétricos. Siendo en tales escenarios, los pobres los más afectados (véase más adelante).
Por tanto, es causal que alrededor del 12% de la población consume el 85% del agua potable en proporciones promedio de un 70% el sector agroindustrial, un 25% el industrial y 10% en consumo doméstico. (10) Se trata de un contexto en el que los tres principales usuarios de agua a nivel mundial son India, China, EUA. Siendo notable el grado de despilfarro estadounidense si se mira en términos per cápita. No sorprende entonces que a nivel mundial existan aproximadamente mil millones de personas sin acceso a agua potable o que 2.5 mil millones carezcan de servicio de saneamiento. El caso mexicano llama la atención pues revela un esquema verdaderamente ineficiente. En el país, el 77% del agua es de uso agrícola, esto es, por encima de la media mundial. Sin embargo, el país no produce los alimentos que requiere puesto que importa poco más de la mitad de sus alimentos, incluyendo granos básicos como el maíz y frijol.

Es un contexto en el que a pesar de la urgencia de estudios de valoración serios e interdisciplinarios, es una constante el subejercicio en materia de “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”.
En este contexto, si se toma nota de la advertencia de la CNA Corporation (11), respecto a la estimación de que en el 2025, alrededor del 40% de la población vivirá en países que experimentarán escenarios de escasez significativa, es claro que el asunto toma gran importancia en las distintas agendas de seguridad. Para México, el punto es relevante pues se calcula que para el 2069 el incremento del estrés hídrico será de entre un 20% y un 30% para zonas templadas y de hasta un 60% para zonas de clima cálido. (12) Tal eventual reducción y redistribución de la disponibilidad del líquido se verá acompañada además de un aumento poblacional que para el 2030 será de unos 125 millones de personas, mismas que demandarán un 25% más de agua que la registrada a principios de siglo.
En tal panorama es sintomático que Homer-Dixon sostenga que, “…los conflictos por agua, entre otros recursos estratégicos, pueden desencadenar conflictos bélicos, escenarios violentos y acciones autoritarias con fuertes implicaciones a la seguridad internacional.”
De la seguridad y conflictividad hídrica La denominada “guerra por el agua”, así advertida a principios del milenio por el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin aludiendo a que “…la próxima Guerra Mundial será por el agua”, radica, como se indicó, en el hecho de que su localización y calidad está cambiando. En tal sentido, zonas con potencial de conservar/incrementar sus reservas de buena calidad, pero también aquellas en las que se registran cambios de valores y percepciones sobre su escasez/disponibilidad y en las que se gestan intereses encontrados en un contexto de ausencia o cambios en la política y formas de gestión, se perfilan como estratégicas y conflictivas. A ello evidentemente se suma la conflictividad de las zonas donde la calidad y cantidad de agua disponible tiendan a ser decrecientes.
En este tenor, surge como elemento eje, el concepto de geopolítica o geopolitik y que fuese introducido por Rudolf Kjellen (13) y también elaborado por Friedrich Ratzel en el sentido de integrar la política, la antropología y la geografía. (14) Así, desde el deber del Estado de “expandirse o morir” de Ratzel, pasando por Karl Haushofer quien demostró la funcionalidad de la geopolítica en la concepción de la expansión nazi, hasta el pensamiento de John Mackinder, Alfred Mahan, Nicholas Spykman, Oskar Morgenstern, Edward Teller o Hery Kissinger, la geopolítica ha estado directamente vinculada al pensamiento militar, al poder y en particular a la preservación y expansión de la hegemonía mundial. Por lo anterior, la geopolítización del agua alude, estrictamente hablando, al rol estratégico que juega el recurso desde una visión del poder de Estado y de las clases que lo detentan; noción que ha llevado a considerarlo como cuestión de seguridad nacional. Se trata de una securitización del recurso que implica la toma de decisiones extraordinarias comparables al caso de una amenaza militar aunque en los hechos los datos indican que hay todo un abanico de medidas previas a ello. Y es que de 1948 a 1998 ocurrieron en el mundo tan sólo 21 acciones militares de gran escala y 16 acciones militares de escala limitada, mientras que al mismo tiempo ocurrieron 50 actos diplomáticoeconómicos hostiles y 164 actos de hostilidad verbal entre países con problemas derivados por cuencas fluviales transfronterizos. (15)
Ahora bien, es claro que este tipo de conflictos, transfronterizos, no son los únicos. Por el contrario, otras modalidades figuran incluso como las más comunes y las de mayor relevancia desde el punto de vista de la seguridad nacional, particularmente en lo que refiere a la seguridad interna. Me refiero a los conflictos distributivos, usualmente asociados a procesos de desposesión (usualmente en una dimensión de lo local-regional). (16) Esta figura de conflicto puede diferir notablemente de la de geopolítica del agua arriba descrita, y en tales casos es vista por la ecología política como conflicto distributivo de un recurso entre dos o varios actores. (17) Si bien, en efecto, pueden persistir rasgos de securitización, el énfasis es de otro tipo puesto que los conflictos pueden adquirir la forma de:

• disputas locales originadas por la degradación del recurso o desastres naturales;
• disputas por el acceso, uso y usufructo del agua resultantes de (in)migraciones y/o nuevos ordenamientos territoriales;
• de procesos de acumulación por desposesión (inclúyase procesos de despojo por la vía del mercado; e.g. privatización formal o de facto, extranjerización); o
• de conflictos entre territorios o unidades políticas definidas al interior de un país por recursos compartidos, por ejemplo, desde el nivel de estados o provincias, hasta municipios y poblados.
Así, frente a la mencionada securitización del agua o de procesos de conflicto distributivo por el recurso, surge el señalamiento del rol que juega la política. Así, la idea de la hidropolítica (18) toma relevancia al ser entendida como la política referida al preciado líquido, pero que no es la política del agua o de aquella de la gestión y administración de los recursos hídricos disponibles. Esta última también se ha calificado como gobernabilidad hídrica en tanto los problemas de las capacidades o agencia de las instituciones para manejar el líquido. Así, la hidropolítica, que es generada por situaciones críticas o potencialmente conflictivas resultantes de la denominada “crisis hídrica” toma cuerpo, por ejemplo, en diversas modalidades de securitización del recurso. Esa puede incluso ser tan sólo a nivel discursivo. Y es que es claro que el acceso, gestión y usfructo del agua no sólo se definen por cuestiones técnicas o administrativas, sino sobre todo por contextos socio-político-económicos particulares. De ahí que cuando se pretende planificar de manera más compleja y seria, una de las constantes es la aucencia o falta de fluidez de infomación de buena calidad entre los distintos actores responsables y a las diversas escalas de gobienro. Esto debe ser entendido por tanto como un fuerte obstáculo, no sólo a la gestión del líquido, sino a la propia planeación integral ecosocial de los territorios concretos. (19) Pero nótese, no es la falta de información lo que lastima la “gobernabilidad” (20), afectando con ello los contextos. Éstos últimos mas bien son lo que producen tal carencia o dificultad de los flujos de información y diálogo social. Y es que de no hacerse, no sólo quedarían claramente develadas las asimetrias en tanto al acceso, uso, usufructo y responsabilidades de preservación del recurso, sino que además, su costo político ciertamente podría ser mayor.


Puede seguir leyendo el articulo en EcoPortal
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/agua_conflicto_y_seguridad
 

WWF lista os pecados ambientais de Belo Monte

Vandré Fonseca

http://www.oeco.com.br/noticias/27024-wwf-lista-os-pecados-ambientais-de-belo-monte?utm_source=newsletter_667&utm_medium=email&utm_campaign=as-novidades-de-hoje-em-oeco

Ao contrário do que cantava Ney Matogrosso, existe pecado no lado debaixo do Equador. Entretanto, os condenados às profundezas não são os pecadores. Na visão da ONG Fundo Mundial para a Natureza, a WWF, Belo Monte viola critérios fundamentais de sustentabilidade. A usina é uma das 9 avaliadas no relatório Seven Sins of Dam Building (em português, Sete pecados na Construção de Barragens), divulgado este mês pela organização não-governamental.

O relatório afirma que Belo Monte está caindo na má economia, pecado número 4 da lista, por sobrevalorizar os aspectos econômicos, enquanto negligencia seus impactos sociais e ambientais. E esse não é a sua única profanação aos critérios de sustentabilidade. Ela estaria sendo construída no rio errado (pecado 1), negligenciando a biodiversidade (pecado 3), gerenciando mal os riscos e impactos que provoca (pecado 6) e caiu na tentação de construir (pecado 7), ou seja, não avaliou corretamente custos e necessidade da obra.

Belo Monte será a segunda maior hidrelétrica do Brasil. O estudo de caso apresentado no relatório destaca o desvio que a usina produzirá no Rio Xingu. De acordo com o texto, o fluxo residual do rio terá de ser suficiente para sustentar as necessidades do ecossistema e as atividades de subsistência das comunidades indígenas e ribeirinhas. Aproximadamente 20 mil pessoas serão afetadas pela barragem, que deve produzir menos energia do que o divulgado no início pelo governo federal.

As nove barragens e os sete pecados contra a sustentabilidade (1) Construção no rio errado (2) Negligenciar as flutuações do rio (3) Negligenciar a biodiversidade (4) Cair na má economia (5) Falhar ao obter licença socialpa ra operar (6) Gerenciar mal riscos e impactos (7) Cair cegamente na tentação ou na tendência a construir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Projeto Coosa (EUA) X X X Belo Monte (Brasil) X X X X X Kaunertal (Áustria) X X X X X X X Pequenas hidrelétricas na Romênia X X X X X X X Moraca HPP (Montenegro) X X X X X X Cide HEPP (Turquia) X X X X X X Bogunchanskaya (Rússia) X X X X X X X Xayaburi (Laos) X X X X X X X Gibe III (Etiópia) X X X X X X X

De acordo com o WWF, o fluxo do Rio Xingu pode ser reduzido em até 60% em um ano seco. O relatório cita o estudo Economia da Mudança do Clima no Brasil: custos e oportunidades, que demonstra o impacto das mudanças climáticas no potencial de geração hidrelétrica na Amazônia. Segundo o estudo publicado em 2011, a redução de aproximadamente 30% na capacidade de produção hidrelétrica comprometeria a viabilidade econômica das usinas na região. A recente seca de janeiro de 2013, que deixou reservatórios em níveis criticamente baixos demonstrou mais uma vez a vulnerabilidade do Brasil, fortemente dependente da água para geração de energia, afirma o relatório do WWF.

De acordo com o especialista em Segurança da Água da ONG, Jian-hua Meng:

Para garantir aceitáveis níveis de sustentabilidade social e ambiental, instalações e operações de barragens devem ser estritamente comparados com critérios sustentáveis como os formulados pela Comissão Mundial de Barragens ou o Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade Hidrelétrica. Se necessário, os projetos com desempenho insuficiente devem ser modificados ou anulados

Devidamente planejadas, construídas e operadas, as barragens podem contribuir para a segurança alimentar e energética, infelizmente interesses de curto prazo são muitas vezes o foco da tomada de decisão.

O Brasil não é o único a profanar os critérios de sustentabilidade. Os chamados pecados do relatório são cometidos tanto por países em desenvolvimento quanto por nações ricas. Segundo a WWF, empresas e engenheiros do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, não só empurram aos mercados emergentes projetos inaceitáveis de usinas, mas também os implantam na União Europeia e na América do norte. Como exemplo, o relatório cita as usinas de Kaunertal, que pode causar uma pesada deterioração ecológica em três vales alpinos na Áustria.

O relatório diz que os erros cometidos são evitáveis e não existem desculpas para as violações cometidas nos 9 projetos avaliados.

La crisis climática y su administración

Francisco Aguayo

I

 

Los efectos de la crisis financiera que estalló en el 2008, han expandido la discusión acerca de la viabilidad del capitalismo. El resquebrajamiento del sistema financiero internacional, sin embargo, no ha llevado a una reforma del sistema sino a una administración de la crisis que prolonga el estado de cosas sin ofrecer una solución. Esta falsa salida ha transferido la carga de los bancos y las corporaciones hacia la población en su conjunto, fracturando la confianza de sociedades que presumían haber alcanzado la afluencia de forma irreversible y exponiendo a una buena parte de la población de los países ricos a la precaria realidad cotidiana de la población del resto de mundo.

 

La crisis climática por la que atraviesa nuestro planeta ha desatado, también, un proceso paralelo de administración que no ofrece soluciones, sino contención. El régimen internacional de cambio climático, que amenaza con sustituir al de por sí débil Protocolo de Kioto, se basa en el establecimiento de cuotas voluntarias de mitigación de gases de efecto invernadero y en la utilización de mecanismos de mercado para promover el cambio estructural. Este régimen se basa en un enfoque gradualista del problema que no tiene sustento en la realidad
Puede leer este y otros artículos en:
América Latina en Movimiento No 483
Marzo 2013

La crisis compleja
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